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Las 'fichas' del concejal Rodríguez en el IDU

Thu, 23 May 2013 04:22:35 GMT

Para la Fiscalía hay evidencias muy serias de que el concejal José Juan Rodríguez habría construido un ‘equipo’ en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para favorecer a un empresario amigo suyo, Andrés Jaramillo López, con la adjudicación de jugosos contratos relacionados con la Fase III de Transmilenio. Por ello, ayer le imputó al cabildante cuatro cargos por un supuesto interés indebido en la celebración de contratos, dentro del escándalo del carrusel de la contratación que tiene en la mira de la justicia a otros miembros del Concejo de Bogotá.

A Rodríguez le tocó el turno en el banquillo de los acusados después de que el expresidente del Concejo, Hipólito Moreno, aceptara su participación en el carrusel de la contratación, un escándalo que salpica a funcionarios del distrito que, al parecer, incurrieron en serias irregularidades para favorecer a un puñado de contratistas y desfalcar en, por lo menos, $300 mil millones las arcas de la ciudad. A diferencia de Moreno, Rodríguez no aceptó los cargos. Hoy se realizará la audiencia en la que se definirá si el concejal es cobijado con la medida de aseguramiento y enviado a la cárcel.

De acuerdo con la Fiscalía, el ‘equipo’ de Rodríguez estaba conformado por el exsubdirector de ejecución, Aldemar Cortés; la exsubdirectora de gestión corporativa, Ana María Ospina Valencia; el exsubdirector de licitaciones Giovanni Adolfo Arenas Beltrán y la exdirectora general de construcciones Carmen Elena Lopera Fiesco.

También hacían parte del grupo, según el ente investigador, el exsubdirector técnico de esa entidad Inocencio Meléndez —ya condenado por este caso y testigo clave contra el concejal— y la exasesora en temas jurídicos —y además cuñada de Rodríguez— Evelyn Deibie Mulfordla. Ella “fue contratada cuando su hoja de vida no cumplía con los requisitos para ocupar un cargo directivo en esta entidad”, indicó la Fiscalía.

Estos funcionarios, asegura la Fiscalía, fueron contratados con la aquiescencia de la exdirectora de esa entidad Liliana Pardo Gaona, quien habría sido ayudada por Rodríguez para llegar a la dirección del IDU, y la presión del cuestionado empresario Julio Gómez. Pardo ya fue acusada por este caso. Por su parte, Gómez colabora con la justicia en virtud de un preacuerdo al que llegó con la Fiscalía y en el que se comprometió a delatar a sus socios en el carrusel a cambio de beneficios jurídicos.

Las andanzas del grupo se habrían iniciado, incluso, antes de la administración de Samuel Moreno, quien se encuentra recluido por este proceso. En la audiencia de imputación de cargos, el representante de la Fiscalía, Alonso Zetien, explicó que entre 2007 y 2010 Rodríguez ingresó en casi 180 oportunidades al IDU y, al parecer, en todas ellas se reunió con Liliana Pardo para discutir las modificaciones que se le iban a hacer a la licitación de la Fase III de Transmilenio para favorecer a Andrés Jaramillo López. La mayoría de las veces, supuestamente, ingresó al edificio en motocicleta y con casco para que no lo identificaran.

En diciembre pasado, la Fiscalía llamó a 17 concejales y exconcejales a dar su versión sobre el escándalo del carrusel de la contratación. Entre ellos, Orlando Parada, Andrés Camacho, Jorge Durán Silva, Jorge Ernesto Salamanca, Antonio Sanguino, Fernando Rojas, Wilson Duarte, Fernando López, Henry Castro, Severo Correa, Jorge Durán Silva, Ómar Mejía y Javier Palacios. El ente investigador todavía no ha definido si llama a imputación de cargos a alguno de ellos.

Al respecto, la defensa de Rodríguez puso en duda las declaraciones de Inocencio Meléndez –testigo clave contra su defendido– al que consideró un testigo falsos. Y agregó que ningún otro funcionario del IDU se ha referido a los supuestos encuentros denunciados por la Fiscalía. Por su parte, Rodríguez expresó que tiene la conciencia “absolutamente tranquila” y se sostiene en su inocencia. El concejal se encuentra a la espera de que se defina su situación. En el Concejo siguen su proceso muy de cerca.

smartinezh@elespectador.com

El 'narcoemporio' de $1,2 billones del clan Meyendorff

Thu, 23 May 2013 04:18:54 GMT

Los datos recogidos durante meses por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda le permitieron a la Fiscalía desarrollar la más grande operación de extinción de dominio de la historia contra cartel alguno en Colombia, valorada en $1,2 billones. El “narcoemporio” comercial de los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff y su círculo de testaferros quedó al descubierto luego de que testigos protegidos aportaran en 2011 detalles de sociedades, agroindustrias, hoteles, fincas e inmobiliarias del clan criminal que hoy está siendo procesado en la Corte del Distrito Este de Nueva York por los delitos de concierto y distribución de cocaína.

Al cruzar escrituras, registros notariales, movimientos de dinero e inversiones de los hermanos Álvarez Meyendorff y 18 de sus colaboradores, se pudo establecer cómo las multimillonarias ganancias de la mafia terminaron en una gigantesca operación de lavado de dinero concentrada en 205 bienes ubicados en Bogotá, Guaymaral, Chía, Briceño, Tocancipá, Sopó, Chocontá, La Calera, Apulo (Cundinamarca), Pereira (Risaralda), Calarcá (Quindío), Palmira, Cali, Jamundí (Valle), Padilla y Caloto (Cauca), Medellín y Marsella (Antioquia), Villavicencio, Puerto López, Acacías, Fuente de Oro, Puerto Lleras (Meta), Buena Vista, Planeta Rica, Sahagún, Pueblo Nuevo (Córdoba), Cartagena (Bolívar) y San Juan de Acosta (Atlántico). Una telaraña comercial que les reveló a los investigadores que los capos, hoy detenidos en Estados Unidos, estaban al nivel de Daniel El Loco Barrera y los hermanos Calle Serna, los Comba.

El Espectador conoció la lista completa de los bienes y sociedades que fueron ocupados por la Fiscalía. Se trata de Alvasar y Cía., Industria Agrícola San Valentín, Inmobiliaria Alojar, Hotel de la Ville, Valle Real, Inversiones Generales Ingon, Disrecor, Estación de Servicio La 39, Derecho Público S.A., Lubricantes y Servicios de Colombia, Consorcio Agroganadero del Quindío y Valle del Cauca, Consorcio Ganadero del Valle del Sinú, Comercial Ganadera Santa Isabel, Consorcio Agroindustrial del Valle, Unión de Ganaderos, Inmobiliaria Despertar e Inversiones Lozano Campo y Compañía. Caballos percherones y de cuarto de milla (purasangres para carreras, para hablar en cristiano), cuyo valor ronda los $40 millones por cabeza, también resultaron afectados por la decisión judicial y, como los demás bienes, pasarán a manos de la Dirección de Estupefacientes.

Luego de que la UIAF detectara las constancias de todas estas operaciones irregulares y se ordenaran interceptaciones telefónicas a las líneas de los testaferros de los hermanos Álvarez Meyendorff, la Fiscalía comenzó a desenredar el ovillo de la descomunal fortuna de esta organización ilegal. Con todo ese arsenal de evidencias, el pasado 5 de mayo se dio la orden de ocupar los 205 bienes incautados. Ignacio Álvarez fue detenido el 24 de abril de 2011 en Ezeiza (Argentina). Su hermano Juan Fernando, alias Mechas, se entregó en Estados Unidos hace apenas un mes. Por ambos se ofrecía una recompensa de hasta US$5 millones. Una fuente cercana al proceso le dijo a este diario que aunque las pesquisas contra esta mafia comenzaron en mayo de 2011, fue la captura de Daniel El Loco Barrera, ocurrida en septiembre pasado, la que aceleró la investigación.

