ELESPECTADOR.COM - Investigación

La versión que complica caso del pastor Gámez

Mon, 17 Jun 2013 14:16:23 GMT

El testimonio de Leonardo Gámez, hermano del pastor cristiano Álvaro Gámez, actualmente recluido en una cárcel de Pasto dentro del proceso que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir en concurso homogéneo y sucesivo, sigue enredando el caso.

Luego de que la semana pasada se conociera que el ex concejal de Pasto Juan Carlos Mora Ramos les solicitó a familiares del pastor Gámez $100 millones para obtener supuestos beneficios judiciales, Leonardo Gámez, hermano del pastor, relató los pormenores de los ofrecimientos, que según él, recibió en los últimos meses para solucionar la situación jurídica del líder cristiano.

Todo comenzó hace cerca de tres meses cuando un intermediario se acercó a un miembro de la iglesia con una escueta propuesta a fin de ayudar a solucionar el caso. Según explicó el hermano del pastor, inicialmente el supuesto intermediario no fue muy explicito en la forma de detallar cómo sería la ayuda.

Pasaron entonces varios meses, hasta que el pasado primero de junio volvió a aparecer el intermediario en las instalaciones de la iglesia “Ministerio Apostólico y Profético Salem”, ubicadas en el antiguo teatro Alcázar de Pasto. Ese día le pidió a un miembro de esa comunidad religiosa que le hiciera llegar una información muy importante a la familia del pastor Gámez. En concreto, manifestó que era muy amigo del juez que tiene el caso del pastor y que proponía que se le entregara un dinero para “arreglar” la sentencia.

La oferta incluía una pena mínima y casa por cárcel, y según el relato conocido por El Espectador.com y que aún no hace parte del proceso, el intermediario manifestó que fue el propio juez quien le pidió llevar esta información. “Dijo que el pastor no iba a salir de la cárcel por nada, que el juez ya tenía decidido condenarlo por la presión social y la de la defensa de las víctimas”, relató Leonardo Gámez.

Fue entonces cuando vino la concreta propuesta económica del intermediario; el supuesto giro de $100 millones con la garantía de lo acordado, es decir, pena mínima y detención domiciliaria para el Gámez. Con un componente adicional de la oferta y es que si no tenían el dinero, podría haber una financiación. El hombre inclusive rebajó su demanda y propuso que con sólo $10 millones le podrían revocar la medida de aseguramiento en la siguiente audiencia.

Según el comprometedor testimonio del familiar del pastor Gámez, el miembro de la iglesia grabó las conversaciones con el intermediario y afirma que éste le decía, entre otros asuntos, que la defensa le estaba mintiendo a la familia al darle esperanzas de que próximamente saldría en libertad.

Vino luego una nueva conversación entre el intermediario y el miembro de la iglesia. Fue el pasado 4 de junio, cuando el indiciduo subió la tarifa a $200 millones. Un aumento que justificó en que tenía que indemnizar a las víctimas. Con base en estos elementos el pasado miércoles 12 de junio efectivos de la Sijin de la policía, capturaron al ex concejal de Pasto, Juan Carlos Mora Ramos.

El hermano del pastor reiteró que el intermediario aseguró que si no se le entregaba el dinero, el juez lo condenaría a la pena máxima y que nunca por medio de derecho iba a lograr su exoneración. Reiteró también que si es condenado debe pagarse una millonaria indemnización solicitada por el abogado de las víctimas cercana a los $1.500 millones.

Como se recordará el pastor Álvaro Javier Gámez Torres, fue acusado por Jairo Alberto Fajardo Rondón, Fiscal 52 de Pasto, el pasado 5 de octubre de 2012, en el caso de su inaceptable comportamiento de ser un líder espiritual que sostuvo relaciones íntimas con varias de las integrantes de su comunidad religiosa.

Un proceso que se complicó el pasado 6 de juniom cuando, nuevamente ante el juzgado 5 municipal de Pasto, en audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento, la Fiscalía presentó cinco nuevos casos de mujeres en los que el pastor Gámez habría incurrido en acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.