El Espectador también conoció los nombres de los señalados testaferros del clan Álvarez Meyendorff. Lo encabezan la esposa de uno de ellos, Clara María Sarria Jiménez, y su cuñado, Jorge Enrique Sarria Jiménez. También figuran varios hijos de los narcos, como Sebastián, Valentín y Mauricio Álvarez Sarria, así como los hermanos de los capos, Jesús María, Luis Felipe y Libardo Álvarez Meyendorff. Asimismo figuran en la lista Verónica Rivera Amaya, Rosa Nelly Arizabaleta, Martha Cecilia y Sandra Patricia Sarria Jiménez, María del Carmen y María Antonia Arroyo Izquierdo, Esmeralda María Sayegh, Luz Marina Duque Gallego y Luisa María y Laura Álvarez Duque. La Fiscalía tiene evidencias de que a través de ellos se desarrolló la más gigantesca operación de blanqueo de la mafia de la que se tenga noticia.

Estas 18 personas aparecían en registros de Cámara y Comercio en las juntas directivas o como representantes legales de casi una veintena de sociedades de la organización. Por ejemplo, Jorge Enrique Sarria figuraba como gerente del Consorcio Agroganadero del Quindío y, a la vez, como miembro de la junta directiva de Inversiones Generales. No hay duda de que se trata de la más grande operación antimafia en la historia del narcotráfico en el país. “No importa cuántos pedidos de extradición u órdenes de captura tengan estos capos. Pueden terminar en cárceles en Estados Unidos sin pasar mayores angustias desde que sus bienes sigan manejados a la sombra por sus testaferros. En últimas, a estos tipos lo que les duele es la plata”, concluyó un investigador.

jlaverde@elespectador.com

Colombiano relacionado con escándalo en Costa Rica negó ser 'narco'

Wed, 22 May 2013 23:25:59 GMT

Gabriel Ricardo Morales Fallon, cuestionado en los últimos días por el polémico viaje de la presidenta de Costa Rica, Laura Chichilla, a Venezuela y Perú, negó radicalmente ser un narcotraficante y defendió sus negocios en la región.

A través de un comunicado Morales Fallon, cuyo nombre en Costa Rica es Gabriel Morales Falan (por cuestiones de seguridad), alegó que cuando el avión facilitado a la presidenta se encontraba de tránsito en San José, se reunió con funcionarios costarricense “por solicitud de Rolando Fonseca, asesor de THX Energy para Centroamérica a quien se le indicó que asistiera a una reunión de tramite en la que delegados del gobierno costarricense entregarían un mensaje de agradecimiento por el préstamo que THX Energy hizo de esa aeronave”.

“Mi única actuación en este episodio, que maliciosamente ha sido convertido en escándalo, fue la de estar presente en ese breve encuentro, en el cual me presenté con tarjeta de presentación de una empresa que nada tiene que ver con THX Energy”, indicó.

En el mismo sentido, aclaró que no conoce a Laura Chichilla ni a ningún otro funcionario del gobierno de Costa Rica.

“Reitero categóricamente que no conozco a la señora presidenta de Costa Rica, ni a sus asesores y funcionarios, con quienes me reuní y los conocí ese día”, sostuvo.

Capo del narcotráfico

En otro aparte de su comunicado, Morales aclara que no es narcotraficante ni testaferro de alguien relacionado con la ilegalidad.

“Respecto a los señalamientos que me tildan de narco y testaferro, me veo en la obligación de aclarar categóricamente que nunca he tenido relaciones personales, contractuales, sociales o comerciales con ningún capo de los que se ha venido hablando”, señaló.

Además, negó cualquier nexo con Juan Carlos Ramírez, alias ‘Chupeta’. “Investigaciones judiciales en Colombia, así lo confirman, como además lo refrendan las diferentes certificaciones de la Policía Nacional y de la Fiscalía que bien pueden solicitar”, indicó.

Por último, reiteró su disponibilidad de comparecer a todas las instancias judiciales que le requieran, con el ánimo de “aclarar una vez más lo que consideren”.

Comunicado

1. El nombre Gabriel Ricardo Morales Fallon lo tuve hasta el 25 de Septiembre del 2009, fecha en que decidí cambiarlo por Gabriel Morales Falan mediante escritura pública, haciendo uso del derecho que para tales efectos prevén las leyes Colombianas, cuando como en mi caso, la circunstancias de seguridad así lo requieren. Desde años anteriores a dicha fecha, venía siendo objeto de graves amenazas de muerte por parte del grupo subversivo de las Far, como lo pueden constatar los organismos de seguridad del Estado Colombiano. Una vez nacionalizado en Costa Rica, y al obtener la cédula que me acredita como ciudadano costarricense, el nuevo documento expedido por la Registradora de este país permite que la persona posea una segunda opción de identificación, que en mi caso es Gabriel Morales Falan, trámite que efectivamente realice siguiendo los requerimientos legales para el efecto. Por lo anterior, nunca he suplantado o utilizado identiﬁcación falsa.

2. En el 2007 me vi obligado a abandonar el país junto a mi familia y fije residencia en San Antonio - Texas (USA), hasta el año 2009, año en el que por razones de estrategia empresarial decidí fijar mi residencia en Costa Rica. Desde aquí me dedique a continuar con mis actividades profesionales, relacionadas con consultorías y búsqueda de oportunidades a varias empresas y multinacionales en temas de Energéticos. El estar ubicado en Costa Rica facilitó mis inevitables y continuos viajes por Países de Centro, Sur y Norte América, donde las empresas con las que tengo relaciones tienen sus sedes.

3. Actualmente no soy accionista, ni miembro de la junta directiva, ni representante legal, ni tampoco estoy en la nomina en calidad de empleado o contratista de la ﬁrma THX Energy. La vinculación con dicha empresa fue hasta el 2008, momento en el que vendí toda mi participación. Hoy, mi relación con la empresa THX- Energy es de consultoría, mi actividad se circunscribe a presentar negocios y oportunidades de inversión en cualquier lugar del mundo, para esta actividad se ha usado el avión cuando está disponible. Soy igualmente consultor de otras reconocidas multinacionales.

4. Cuando el avión se encontraba de transito en San José, por solicitud de Rolando Fonseca, asesor de THX Energy para Centroamérica a quien se le indicó que asistiera a una reunión de tramite en la que delegados del gobierno costarricense entregarían un mensaje de agradecimiento por el préstamo que THX Energy hizo de esa aeronave. Mi única actuación en este episodio, que maliciosamente ha sido convertido en escándalo, fue la de estar presente en ese breve encuentro, en el cual me presenté con tarjeta de presentación de una empresa que nada tiene que ver con THX Energy.

5. Reitero categóricamente que no conozco a la señora presidenta de Costa Rica, ni a sus asesores y funcionarios, con quienes me reuní y los conocí ese día.

6. Respecto a los señalamientos que he leído y escuchado en los medios de comunicación, que me tildan de "narco" y "testaferro", me veo en la obligación de aclarar categóricamente que nunca he tenido relaciones personales, contractuales, sociales o comerciales con ningún "capo" de los que se ha venido hablando a lo largo de los últimos años o cualquier otro, en especial con el conocido de alias ‘Chupeta’. Investigaciones judiciales en Colombia, así lo confirman, como además lo refrendan las diferentes certificaciones de la Policía Nacional y de la Fiscalía que bien pueden solicitar.

7. Mis empresas fueron constituidas mediante apalancamiento financiero, fueron adquiridas de forma transparente y no recibieron ningún tipo de aporte oscuro o ilegal. La empresa Petroleum Exploration International (PEXIN) quebró y hoy en día se encuentra bajo el manejo de la Superintendencia de Sociedades en Ley 1116. PEXIN mantuvo excelentes relaciones comerciales con Ecopetrol, donde se ejecutaron contratos por US$ 550 millones.