Sin embargo, la defensa de Gámez sostiene en diversos escritos y entrevistas incorporadas en el proceso una tesis que en consideración del ente acusador es inaceptable. Se trata de entrevistas realizadas previamente a varias audiencias a algunas de las víctimas en el sentido de que: “Tuvieron relaciones sexuales de manera libre y espontánea con Álvaro Gámez y que en ningún momento las obligó a estar con él”. Dichas declaraciones de algunas de las víctimas fueron rendidas ante el investigador privado Mauricio Castillo el 23 de Agosto de 2012.

En otra circunstancia una de las víctimas se abstuvo de rendir la entrevista argumentando que en su momento tenía una relación con una pareja estable y no quería que se tuviera conocimiento público de su vínculo sexual con el pastor en razón a que se vería afectada frente a su compañero de siempre.

El proceso del pastor Álvaro Gámez, sigue avanzando; para el próximo 27 de junio está prevista la audiencia preparatoria del caso en donde la Fiscalía destapará nuevas cartas. El ente acusador sigue firme para demostrar la responsabilidad del líder cristiano. Entre tanto en los juzgados de Pasto se sigue adelantando el caso y la firme teoría de la justicia más que algún vínculo del juez con una supuesta solicitud de dinero para tomar medidas en favor del acusado no es más que un caso de estafa por parte de un tercero, en este caso el exconcejal Juan Carlos Mora Ramos.

Entre tanto la defensa del pastor Gámez considera que en Pasto no hay garantías de imparcialidad en razón a que hay presión social y política. Argumenta además que el pastor incurrió en una falta moral y no en una infracción penal. Adjunta una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que señala que solo se configura la puesta en incapacidad de resistir cuando se somete por la fuerza a una persona, se le droga o se le embriaga.

En el caso del pastor Gámez, todas las mujeres con las que sostuvo los encuentros íntimos son mayores de edad. Inicialmente se conoció que fueron 27 miembros de su comunidad las afectadas. La cifra, por ahora según las investigaciones de la Fiscalía son siete que hacen parte del proceso.

La sociedad en Pasto, las mujeres y sus familias claman que se haga justicia frente a las actuaciones impropias del pastor Álvaro Gamez a quien consideraron durante muchos años un líder espiritual. La Fiscalía sigue barajando múltiples pruebas en su contra. La defensa pide que ante tantos hechos jurídicos y mediáticos se traslade el proceso a una jurisdicción que dé mayores garantías e independencia judicial. El proceso sigue caliente.

Las nuevas peleas que libra Millonarios

Sun, 16 Jun 2013 02:00:00 GMT

Hace tres años la situación de Millonarios era caótica. A las puertas del descenso, debía más de un año de aportes a seguridad social y cesantías, a la DIAN no le cancelaba impuestos en cuatro años, estaba cercado por los pleitos civiles y laborales, tenía severos retrasos en el pago de la nómina de jugadores y empleados, y se encontraba en causal de liquidación por incumplir la Ley de Quiebras. Hoy es el actual campeón de Colombia y tiene un sólido presente económico, pero ha vuelto al ojo del huracán por señalamientos a la forma como recuperó sus finanzas.

Todo empezó en marzo de 2010, cuando el entonces ministro del Interior, Fabio Valencia, le sugirió a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, dueña del 29,15% del equipo, buscar una ruta de salvamento económico del club y propuso como facilitador al empresario antioqueño José Roberto Arango. El entonces director de la DNE, Ómar Figueroa, contactó a Arango y éste aceptó con la condición de que el asunto se resolviera en un par de meses y que pudiera hablar con todas las personas con intereses en Millonarios.

En aquella época oficiaba como presidente del equipo el abogado Juan Carlos López, quien recuerda que, por iniciativa de José Roberto Arango, la primera reunión para hablar de un posible comprador se realizó en la casa del comisionista de bolsa Juan Carlos Ortiz. Al encuentro acudió el exministro de Defensa Camilo Ospina y el también corredor bursátil Gustavo Adolfo Talo Mejía. La idea era que los dos inversionistas, y otra gente cercana a sus negocios, se quedaran con el club. En ese tiempo Proyectar Valores e Interbolsa eran los reyes del mercado de acciones.