8. Quiero reiterar mi disponibilidad de comparecer a todas las instancias judiciales que me requieran, con el ánimo de aclarar una vez más lo que consideren, abrir mi patrimonio particular y despejar las dudas que estos ataques mediáticos desatan, afectando mi buen nombre y la seguridad de mi familia.

Por último quiero reiterar mi respeto a la ley, los gobiernos y los medios de comunicación, pero sin dejar de reivindicar el respeto por mi buen nombre y mi dignidad, y a los que nuevamente les exijo que tengan en cuenta que como ciudadano colombiano y costarricense, tengo pleno derecho a la presunción de mi inocencia, en el entendido de que ninguna autoridad judicial me ha declarado responsable de delito alguno y que, por el contrario, los fallos han sido absolutorios.

Extraditan a exfuncionarios de la Fiscalía por vender información a narcos

Wed, 22 May 2013 22:01:42 GMT

Dos colombianos acusados en Estados Unidos de vender información secreta a narcotraficantes de su país fueron extraditados a Nueva York y se presentaron cargos en su contra en un juzgado federal de Brooklyn, informó la Fiscalía.

Se trata de Freddy Mauricio Téllez Buitrago, de 34 años, de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, y Adriana González Márquez, de 33 años, exfuncionaria de la Fiscalía, arrestados en noviembre pasado en Colombia.

En caso de que sean encontrados culpables, los dos ciudadanos colombianos se enfrentan a una pena máxima de veinte años de cárcel y a una multa de 250.000 dólares, detalló la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York en un comunicado.

Según las autoridades, gracias a su trabajo en la Fiscalía General de la Nación, Téllez Buitrago tenía acceso a información confidencial, incluidas las peticiones de extradición cursada por EE.UU. contra presuntos narcotraficantes colombianos.

En concreto, Téllez Buitrago está acusado de aceptar sobornos de González Márquez a cambio de documentos filtrados relacionados con las peticiones de extradición cursadas por la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York.

Mientras, González Márquez está acusada por las autoridades estadounidenses de vender esa información confidencial a narcotraficantes a cambio de unos 30.000 dólares, según detalló la fiscalía.

"Se aprovecharon de su trabajo en la oficina del Fiscal General de la Nación para robar información confidencial que puso vidas en riesgo y su extradición demuestra el éxito de la cooperación entre EE.UU. y Colombia", dijo la fiscal federal Loretta Lynch.

ELN secuestró a un soldado en Norte de Santander

Wed, 22 May 2013 20:18:03 GMT

El Ejército confirmó que durante un ataque de guerrilleros del ELN en zona rural de Norte de Santander, el cabo tercero Carlos Fabián Huertas habría sido secuestrado por los subversivos.

El general Juan Pablo Amaya, comandante de la Segunda División del Ejército, señaló que el uniformado fue retenido durante un ataque que dejó diez militares muertos y cinco heridos.

“Lamentamos esta noticia y tenemos que informar que uno de nuestros hombres habría sido secuestrado por los terroristas del ELN. Un contingente de las Fuerzas Especiales está en la zona adelantando operaciones para dar con el paradero de ese reducto guerrillero”, puntualizó el oficial.

El general señaló que el ataque se registró hacia las 2 de la mañana de este miércoles, en el sitio conocido como el Caguey, vereda Presidente, municipio de Chitagá, donde tropas del batallón José Antonio Galán, de la Quinta Brigada, adelantaban operaciones de control militar de área.

Explicó que los militares fueron atacados de manera indiscriminada con artefactos explosivos artesanales -tatucos, cilindros- lanzados contra la patrulla.

“El pelotón que fue atacado es de soldados campesinos que se encontraban en una misión de seguridad en el sector rural, debido a que en la zona se están adelantando obras de arreglo en las vías que comunican a ese municipio”, manifestó el general Amaya al repudiar este ataque en el que perdieron la vida un oficial y nueve soldados.

De acuerdo a la información oficial, en el ataque cinco militares resultaron heridos y fueron trasladados a centros hospitalarios de la región, donde en este momento reciben atención médica especializada. Sin embargo, dos de ellos revisten de gravedad.

El general Amaya confirmó que junto con el comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, están al frente de las operaciones contra el autodenominado Batallón Héroes y Mártires, reducto perteneciente al Frente de Guerra Oriental del ELN.

Ocupan bienes del narcotráfico por valor superior a un billón de pesos

Wed, 22 May 2013 17:35:23 GMT

Un total de 205 bienes inmuebles, semovientes representados en ganado vacuno Angus, caballos percherones y de cuarto de milla, además de sociedades comerciales cuyo valor supera los 700 millones de dólares, equivalentes a un billón doscientos mil millones de pesos, fueron ocupados por la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación a miembros y testaferros de la familia Álvarez Meyendorff.

Se trata del proceso de extinción de dominio más ambicioso que la Unidad de Lavado de Activos haya iniciado contra el narcotráfico, ya que el valor de los bienes muebles e inmuebles ocupados supera al de cualquier cartel del narcotráfico en la historia del país.

Los bienes, materia del proceso de extinción de dominio, pertenecen a Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff y 18 personas, entre las que se encuentran miembros de su familia y presuntos testaferros, que habrían adquirido esas propiedades, conformado empresas y realizado operaciones comerciales con dineros provenientes del narcotráfico.

Según la investigación, Ignacio Álvarez Meyendorff, detenido el 24 de abril de 2011, en Ezeiza, Argentina y su hermano Fernando Álvarez Meyendorff, alias ‘Mechas’, por quien el Gobierno de los Estados Unidos ofreció diez mil millones de pesos de recompensa y que se entregó el pasado mes de abril a las autoridades de ese país, estarían vinculados y al mismo nivel de Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, ‘los hermanos Comba’.

Los 205 bienes incautados se encuentran en Bogotá; Guaimaral, Chía, Briceño, Tocancipá, Sopó, Chocontá, La Calera y Apulo en Cundinamarca; Pereira, Risaralda; Calarcá, Quindío; Palmira, Cali y Jamundí en el Valle del Cauca; Padilla y Caloto en el Cauca; Medellín y Marsella en Antioquia; Villavicencio, Puerto López, Acacías, Fuente de Oro, Puerto Lleras y Puerto Rico en el Meta; Buena Vista, Planeta Rica, Sahagún y Pueblo Nuevo en Córdoba; Cartagena en Bolívar y san Juan de Acosta en Atlántico.

Entre los bienes también se encuentran, 206 cabezas de ganado; varios caballos percherones puros, incautados en una finca en La Calera y en Chocontá, Cundinamarca, además varios caballos puros cuarto de milla, valorados cada uno en 40 millones de pesos.

Archivan investigación a Vargas Lleras por parapolítica

Wed, 22 May 2013 17:19:28 GMT

La Corte Suprema de Justicia archivó una investigación en contra del saliente ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, por el sonado escándalo de la parapolítica.

El proceso lo había iniciado el alto tribunal por iniciativa del mismo funcionario, luego de la versión que le relacionaba con Héctor Germán Buitrago Parada, alias ‘Martín Llanos’.

Vargas Lleras le había pedido en julio de 2012 que lo investigara en este caso, luego de que la Procuraduría General de la Nación le abriera una indagación preliminar por los mismos hechos.

La denuncia contra el ministro advertía que en diferentes oportunidades se reunió con el excomandante de las Autodefenas Unidas del Casanare con el fin de buscar apoyo para su candidatura al Senado en 2002.

En la Procuraduría aseguraban que se contaba con un material probatorio entre documentos y testimonios los cuales comprometerían a Vargas Lleras. Sin embargo, el proceso no avanzó.