Por esta razón, la noche del 10 de mayo de 2010, cuando se realizó la asamblea general ordinaria del club para socializar ante los socios la ruta de salvamento trazada por José Roberto Arango, después de que éste explicó su plan, el entonces presidente Juan Carlos López, luego de exponer la situación del equipo, aportó su conclusión: la única salida era vender el equipo. Entonces aportó un comentario inequívoco: “A la hinchada no le interesa si el equipo es de Interbolsa, si es de Juan Carlos Ortiz o si es de cualquiera de nosotros, lo que le interesa es que el equipo gane”.

La discusión se prolongó hasta la una de la mañana del día siguiente, salieron a relucir todos los entuertos económicos, y quien más escéptico se mostró fue el expresidente del club Jorge Franco, pero al final se aprobó la idea de José Roberto Arango. Con su advertencia de que Millonarios no aguantaba una valoración como compañía y la recomendación de que el Ministerio Público acompañara el proceso, se modificaron los estatutos y se aprobó la venta de los tres activos del club: la marca Millonarios, el valor de la ficha y el costo de los derechos deportivos de los jugadores.

Con la aprobación de la asamblea de que en ningún caso el precio de la enajenación podía ser inferior al valor de todos los pasivos actualizados, más los costos de la operación, en calidad de nuevo presidente del club, José Roberto Arango quedó habilitado para vender a Millonarios. Según él, sobre la base de pedir $30.000 millones, contactó a más de 10 inversionistas y a dos corporaciones deportivas. Postobón, Bavaria, Davivienda, Telmex, Telefónica, Cafam, Alkosto, Pacific Rubiales, entre otras, no mostraron interés en el negocio por las excesivas deudas del club.

El grupo Colpatria propuso pagar una cuota de alquiler a largo plazo sin comprometerse a pagar los pasivos, pero Arango consideró inconveniente la fórmula. Mes y medio después de la asamblea, la firma Compass Branding SAS certificó el valor de la marca en $14.547 millones. En cuanto a la ficha, de conformidad con los valores establecidos por la Dimayor, se determinó su costo en $2.575 millones. Respecto a los futbolistas, con la colaboración del técnico Luis García y el gerente deportivo Héctor Céspedes (q.e.p.d.), un grupo de 24 deportistas fue tasado en $6.920 millones.

En síntesis, la valoración de los tres activos quedó en $24.215 millones, al que debía sumarse el lote Fontanar, situado en el norte de Bogotá, donde entrenaba el equipo, valorado en $30.000 millones. Sin embargo, sobre este bien, considerado la joya de la corona, existe un lío mayor. Sólo el 70% es propiedad del club, el 30% restante es de la DNE. Con otro problema a bordo: en 2008, para cumplir con la Ley de Quiebras, Estupefacientes le prestó a Millonarios $4.200 millones. Es decir, que el día que se venda el lote habría que descontar otro 20% en favor del organismo oficial.

Con estas cuentas sobre la mesa, el 2 de julio de 2010, José Roberto Arango recibió la primera y única oferta: $24.000 millones por la marca, la ficha y los derechos deportivos de los jugadores, sin condiciones publicitarias de ninguna índole y el compromiso de transformar el equipo en una sociedad anónima, dentro de los términos de la Ley del Deporte. La propuesta llegó del comisionista Carlos Adolfo Talo Mejía, presidente de la holding Proyectar Latinoamérica, socia mayoritaria de Proyectar Valores y directivo de la Bolsa Mercantil de Colombia, entre otros negocios.

Arango consultó con los dueños del equipo, la Corporación Deportiva Los Millonarios, y con su aval aceptó la oferta. Junto a 13 personas naturales y jurídicas más, algunas de ellas con dineros comunes, pero autorizados por la Superintendencia Financiera, el inversionista Carlos Adolfo Mejía constituyó la sociedad Azul y Blanco para acceder a la compra. No obstante, mientras se formalizaba la transferencia y como se requería empezar a hacer pagos en el interior del club y cubrir el desembargo de la DIAN, el 15 de julio se firmó un contrato con la Fiduciaria Petrolera S. A.

En esas condiciones se cerró el negocio. Coldeportes dio su autorización para que Azul y Blanco operara como sociedad deportiva, los nuevos dueños crearon una junta directiva, otorgaron permiso a Arango para que contratara un nuevo cuerpo técnico, éste lo hizo en cabeza del entrenador venezolano Richard Páez y arrancó una nueva historia. En marzo de 2011, tal como estaba convenido, Azul y Blanco hizo una emisión de acciones en el mercado de valores y se recogieron más de $9.000 millones. El equipo quedó en manos de 4.125 nuevos socios.

Hasta ese momento todo iba a pedir de boca. Pero en mayo de 2011 la firma comisionista de bolsa Proyectar Valores solicitó su inactivación. Casi de inmediato el Estado ordenó someterla a vigilancia especial y en octubre del mismo año la Superintendencia Financiera ordenó su liquidación forzosa. Además de los señalamientos por sus transacciones con los primos Manuel, Miguel y Guido Nule, protagonistas del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, la firma comisionista fue objeto de diversos cuestionamientos por el manejo de sus negocios.

Fue un campanazo duro en el mundo bursátil que golpeó también a Gustavo Adolfo Mejía, Juan Carlos Ortiz y a otros de los primeros inversionistas de Azul y Blanco. No obstante, el asunto no dio para escándalo y en cambio en el nuevo Millonarios, de la mano de la junta directiva encabezada por la exministra Noemí Sanín, el proceso de saneamiento económico siguió su marcha. El siguiente paso fue conseguir a un nuevo presidente. La firma cazatalentos Korn Ferry International lo hizo y en febrero de 2012 llegó al club profesional el economista Felipe Gaitán.

Aunque en el primer semestre de 2012 los resultados deportivos no fueron óptimos, en el segundo el equipo salió campeón. No lo era desde 1988, es decir, 24 años de espera. En ese momento el proceso de Millonarios era un ejemplo para el fútbol colombiano y José Roberto Arango, ya dedicado a sus negocios, el gestor de este milagro económico. Sin embargo, por los mismos días en que el equipo alzaba la copa de la victoria, estalló el escándalo de la quiebra de Interbolsa, y a la vuelta de la esquina, lo que era sólo aplausos, pronto empezó a volverse un alud de suspicacias.

La razón: la asociación de varios nombres entre los primeros 14 inversionistas de Azul y Blanco con el lío de Interbolsa. El italiano Alessandro Corridori, el mismo que desató el escándalo de los repos de Fabricato. Juan Carlos Ortiz, el artífice de Proyectar Valores, Interbolsa, el Fondo Premium y un sinnúmero de empresas en siete países. Gustavo Adolfo Talo Mejía, del combo de Proyectar Valores y la Bolsa Mercantil de Colombia. Tomás y Rodrigo Jaramillo, los creadores de Interbolsa. Hélber Otero, Luis David Peña, Alejandro Martínez y algunas empresas.

Como si fuera poco, los antiguos dueños de Millonarios, que ya venían inconformes con el proceso económico, comenzaron a alzar su voz para reclamar incumplimientos en los acuerdos de pago. En calidad de presidente de la corporación que antes tenía la ficha, el empresario del transporte Fidel Martínez es quien hoy encabeza los reclamos y el blanco de sus ataques es José Roberto Arango. Dice que se saltó a la asamblea, que les deben dinero, que la valoración de la marca se hizo por lo bajo y que los encartaron con los impuestos de la DIAN, entre otros aspectos.

El expresidente Juan Carlos López se sumó a su pelea y manifestó que el Estado está obligado a aclarar de dónde salió el dinero de Azul y Blanco. En diálogo con El Espectador, admitió que la situación del equipo en 2010 era calamitosa, pero al igual que Fidel Martínez, el técnico Luis García y el abogado Santiago Rendón, sostienen que las cuentas no están claras, que no se pagaron en su totalidad los $24.000 millones del acuerdo inicial, que se generó una ganancia ocasional en Azul y Blanco que no está aclarada y que tienen derecho a ser oídos por las autoridades.