Asciende a diez el número de soldados muertos en ataque del ELN

Wed, 22 May 2013 17:15:14 GMT

El comando del Ejército confirmó que fueron diez los soldados muertos en un ataque de guerrilleros del ELN en zona rural del departamento de Norte de Santander.

El hecho se registró en el sitio conocido como el Caguey, vereda Presidente, municipio de Chitagá, donde tropas del batallón José Antonio Galán, de la Quinta Brigada, adelantaban operaciones de control militar de área.

“Los militares fueron atacados de manera indiscriminada con artefactos explosivos artesanales -tatucos, cilindros- lanzados contra la patrulla”, señaló el Ejército en un comunicado.

En el ataque, cinco militares resultaron heridos y fueron trasladados a centros hospitalarios de la región, donde en este momento reciben atención médica especializada. Mientras que en el lugar de los hechos, continúa la búsqueda de cuatro uniformados que fueron reportados como desaparecidos.

Unidades de la Segunda División se desplegaron en persecución del grupo terrorista que perpetró el ataque a la unidad militar.

En horas de la mañana el presidente Juan Manuel Santos lamentó la muerte de seis militares a través de su cuenta en Twitter. “Lamentamos la muerte de seis héroes de nuestro Ejército en ataque del ELN en Norte de Santander. Nuestros corazones están con sus familias”.

Sin embargo, tras una inspección de la zona, el Ejército informó que la cifra de uniformados asesinados ascendió a diez.

Las autoridades responsabilizaron al frente Efraín Pabón Pabón del ELN de esta emboscada.

Dos leyes pueden "exacerbar la impunidad" en Colombia

Wed, 22 May 2013 16:20:32 GMT

Amnistía Internacional alertó este miércoles de que pueden "exacerbar la impunidad" en Colombia dos leyes aprobadas en 2012, entre las que citó una reforma constitucional que afirma que concedió a la justicia militar mayor control sobre investigaciones criminales que afectan a miembros de las fuerzas de seguridad.

Esa reforma "podría tener como consecuencia la transferencia de muchos casos de violaciones de derechos humanos al sistema de justicia militar, en contra de lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos", subraya la organización no gubernamental en su informe anual referido a 2012.

Además, menciona que el Congreso colombiano aprobó el "Marco legal para la paz", que, según AI, "podría permitir que los autores de abusos contra los derechos humanos eludieran la acción de la justicia".

Esas dos leyes amenazan "con exacerbar la impunidad" en Colombia, de acuerdo con AI.

El Gobierno colombiano explicó en una carta remitida el pasado 26 de abril a la ONU sobre la reforma del Fuero Militar que están excluidos "expresa y taxativamente" de la nueva Justicia Penal Militar "los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado", que quedarán en manos de la justicia ordinaria.

Amnistía Internacional reseña, por otra parte, en su informe que "la gran mayoría de los responsables de abusos contra los derechos humanos siguieron eludiendo la acción de la justicia".

Cita, en concreto, "amenazas y homicidios" contra personas que intervenían en causas penales relacionadas con los derechos humanos, como abogados y testigos.

"A pesar de la condena pública del Gobierno a los ataques contra ellos, los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron sufriendo ataques, amenazas, persecución judicial y robo de información confidencial sobre casos", agrega AI.

La organización afirma que en 2012 al menos 40 activistas y dirigentes comunitarios y 20 sindicalistas murieron en Colombia.

Menciona, sin embargo, como un éxito la condena en un tribunal civil del general retirado Rito Alejo del Rio a 26 años de prisión por el asesinato de un campesino por paramilitares con los que, según AI, el jefe militar mantenía "estrechos vínculos" y permitía cometer abusos "con impunidad".

Con respecto al largo conflicto armado interno, AI destaca que el Gobierno y las Farc iniciaron en octubre en Noruega conversaciones formales de paz, "las primeras de esta índole en un decenio".

Sin embargo, alerta de que persiste la preocupación de que una paz estable no sea posible "sin el compromiso verificable por ambas partes de poner fin a los abusos contra los derechos humanos, y sin el compromiso de las autoridades de llevar ante la justicia a los autores de abusos".

Según AI, todas las partes en el conflicto -paramilitares, grupos guerrilleros y fuerzas de seguridad- "continuaron siendo responsables de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, como homicidios ilegítimos, desplazamiento forzado, tortura, secuestros o desapariciones forzadas y violencia sexual".

Las víctimas fueron sobre todo miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas; defensores de los derechos humanos y sindicalistas, añade.

Aunque señala que no se disponía de cifras concretas, subraya que "decenas de miles de personas" se vieron obligadas a abandonar sus hogares en Colombia en 2012 como consecuencia directa del conflicto.

Con respecto a los grupos paramilitares, afirma que, pese a su supuesta desmovilización, fueron responsables de "violaciones graves" de derechos humanos, como homicidios y desapariciones forzadas, y de operaciones de "limpieza social" en barrios urbanos pobres.

Las víctimas fueron principalmente sindicalistas y defensores de los derechos humanos, así como representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

A las guerrillas de las Farc y Ejército de Liberación Nacional (ELN), AI achaca "abusos graves" contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, tales como homicidios ilegítimos, toma de rehenes, desplazamientos forzosos, reclutamiento de menores de edad y uso indiscriminado de armas, entre las que cita minas terrestres.

A las fuerzas de seguridad, AI responsabiliza de "graves abusos" a los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, a veces en connivencia con grupos paramilitares, y denuncia que se siguieron denunciando "ejecuciones extrajudiciales" directamente perpetradas por las fuerzas de seguridad, aunque no en la escala de años anteriores.

AI también denuncia amenazas e incluso asesinatos de personas que intentaron regresar a sus tierras tras entrar en vigor la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Imputan cuatro delitos a concejal José Juan Rodríguez por 'carrusel de la contratación'

Wed, 22 May 2013 15:01:18 GMT

Este miércoles, la Fiscalía le imputó cuatro delitos al concejal José Juan Rodríguez, investigado por su participación en el llamado 'carrusel de la contratación’. Lo responsabilizó del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

El fiscal del caso, Jaime Zetién, acusó al cabildante de haber obrado de manera criminal en concurso con funcionarios del IDU, para “amañar contratos de obra pública con el fin de favorecer a sus amigos contratistas con las millonarias licitaciones, incluidos las de la fase III de TransMilenio y valorización”.

"El señor concejal lesionó la administración pública al no obrar con imparcialidad, pulcritud, transparencia y moralidad en su gestión; finalmente se observó que las empresas del señor Andrés Jaramillo López (amigo del concejal) se vieron favorecidas con la adjudicación de contratos de obra pública", dijo el fiscal.

La Fiscalía responsabilizó a Rodríguez de aliarse con el contratista Julio Gómez y la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, para cometer varias irregularidades en los contratos de la fase III de Transmilenio.

Señaló además que existen pruebas de que en más de 180 ocasiones el concejal se reunió en el IDU con la directora de ese entonces, Liliana Parado.

Rodríguez fue señalado desde un principio por el exsubdirector del IDU, Inocencio Meléndez, quien aseguró que el concejal manejaba a su antojo el Instituto para la época en la que se estaban adelantando de los tres multimillonarios contratos viales en la capital de la República.

Ante la Fiscalía, el exfuncionario indicó que "el concejal de mayor influencia y poder en el IDU era el doctor José Juan Rodríguez. Es más la doctora Liliana Pardo le consultaba la designación del equipo directivo y él con el contratista Julio Gómez decidía a quién nombrar dentro del Instituto".

Para Meléndez, en reiteradas oportunidades el contratista y el concejal le presentaron hojas de vida a la directora del IDU para que nombrara funcionarios de "manera estratégica" para que tomaran decisiones que los beneficiarán en la adjudicación y los pliegos de los contratos de la fase III de TransMilenio y la reparación de la malla vial.Debido a la "gran amistad" que Julio Gómez que tenía con Liliana Pardo Gaona, la ayudó a llegar a la jefatura del IDU con el fin de garantizar la adjudicación del contrato de la Fase III de TransMilenio.

En sus respuestas ante el interrogatorio de los investigadores del carrusel de la contratación, Meléndez explicó que conoció las reuniones adelantadas en el apartamento de Pardo, el contratista y el concejal Rodríguez para tratar temas relacionados con la contratación en la capital de la República.

Existen entre 20 y 30 registros de ingresos del concejal al IDU para discutir temas relacionados para la planeación y la apertura de la licitación de la Fase III de Transmilenio. Para no ser identificado se señaló que el cabildante ingresaba al edificio en una moto de alto cicilindraje y un casco.

La despenalización del consumo de drogas se perfila en Colombia

Wed, 22 May 2013 14:15:41 GMT

Colombia parece encaminarse hacia una despenalización total del consumo de drogas, según la propuesta contenida en un informe de una comisión estatal que marcaría una revolución para el primer productor de cocaína del mundo.

La idea no es nueva, pero esta propuesta parece ir más lejos, ya que emana de un informe de la Comisión del Consejo para la Política sobre Drogas en Colombia, un organismo creado este año con el objetivo de promover la reflexión gubernamental.

"Las políticas públicas frente al consumo de drogas no deben recurrir a sanciones penales para los consumidores", concluyó el reporte elaborado por el organismo, que cuenta con una decena de expertos, y que recomendó que la sanidad pública se haga cargo de los adictos.

Este primer informe fue presentado el martes en Bogotá, una semana después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) entregara a Colombia un estudio sobre el tema, con nuevos enfoques, especialmente sobre el tratamiento a los adictos.

"La criminalización de los usuarios de drogas no solo no ha demostrado beneficios de salud pública sino que por el contrario ha tenido efectos contraproducentes, al marginar a los consumidores y agravar su problema de salud", estimó el reporte.

"Hay muchos consumidores que no son problemáticos, que no cometen crímenes, que no roban para consumir, y esta persona no va a ser criminalizada por el gobierno", afirmó Daniel Mejía, presidente de la comisión.

Para Mejía, director del Centro de Estudio sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes de Bogotá, apresar a los consumidores equivale a "meterlos en la escuela del crimen, se les saca del mercado laboral, se le estigmatiza hacia el futuro".

"Hay que ver el consumo de drogas como un tema de salud pública y usar herramientas de salud pública para enfrentar el consumo de droga y no herramientas de política penal", agregó.

Según el experto, existe una "gran apertura del gobierno colombiano hacia esta propuesta", pero reiteró que el ejecutivo respeta las convenciones de Naciones Unidas.

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, presente en la rueda de prensa, admitió que el informe constituía un "aporte esencial" para el gobierno.

Hasta ahora, la legislación colombiana autoriza desde 1994 la posesión de una dosis máxima de 20 gramos de marihuana y de un gramo de cocaína.

La reforma de las políticas en materia de drogas es uno de los caballos de batalla del presidente Juan Manuel Santos, que preconiza una nueva orientación de la lucha mundial contra el narcotráfico, postura que comparten algunos de sus homólogos latinoamericanos.

Con 46 millones de habitantes, Colombia tiene registro de unos 450.000 consumidores de marihuana, unos 140.000 de cocaína, 34.000 de "bazuko" (un derivado más barato de la cocaína), 31.000 de éxtasis y 3.000 de heroína, según el último estudio publicado al respecto por el gobierno en 2008.

La comisión gubernamental destaca la importancia de efectuar tratamientos preventivos, incluyendo la administración de drogas bajo control médico.

Para Inés Elvira, consejera del Ministerio de Salud, el objetivo es "reducir la complejidad y los costos de los tratamientos", y agregó que "los consumidores crónicos son una minoría".

El año pasado, Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, inauguró centros experimentales en terapia de sustitución para adictos y propuso utilizar la droga decomisada por la policía para tratar a los toxicómanos.

El ex presidente colombiano Cesar Gaviria, miembro de honor de la comisión, recomendó seguir el ejemplo de los países europeos y "sacar a los consumidores de las garras de los traficantes".

El ex jefe de Estado también llamó a efectuar un "cambio de mentalidad", y citó como ejemplo un estudio que reveló que los colombianos prefieren tener a un vecino que sea traficante de drogas a vivir cerca de un drogadicto.

Farc niegan haber secuestrado a dos ciudadanos españoles

Wed, 22 May 2013 13:49:25 GMT

La guerrilla de las Farc negó "categóricamente" este miércoles en La Habana haber secuestrado a dos españoles, capturados el viernes por hombres armados en el departamento de La Guajira, y afirmó que mantiene su política de no secuestrar civiles anunciada en febrero de 2012.

"Rechazamos categóricamente este nuevo absurdo de estar acusando a las Farc de acciones de delincuencia común (...), y reiteramos que la orden dada por el Secretariado Nacional del Estado Mayor de las Farc de cero retenciones de personas se está cumpliendo en todo el territorio nacional", dijo Andrés París, miembro de la delegación del grupo guerrillero en las conversaciones de paz con el gobierno colombiano en La Habana.

Los españoles Ángel Sánchez Hernández y María Concepción Marlaska, quien aparentemente es familiar del conocido juez español Fernando Grande-Marlaska, fueron tomados como rehenes el viernes con fines extorsivos por hombres armados en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.

"Por el momento no podemos confirmar si fueron las Farc, el ELN, la delincuencia común o algún otro grupo armado ilegal que opera en la zona. Sólo se procede con la investigación", señaló el martes un vocero del Gaula de la Policía.

La Guajira es uno de los 32 departamentos de Colombia, ubicado sobre el mar Caribe, que comparte una frontera común con el estado venezolano del Zulia. Allí habitan diversas comunidades indígenas y operan guerrillas de izquierda, grupos criminales emergentes integrados por exparamilitares de derecha.

Las Farc, la mayor guerrilla de Colombia con unos 8.000 combatientes, se comprometieron el 2 de febrero de 2012 a cesar los secuestros de civiles con fines extorsivos.

Actualmente, las Farc mantienen en La Habana conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manual Santos.

A la cárcel padre que embarazó a sus dos hijas

Wed, 22 May 2013 13:19:06 GMT

Un aberrante caso de abuso sexual y violencia intrafamiliar fue conocido este martes en los juzgados de Paloquemao en Bogotá: Dos menores de edad, de 16 y 14 años, fueron violadas por su padre y quedaron embarazadas. El hombre, Jimmy Tovar, aceptó cargos por los delitos de acceso carnal abusivo, acto sexual abusivo e incesto, con el agravante que se trataba de menores de edad.

El pasado 10 de mayo llegó a manos de la Fiscalía la denuncia interpuesta por Andrea Villabón, tía de las víctimas. Según la familiar de las niñas, las sospechas contra Tovar empezaron cuando la mayor de las menores dijo que estaba en embarazo. "Le preguntábamos quién era el papá de su bebé y nos decía que era un niño del colegio. Me puse en contacto con la profesora de ella que al final me dijo que el supuesto joven no existía. Cuando le exigimos que nos dijera la verdad fue cuando manifestó que su papá era la persona que la había violado", contó la tía de las menores.

"La noticia nos impactó mucho, pero lo peor fue cuando vimos que la menor de las niñas salió corriendo y llorando hacia el baño. Fue en ese momento que nos dijo que su padre había estado abusando de ella dos años atrás y que además le pegaba. Pero la peor noticia llegó cuando en Medicina Legal nos dicen que la menor de mis sobrinas también estaba embarazada", dijo Andrea Villabón.