El Congreso ya lo hizo y en la Comisión Tercera el representante Ángel Custodio Cabrera realizó un duro debate para cuestionar todo el proceso de Azul y Blanco. La Contraloría y la Superintendencia de Sociedades ya tomaron cartas en el asunto y examinan las cuentas. La Procuraduría decidió abrir una indagación preliminar con el propósito de establecer si hubo detrimento patrimonial para el Estado en la venta de Millonarios y les pidió a todos los organismos que participaron en el proceso, certificaciones para evaluar qué sucedió con los recursos públicos.

Por lo pronto, su presidente Felipe Gaitán sostiene que Azul y Blanco no es objeto de ninguna investigación y que el negocio fue claro: se pagaron $24.000 millones, de ellos $15.024 millones fueron girados a los acreedores de la antigua corporación, $5.029 millones se otorgaron a la conciliación con los antiguos dueños y el hecho quedó legalizado en la Superintendencia de Sociedades. Además, la antigua corporación recibió $3.485 millones de los patrocinadores por adelantado y $462 millones más girados por la Dimayor por derechos de televisión de Azul y Blanco.

Pero el tema está al rojo vivo y la causa mayor es Interbolsa. Talo Mejía salió de Azul y Blanco. Alessandro Corridori hizo lo mismo. Ambos vendieron. De Juan Carlos Ortiz se dice que controla el equipo a través de socios y empresas que se repiten, pero oficialmente sólo posee el 3,4%, cuya parte no puede negociar porque está embargada. Consultado sobre el asunto observó: “El tema de Azul y Blanco está documentado y resiste cualquier escrutinio. En la película que los Jaramillo quieren montar contra Arango, soy un simple espectador. No participo ni de extra”.

El dilema del lote Fontanar

Los líos de Millonarios datan de los años 80, cuando se permitió que al club ingresaran los dineros del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. La justicia le aplicó al equipo la Ley de Extinción de Dominio y en agosto de 2001 un juzgado ordenó que el 29,15% del club pasara al dominio de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Básicamente hoy esta posesión está representada en el 30% de los derechos del llamado lote Fontanar, un predio de 12 hectáreas valorado en unos $30.000 millones. El problema es que el lote está ubicado en el llamado Plan Zonal del Norte, que no se ha definido en una norma legal. Así las cosas, no se puede vender.

En estas condiciones la situación es interna. Además, Estupefacientes les prestó $4.200 millones a los antiguos dueños que tendrían que descontarse del 70% del costo que pertenece al club. Si a eso se le suman las comisiones de los abogados, el pago de otros créditos y algunos pormenores, el lote es un problema por ahora sin solución.

Las explicaciones de José Roberto Arango

El empresario José Roberto Arango manifestó que no se ganó un peso en el tema de Millonarios y que todos sus aportes a la ruta de salvamento se hicieron con aprobación de la junta directiva de la corporación. Cuando se escogió Azul y Blanco, la sociedad fue examinada por la Superfinanciera.

En cuanto a Tomás Jaramillo, insistió en que no participó en la compra de Millos y que cuando éste dice que del Fondo Premium de Juan Carlos Ortiz salieron $5.000 millones, la realidad es que ese dinero aún lo adeuda Azul y Blanco y está debidamente registrado en sus libros contables.

Referente a la acusación que hace Fidel Martínez, en el sentido de que la sociedad Tamaco Arango, de su propiedad, lo hizo vendedor y comprador al tiempo de parte del equipo, Arango manifestó que esa sociedad se utilizó para unos negocios con Financiera Dann y Proyectar, pero jamás para el caso de Millonarios.

Los argumentos del presidente del equipo

El presidente de Millonarios, Felipe Gaitán, manifestó que lidera un proceso sólido financieramente, que crece en sus ingresos y que da utilidades después de muchos años. Según él, porque su administración está regida por altos estándares de transparencia. Ya no lo acompañan Noemí Sanín ni Alfonso Gómez, pero la junta directiva es honesta. Consultado sobre cómo conoció a José Roberto Arango, manifestó que durante un homenaje que se le hizo, porque gracias a él se salvó el equipo. En cuanto a Juan Carlos Ortiz, que se lo presentaron en el estadio tres meses después de que asumió su cargo. De Talo Mejía, que sólo lo ha visto dos veces y nunca ha tenido relación alguna.

Gaitán aclaró que así como hay algunos socios en común en Millonarios e Interbolsa, de la misma manera hay relación con Ecopetrol, Avianca y muchas de las demás empresas que transan en la Bolsa de Valores de Colombia. Sin embargo, precisó que nunca hubo una relación directa entre Interbolsa y Millonarios antes de la liquidación del puesto.

La polémica herencia de Santiago Uribe Vélez

Tue, 11 Jun 2013 12:37:07 GMT

La explotación de unos títulos mineros en la vereda Bebará en los alrededores del municipio de Quibdó, tiene enfrentados al congresista Iván Cepeda y al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el ganadero Santiago Uribe Vélez.

Un debate que se puede dilucidar revisando la historia del grupo familiar en el último siglo. El asunto se deriva del vínculo matrimonial entre el bisabuelo materno de los Uribe Vélez, Juan de Dios Uribe Toro, quien contrajo matrimonio con Margarita Quijano Toro el 26 de Julio de 1888.

Una vez fallecido Uribe Toro, dejó de herencia a sus hijos el terreno que había adquirido en el referido sector aledaño a la ciudad de Quibdó. Según el certificado de libertad y tradición y su matrícula inmobiliaria expedida el pasado 4 de abril de 2013, es un terreno que tiene una extensión de 1250 hectáreas. La zona tiene abundante vegetación, es lluviosa y cuenta con importantes recursos madereros.

La tradición inmobiliaria da fe que Juan de Dios Uribe Toro había adquirido el terreno en mención a la sociedad Villa y Hernández, mediante escritura de la época.

Así las cosas los hijos de Uribe Toro, Juan de Dios, Margarita, Alicia del Socorro, abuela materna de los hermanos Uribe Vélez, así como María Rita, Bernardo Antonio, Antonio José y María del Sacramento, fueron falleciendo en el siglo veinte.

Posteriormente y con el paso del tiempo, los herederos de Juan de Dios, Margarita, Alicia del Socorro y María Rita Uribe Quijano, y Santiago Uribe Vélez, entre otros cincuenta beneficiarios, de la extensa área del terreno emprendieron una cruzada con el propósito de recuperar el dominio del predio que, según ellos, fue invadido por habitantes de la región para buscar la explotación minera, que de acuerdo con registros oficiales es significativa en el departamento del Chocó.

Fue así como desde hace aproximadamente cinco años, el propio Santiago Uribe Vélez y algunos de sus familiares empezaron una batalla jurídica para posesionarse del predio y contemplar la posibilidad de explotar el oro de aluvión que allí existe.

Consultado por El Espectador.com, Santiago Uribe Vélez destacó que: “Hasta el momento la tarea ha sido totalmente infructuosa por muchas razones, la principal es que en esa tierra no impera la ley de nuestro Estado de derecho”.

Uribe Vélez también explicó que es cierto lo manifestado por el ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo, en el sentido de que los títulos correspondientes al predio y su explotación están vencidos. Sin embargo, el ganadero Uribe Vélez denunció que el oro de aluvión existente en el predio de 1.250 hectáreas lo han venido explotando desde hace muchos años atrás sin permiso estatal invasores, que según él viven allí sin Dios ni ley.

Según explicó Santiago Uribe Vélez: “No soy captador de títulos mineros, soy un ciudadano común y silvestre, con derecho a disfrutar de una herencia que hasta el momento solo nos ha causado gastos y dolores de cabeza.”

En contraposición a las explicaciones del ganadero, el representante a la Cámara, Iván Cepeda denunció la semana pasada, que existiría una red de zares de títulos mineros que implica entre otros a Santiago Uribe, con la multinacional Anglogold.