La tía, junto con la madre de las menores, fue inmediatamente ante el fiscal 55 de la Unidad de Delitos sexuales a entablar la denuncia penal. Según Villabón, las menores no habían dicho nada porque tenían miedo de que el hombre de 47 años tomara represalias contra su mamá o contra ellas. Además, agregó que su hermana llevaba 19 años de casada con este hombre, que estaba enamorada ciegamente y que por ese motivo nunca manifestó que Jimmy Tovar la golpeaba.

La mayor de la niñas va a cumplir siete meses de embarazo, mientras la menor está en su cuarto mes de gestación. Para Andrea Villabón no existe sicólogo que pueda tratar el trauma que tienen sus sobrinas. Tovar fue capturado ayer en el centro de Bogotá. Este 21 de mayo, después de declararse culpable, fue enviado a la cárcel La Modelo (Bogotá) a esperar a que un juez le dicte sentencia y determine cuántos años estará preso. Por ser las víctimas menores de edad, no puede recibir beneficios penales.

José Juan Rodríguez, otro concejal que será implicado en 'carrusel'

Wed, 22 May 2013 12:38:13 GMT

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al concejal de Bogotá, José Juan Rodríguez, implicado en el carrusel de contratación de la capital.

La Fiscalía responsabilizará al cabildante de aliarse con el contratista Julio Gómez y la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, para cometer varias irregularidades en los contratos de la fase III de Transmilenio.

El ente investigador cuenta con documentos y pruebas testimoniales para tomar la medida en contra de Rodríguez Rico.

El delito que le será sindicado al concejal es interés indebido en la celebración de contratos para la capital.

El pacto criminal por el cual es investigado Rodríguez hace referencia a las irregularidades registradas en la administración de Samuel Moreno Rojas.

Vale la pena recordar que el pasado 29 de octubre, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exsubdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez, calificó al concejal del Partido Verde de ser el “cerebro” del carrusel de la contratación vial de Bogotá.

“Si ustedes quieren encontrar la raíz de cuál fue el primer acto que dio lugar a la adjudicación de los contratos de malla vial, los encontramos en el acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá que aprobó las vigencias futuras para la construcción de malla vial”, aseguró Meléndez.

"Hipólito Moreno padece una enfermedad mortal e incurable"

Wed, 22 May 2013 11:25:41 GMT

El abogado Darío Bazzani, quien defiende los intereses del exconcejal Hipólito Moreno, reveló que su cliente “padece una enfermedad incurable y mortal”. Aunque no indicó de qué se trata, dijo que si no recibe un tratamiento adecuado, las condiciones de salud se pueden complicar.

La defensa de Moreno pidió que le otorgaran detención domiciliaria, por esta razón. "Es una enfermedad certificada médicamente como grave, incurable y de carácter mortal", señaló Bazzani en diálogo con Blu Radio.

El exconcejal aceptó haber sacado “tajada” del contrato de ambulancias en Bogotá. Sin embargo, no se ha expresado por otros contratos del Distrito ni ha implicado a otros concejales en el carrusel de contratos. (Lea más sobre la confesión de Moreno)

“Él ha manifestado su intención de colaborar en el resto de las investigaciones, pero en términos concretos no hay nada todavía acordado con la Fiscalía, y segundo eso hace parte de la reserva de la investigación”, indicó la defensa. (Escuche la entrevista)

“La aceptación de cargos no está ligada a ningún tipo de colaboración o devolución de dineros, porque no se trata de un preacuerdo", precisó el abogado y agregó que tampoco se conoce si esa “comisión” por la adjudicación irregular del contrato de ambulancias por 63.203 millones de pesos se pagó. “Emilio Tapia dijo que se trataba de una comisión de 10%, luego se bajó a 9%, pero no señaló si eso se pagó o no, y cómo se hizo la distribución con los demás implicados”.

Bazzani dijo que no hay certeza de la pena que podría imponer el juez porque, aunque las penas por esos delitos están previstas, habría una rebaja de pena por la confesión y una más por colaborar, si así se decide, en otras investigaciones del carrusel de contratos, pero “existe la posibilidad de que muera en la cárcel”.

Hipólito Moreno: pido perdón a la sociedad

Wed, 22 May 2013 04:53:27 GMT

Había afirmado públicamente que nunca fue un poder “grandísimo” en Bogotá. Que tenía la certeza de nunca haber violado la ley. Que tenía la conciencia tranquila. Sin embargo, ayer, en la audiencia en que la Fiscalía se aprestaba a imputarle cargos, las frases con que el exconcejal de la U Hipólito Moreno se había defendido siempre se convirtieron en palabras vacías: “Después de hacer una gran reflexión sobre estos hechos, he decidido aceptar los cargos y, por lo tanto, pedirle perdón a la sociedad por estos errores. Como señal de arrepentimiento quiero expresar que estoy colaborando con la justicia”.

De esa manera, Moreno aseguró su lugar en la historia como el primer exconcejal que será condenado en relación con el cartel de la contratación de Bogotá, que se apropió de multimillonarios recursos del Distrito que debían haberse destinado en vías, obras y salud, cuando menos. En el caso del expresidente del Concejo, está siendo procesado por haber sacado “tajada” de una licitación de ambulancias realizada en 2009. La empresa ganadora firmó con la Alcaldía el contrato 1229, que valía $63.203 millones, pero “lo peor de todo es que escogieron las ambulancias que más tardaban en llegar”, le dijo a este diario un funcionario que conoce el expediente del carrusel.

“Como era de esperarse —señaló el fiscal Juan Vicente Valbuena en audiencia—, hay una cantidad de quejas sobre el servicio médico de ambulancias” (ver artículo en la pág. 8). Y agregó: “Usted, Hipólito Moreno, Héctor Zambrano, Emilio Tapia y los demás sabían que estaban recibiendo (dineros que no les pertenecían)”. Según la Fiscalía, Moreno se adueñó del 9% del contrato 1229, unos $5.600 millones, para repartirlos con el secretario de Salud de la época, Héctor Zambrano, y con Emilio Tapia y Federico Gaviria. De acuerdo a lo que Tapia le ha dicho a la Fiscalía, sin embargo, ese contrato amañado se negoció con un margen de ganancias del 30%, es decir, cerca de $20.000 millones.

Con la aceptación de cargos por parte de Moreno, la Fiscalía empieza oficialmente a esclarecer de qué manera concejales y exconcejales de la ciudad fueron enlaces de la corrupción, pidiendo tajadas del presupuesto de Bogotá a cambio, entre otras cosas, de no hacer debates de control político. Otros de los enredados en este extenso proceso son José Juan Rodríguez —su audiencia de imputación de cargos está programada para hoy—, Andrés Camacho —en dos allanamientos se encontraron documentos que lo comprometerían—, Orlando Parada, Jorge Durán Silva, Jorge Salamanca, Antonio Sanguino y Javier Palacio.

Dos de los mayores responsables por este mayúsculo desfalco a las finanzas de Bogotá, Emilio Tapia y Julio Gómez, llevan meses entregando a la Fiscalía información valiosa, que incluye mucho más que el contrato por el que Hipólito Moreno está a punto de ser condenado. Tapia, reveló este diario, se ha referido a contratos llenos de “torcidos” en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), en la Empresa de Renovación Urbana (ERU), en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). No sería exagerado decir que pocas fueron las entidades distritales que se salvaron del apetito de los corruptos.

Además, según ha reconocido el propio Tapia, los contratos amañados no se limitaron sólo a la administración de Samuel Moreno: en las eras de Lucho Garzón, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus también operó el cartel de la contratación. Samuel Moreno Rojas está en juicio por este escandaloso episodio, como lo está su hermano, Iván Moreno Rojas, y otros tantos exfuncionarios de esa Alcaldía han sido sancionados penal o disciplinariamente. Los Nule fueron condenados a 14 años de prisión. La justicia, sin embargo, sigue en mora con la ciudadanía en establecer la verdadera dimensión de este cartel y sus alcances.