Al respecto, la compañía minera ha manifestado que todos sus procedimientos en Colombia, frente a la actividad minera, están ajustados a la ley.

El parlamentario indicó que la minera Anglogold, estaría utilizando personas para captar títulos mineros y precisó que en el departamento del Chocó, Santiago Uribe aparece con 17 títulos mineros que luego fueron entregados a la multinacional.

En razón a estos hechos el parlamentario solicitó a las autoridades investigar esta situación, al tiempo que Santiago Uribe insiste en su condición de beneficiario de una herencia de 1.250 hectáreas que le dejó su bisabuelo hace más de un siglo. La polémica apenas comienza.

Intimidades de los cargos por Interbolsa

Sun, 09 Jun 2013 02:00:00 GMT

Siete meses después de que la Superintendencia Financiera dispusiera la toma de posesión inmediata de los bienes y negocios de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S. A., como consecuencia de la suspensión del pago de sus obligaciones, la Procuraduría determinó que esta intervención fue tardía y les imputó cargos a seis altos funcionarios del organismo de vigilancia. Su conclusión general es que a pesar de que tuvieron conocimiento de las irregularidades de la firma comisionista, no actuaron a tiempo y con su conducta no protegieron a los inversionistas y, en cambio, hicieron perder la confianza del público en el mercado bursátil.

La gravedad de los cargos imputados por el Ministerio Público, el pasado martes 4 de junio, deja ver que al parecer el Estado fue negligente a la hora de impedir que la cuestionada firma Interbolsa concretara diversas prácticas non sanctas, que hoy también son objeto de investigación penal en la Fiscalía. El Espectador tuvo acceso al documento de 229 páginas firmado por el procurador Alejandro Ordóñez sobre el caso Interbolsa, y en él se establece que, al menos en cuanto a los tiempos se refiere, la Superintendencia Financiera tuvo la opción de haber neutralizado un descalabro financiero que hoy constituye un escándalo insuficientemente aclarado.

Buena parte de las responsabilidades atribuidas por la Procuraduría a la Superintendencia Financiera recaen en su titular, Gerardo Hernández Correa, quien tomó posesión del cargo en septiembre de 2010. Según el pliego de cargos, este alto funcionario supo desde septiembre de 2011 de la posible manipulación de precios de las acciones ordinarias de Fabricato y del probable manejo de la liquidez de las acciones de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). Sin embargo, insistió la Procuraduría, no tomó medidas preventivas para evitar que el tema siguiera creciendo a sus anchas. Es decir, pudo evitar el escándalo y no lo hizo.

En julio de 2012, resalta el documento, el superintendente Hernández sabía que el comisionista Alessandro Corridori había manipulado la liquidez de las acciones de Fabricato, pues así se lo informaron un grupo de expertos, pero no reaccionó a tiempo, a pesar de saber que en el mercado de valores la prontitud y celeridad en la aplicación de medidas correctivas es crucial dada la volatilidad y rapidez con que funciona el sistema. De esta manera, no cumplió con su deber y desestimó las situaciones que por más de un año se avizoraban como atentatorias del mercado bursátil. La Procuraduría calificó lo sucedido como una falta disciplinaria grave.

Además, en el pliego de cargos formulado por el Ministerio Público, se recalca que el superintendente financiero, Gerardo Hernández, retardó la denuncia que tenía que instaurar ante la Fiscalía, razón por la cual presuntamente incurrió en una conducta dolosa. En términos generales, con base en una indagación adelantada en el Autorregulador del Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de Colombia, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la propia Superintendencia Financiera, el procurador Ordóñez puntualizó cuáles fueron los escenarios específicos que resultaron omitidos en el momento de que el Estado debía controlar.

La manipulación de los precios de la acción de Fabricato, una actividad detectada a partir del último trimestre de 2009 y hasta el cuarto trimestre de 2011, cuando un grupo de inversionistas liderados por Alessandro Corridori fueron aumentando paulatinamente su porcentaje de participación accionaria, utilizando para sus operaciones a la firma Interbolsa. Asimismo, las irregularidades del contrato de corresponsalía del Fondo Premium Capital, detectadas desde abril de 2011, pero que pasaron de largo captando dineros a pesar de una sanción pecuniaria de $50 millones impuesta por la Superintendencia Financiera.