Hipólito Moreno, quien renunció al Partido de la U en marzo de este año, nació en Purificación (Tolima), llegó a Bogotá a estudiar comunicación social y terminó siendo uno de los mayores barones electorales de la ciudad. En 1997, la primera vez que se lanzó al Senado, obtuvo cerca de 17.000 sufragios, siendo la tercera votación más alta. En 2002, mucho más afianzado en la arena política, impulsó la candidatura de su hermana, Araminta Moreno, a la Cámara de Representantes; sacó más de 19.000 votos. Pero su reinado político llegó, al menos por ahora, a su fin: sólo le queda esperar a que un juez le indique cuántos años estará privado de su libertad y ser efectivo en su colaboración con la justicia.

Víctimas de las ambulancias

Wed, 22 May 2013 03:00:00 GMT

Una ambulancia puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Un mal diagnóstico, el maltrato de sus operarios o la manera irresponsable de conducir el vehículo pueden hacer de una emergencia un suplicio o, aún peor, una tragedia.

Desde 2010, la atención y el servicio de transporte de emergencia para los bogotanos estuvieron a cargo de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio, compuesta por empresas expertas en construcción —y no de atención médica— y por cuyo corrupto direccionamiento se declaró culpable ayer el exconcejal Hipólito Moreno.

El escandaloso proceso de las ambulancias, en el que también ha sido acusado por la Fiscalía el exsecretario de Salud Héctor Zambrano, tiene como trasfondo una colección de víctimas de las que poco se habla.

Se trata de todas las personas que dijeron haber padecido de una u otra forma el maltrato y la negligencia de sus operarios, y que entre 2010 y 2012 registraron ante la Secretaría de Salud un total de 139 quejas, muchas de las cuales ponen los pelos de punta.

Las quejas y reclamos de los bogotanos que fueron atendidos por la flota incompleta de ambulancias incluyen la muerte por presunta negligencia de dos pacientes, un peatón atropellado, el robo de relojes, billeteras, carteras y prendas de vestir, así como un sistemático maltrato e irrespeto por parte de los conductores y el personal médico de los vehículos de transporte ambulatorio contratados por la Unión Temporal.

El 2 de febrero del año pasado, Mary Luz Moncada dejó constancia de que una ambulancia del Distrito dio “atención preliminar a un paciente en vía pública”. Sin embargo, “los tripulantes de la ambulancia se negaron a trasladarlo y el paciente falleció”.

Dos meses después, el jefe de servicios de urgencias del Hospital San José informó que una ambulancia “ingresó al paciente Jairo Arias sin signos vitales, sin ninguna posibilidad de reanimación”. Sin embargo, “en el informe médico que realizó el tripulante de la ambulancia afirma que entrega a la institución mencionada un paciente vivo (sic)”.

Otro ciudadano aseguró el 9 de abril de 2012 que “por transitar a alta velocidad (...) los tripulantes de una ambulancia atropellaron a un peatón”.

Así se suceden, uno tras otro, los reclamos de quienes fueron atendidos por un personal que, como ha señalado numerosas veces el hoy secretario de Gobierno y exsecretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, distaba mucho de ser idóneo para la tarea que se le encomendaba.

Según los registros de la Secretaría, 29 personas denunciaron robos o hurto de sus pertenencias dentro de las ambulancias. Otras 55 denuncias coincidieron en señalar malos tratos por parte de la tripulación. La palabra “grosero” se repite una y otra vez a lo largo de los registros. Finalmente, varios aseguran que los tripulantes de los vehículos les pidieron dinero a cambio de realizar el traslado.

En octubre del año pasado, en diálogo con El Espectador, el secretario Jaramillo —cirujano de profesión— se refirió a los numerosos casos de negligencia ocurridos en las ambulancias y que entonces comenzaban a salir a la luz: “¿Cómo es posible que yo tenga una ambulancia con todas esas irregularidades? Un médico no lo habría permitido”.

jmaldonado@elespectador.com

Silvia Gette, a juicio por soborno

Wed, 22 May 2013 01:46:41 GMT

Este jueves 23 de mayo, en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, el fiscal Diógenes Villa expondrá antes un juez de la República por qué Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, habría estado involucrada en un intento de soborno a un exjefe paramilitar. En la audiencia se formalizará la acusación que se radicó contra Gette el pasado 24 de abril, conocida por este diario, en la cual se detalla lo que un “emisario” suyo habría hecho para convencer a Édgar Ignacio Fierro Flórez de cambiar su versión.

Fierro Flórez, más conocido como ‘Don Antonio’, fue mano derecha del extraditado Rodrigo Tovar Pupo (alias ‘Jorge 40’) en la expansión del paramilitarismo en la Costa Caribe. Detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, testificó que Silvia Gette le había entregado $150 millones a ‘Jorge 40’, y que se había comprometido a pagar más, a cambio de que las autodefensas asesinaran a Fernando Cepeda, ganadero de la región. Según ‘Don Antonio’, ‘Jorge 40’ se reunió luego con Gette y con un abogado que fue asesinado después, Jorge Palacios, para que los ‘paras’ le dijeran a Gette sus “condiciones” para ejecutar el crimen.

Otro exparamilitar, Rafael Velilla (alias ‘Costeño’), declaró también que Gette estaba involucrada en ese homicidio, cometido en agosto de 2003. La investigación permaneció en los anaqueles de una fiscalía de Barranquilla hasta diciembre de 2011, cuando el caso se reabrió. Sin embargo, poco se había conocido al respecto hasta que ‘Don Antonio’, en carta al fiscal general el 22 de enero de este año, divulgó el intento de soborno del que –afirmó– estaba siendo objeto.

Según el escrito de acusación en contra de Gette como “determinadora” del soborno, a ‘Don Antonio’ lo había visitado en La Picota el 18 de enero de 2013 un hombre, de nombre Arcadio Martínez; de profesión, abogado. Martínez le habría ofrecido $500 millones a cambio de que Fierro Flórez cambiara su versión de los hechos; para que incriminara a la viuda de Cepeda, María Paulina Ceballos; para que dijera que nada le constaba personalmente; para que involucrara al abogado Abelardo de la Espriella (representante de la viuda de Cepeda en el proceso por la muerte de su esposo).

‘Don Antonio’ le manifestó a la Fiscalía, igualmente, que había quedado de enviar un delegado suyo para reunirse con Arcadio Martínez el 9 de febrero del mismo año, en el centro comercial Buenavista. Con esta alarma encendida, el CTI envió a un grupo a ese lugar y hacia la 1:15 p.m. Martínez fue detenido en un local de pizzas. Le incautaron una bolsa de cartón roja, en cuyo interior había otra de color negro, que guardaba dos bolsas plásticas con 4.989 billetes de $50 mil: $249.450.000. Era la ‘cuota inicial’ que Martínez le había ofrecido a ‘Don Antonio’ por su retractación.

Antes de salir del centro comercial, Martínez pidió ir al baño. Lo acompañó un agente del CTI, quien notó que el abogado había escondido un celular en el cielorraso. El funcionario le pidió que entregara el celular. Martínez lo sacó del cielorraso, pero antes de abrir la puerta bajó la palanca del sanitario y entregó un celular sin simcard y con la batería suelta. El aparato móvil sigue en custodia, en estudio técnico. Cuando se le imputaron cargos, Martínez negó cualquier responsabilidad con respecto a la versión de ‘Don Antonio’.

Ese fue el momento en que el proceso por el asesinato de Fernando Vargas adquirió alto perfil. El 12 de febrero de este año Silvia Gette fue detenida en Paloquemao, tras haber salido de un interrogatorio. Dos días más tarde, un juez le otorgó detención domiciliaria al considerar que es madre cabeza de familia y debía velar por el bienestar de cuatro hijos menores de 14 años. Sin embargo, en marzo 19 pasado, se revocó esa medida y se ordenó su reclusión en la cárcel El Buen Pastor. Gette intentó evadir la orden aludiendo problemas de salud, pero el Inpec ordenó un examen médico a Medicina Legal, que concluyó que Gette podía recibir tratamiento ambulatorio.

Inpec investigará si se violaron protocolos durante traslado de Guido Nule

Tue, 21 May 2013 23:49:05 GMT

La dirección del Inpec informó este martes que abrirá una investigación para establecer si se violaron los protocolos de traslado durante la visita que Guido Nule Marino hizo al consulado de Italia en Barranquilla.

Lo anterior, debido a que Nule Marino iba sin esposas y apoyado en su bastón. La diligencia tardó cerca de media hora y posteriormente fue llevado de nuevo a la cárcel.

Al parecer, el recluso también habría sido trasladado en ausencia del número de personal requerido por parte del Inpec, ya que solo lo escoltaban dos guardias penitenciarios.

Nule, quien está vinculado al carrusel de la contratación en Bogotá, al parecer firmó unos papeles relacionados con el pasaporte de su hija, que tiene la doble nacionalidad y por ende requería de su presencia. (Ver video de la salida de Guido Nule)

Esta salida de Nule Marino se da semanas después que su primo Manuel Nule, preso en la cárcel La Picota de Bogotá, asistiera a la primera comunión de su hijo en Cartagena.

Hipólito Moreno permanecerá en el búnker de la Fiscalía

Tue, 21 May 2013 22:39:00 GMT

El exconcejal de Bogotá, Hipólito Moreno, que este martes aceptó su participación en el carrusel de la contratación, fue recluido en el búnker de la Fiscalía, hasta que los funcionarios de Medicina Legal realicen la respectiva valoración médica.

Aunque se había dicho que iría directamente a la penitenciaría La Picota, esa decisión no se había tomado hasta este martes en la tarde.

Moreno, aceptó su participación en el carrusel de los contratos durante una audiencia este martes ante el juez 67 de control de garantías.

El exconcejal aceptó los delitos de interés indebido en celebración de contratos y cohecho. Al aceptar los cargos recibirá un descuento de hasta el 50% en la pena que podría llegar a los 17 años de cárcel.

"Usted Hipólito Moreno obrando en coautoría con Zambrano y Tapia recibieron el 9 por ciento de comisión por la suma de 67 mil millones del contrato del servicio de ambulancias", dijo el fiscal del caso, Juan Vicente Valbuena, al revelar detalles de participación del expresidente del Concejo de Bogotá en el 'carrusel de los contratos'.

Es la primera vez que uno de los participantes en el sonado caso del carrusel de la contratación en Bogotá acepta explícitamente su participación en los hechos de corrupción que hoy tienen detenido entre otros al exalcalde Samuel Moreno, a su hermano Iván, a los empresarios Nule y al contratista Emilio Tapia, quien señaló a Hipólito Moreno de participar en un millonario negocio de ambulancias para la capital con el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano.

El exconcejal hace parte del grupo de al menos doce cabildantes que han sido señalados por Tapia y los demás involucrados en el mencionado carrusel de haber participado de los millonarios negocios y haber recibido comisiones.

Según los señalamientos de Tapia, de la torta de los contratos a Moreno le tocaron dos grandes tajadas. La primera fue el contrato de las ambulancias de Bogotá por 67 mil millones de pesos y la asignación de la unidad encargada de la malla vial de Bogotá.

A la cárcel presunto violador que dejó embarazadas a sus hijas

Tue, 21 May 2013 22:01:30 GMT

El Juzgado 31 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, acogió la solicitud de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento contra Jimmy Torres Orozco como presunto violador de sus hijas biológicas de 14 y 16 años, de quienes aceptó que las embarazó.

De acuerdo con la imputación de cargos, el procesado en su vivienda del barrio Catalina II, de la localidad de Kennedy, amenazaba a las menores con agredir a su madre si revelaban el abuso.

Torres Orozco aceptó los cargos imputados por el ente acusador de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 y acto sexual violento e incesto agravado.

De acuerdo con la norma, la pena mínima está contemplada en 22 años de prisión, más los agravantes, pues se trata de menores de edad, y el abuso cometido por una persona del núcleo familiar que gozaba de la confianza de las víctimas.

Ella es Daiana Antivero, conocida como la 'narcomodelo'

Tue, 21 May 2013 21:45:05 GMT

'Narcomodelo' colombiana trabajará en centro de rehabilitación de adictos

Tue, 21 May 2013 21:35:54 GMT

Daiana Antivero deberá realizar 416 horas de trabajo en un centro de rehabilitación de adictos, de acuerdo a una condena proferida este martes por el tribunal que la juzgó por el delito de narcotráfico.

La ‘narcomodelo’ -señalada de integrar una banda que intentó contrabandear cocaína a Europa a través del Aeropuerto de Ezeiza- cumplirá tareas comunitarias en un centro para adictos de Lanús.

Claudio Méndez, abogado de la joven, informó que el tribunal homologó el acuerdo de "probation" alcanzado el 8 de mayo pasado, según lo informa el diario Clarín.

La joven asistirá al menos cuatro horas semanales, por lo que la tarea quedaría cumplida en dos años, aunque también puede efectuar más y adelantar la finalización de la probation, explicó el letrado. El abogado agregó que también deberá pagar una multa de mil pesos y continuar con sus estudios secundarios.

La defensa de la modelo solicitó la suspensión de juicio con el argumento de que la modelo no tenía antecedentes penales. (Ver imágenes de la modelo)

La idea de la pena es que la joven "aborde la problemática y consecuencias del tráfico de estupefacientes para lograr una concientización en la imputada respecto del perjuicio social de este tipo de delito", dijo, por su parte, el fiscal del caso.

La investigación comenzó a mediados de 2010, cuando las autoridades aeroportuarias detectaron a un holandés que pretendía abordar un avión con 113 cápsulas con cocaína en el interior de su estómago. A partir de allí, una serie de intervenciones telefónicas y escuchas permitieron establecer que la droga pertenecía a una banda que estaba activa en el país y planeaba otros envíos.

Antivero fue detenida en su casa de la localidad bonaerense de Lanús el 12 de julio del 212 junto a su novio, luego de que fuera vincula al caso del un pasajero de ciudadanía holandesa que fue detenido cuando llevaba cocaína en el aeropuerto de Ezeiza.

Recluido en un centro de menores, joven que asesinó a conductor de Transmetro

Tue, 21 May 2013 21:07:34 GMT

El Juzgado tercero municipal de Barranquilla dictó medida de internamiento preventivo al menor de 16 años de edad que presuntamente hirió de muerte al conductor de Transmetro, Norberto Sánchez Pinzón, el pasado sábado. (Ver video de la agresión)

El Fiscal de la Unidad de Infancia y Adolescencia vinculó al menor por el delito de homicidio simple. El menor aceptó los cargos y cumplirá medida de internamiento en el Centro de Reclusión El Osasis en Barranquilla.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo, cuando en la estación Pacho Galán, ubicada en el municipio de Soledad, el operador le pidió al joven y dos acompañantes que se retiraran del lugar por haber entrado de manera irregular para evadir el pago del pasaje.

Los jóvenes salieron, pero uno de ellos se devolvió y le propinó una puñalada con arma blanca que le causó la muerte al hombre que se encontraba dentro de la estación.

El permiso a Guido Nule para ir al consulado de Italia

Tue, 21 May 2013 20:49:09 GMT