El segundo de los encartados fue Diego Mauricio Herrera, superintendente delegado para la Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad. Según el documento conocido por El Espectador, él conocía desde septiembre de 2011 de la manipulación de las acciones de Fabricato, la liquidez de la Bolsa Mercantil y las anomalías en Interbolsa, pero nunca propuso acciones para neutralizar los riesgos. Con un agravante en su caso particular: había laborado con Interbolsa entre mayo de 2006 y abril de 2008, razón por la cual debió declarase impedido y no lo hizo. La Procuraduría consideró que Herrera pudo haber incurrido en conflicto de intereses.

Además estableció vínculos de amistad con la mayoría de los funcionarios, directivos y representantes legales de Interbolsa, por lo cual, con mayor razón, estaba en el deber de manifestar su impedimento para conocer decisiones relativas a la aludida firma comisionista de bolsa. La Procuraduría consideró, frente a este caso específico, que al igual que el superintendente financiero, Gerardo Hernández, sabía muy bien lo que estaba sucediendo en el mercado de valores con Interbolsa, pero no dijo nada que pudiera neutralizar el descalabro financiero. Sus intereses particulares terminaron cruzados con los de Interbolsa y prevalecieron más sus relaciones de amistad con funcionarios y personas con cargos directivos en la entidad cuestionada.

La señora Rosita Esther Barrios Figueroa, en su calidad de superintendente delegada adjunta para la Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, fue la tercera persona afectada por las investigaciones de la Procuraduría. Al igual que los imputados antes descritos, el Ministerio Público le atribuye hacerse la de la vista gorda frente a su deber de denunciar ante la Fiscalía lo que había conocido. Según el documento del pliego de cargos, sus labores de supervisión se dieron con gran laxitud, al punto de que delitos dolosos, preterintencionales o culposos que debieron ser evaluados por la funcionaria, nunca se tuvieron en cuenta como dice la ley.

El caso de la funcionaria Sandra Patricia Perea Díaz, para el momento de los hechos superintendente delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y otros agentes, su responsabilidad está relacionada con haber omitido dar aviso de las irregularidades que se detectaron en septiembre de 2011 respecto a infracciones al mercado de valores ejecutadas por Interbolsa. Ese fue el único cargo en su contra. Tuvo en sus manos 11 hallazgos con anomalías de la firma comisionista, en especial sobre negocios prohibidos que se venían presentando reiteradamente, pero no fue precavida para contrarrestar los daños causados a los inversionistas.

Finalmente, el documento del Ministerio Público examinó la conducta de Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores y otros agentes, y Juan Pablo Arango Arango, superintendente delegado adjunto. Sobre el primero, la Procuraduría pretende establecer por qué si conocía desde 2011 las irregularidades de Interbolsa respecto al contrato de corresponsalía en el exterior con Premium Capital, no emitió las órdenes necesarias para que se suspendieran de inmediato las prácticas ilegales. La Procuraduría observó que incumplió con su deber de salvaguardar los activos de los inversionistas.

Un caso similar al de Juan Pablo Arango, a quien el Ministerio Público le imputó básicamente un cargo: no haber tomado medidas preventivas para neutralizar daños a los inversionistas ni haber conminado a los superintendentes delegados para que obraran en defensa del mercado y la confianza pública en la Bolsa de Valores. En la evaluación del único cargo imputado en su contra, la Procuraduría determinó que Arango al parecer actuó con plena voluntad de abstraerse al cumplimiento de sus deberes, pues conocía la situación de Interbolsa y literalmente pasó de agache en vez de dejar constancia de lo que estaba sucediendo en el mundo bursátil.

En términos generales, la decisión del procurador Alejandro Ordóñez puso el dedo en la llaga sobre un escándalo que se ha venido revelando a cuenta gotas en los medios de comunicación, pero que la justicia apenas empieza a aclarar. Ya es de conocimiento público que se manipuló la acción de Fabricato y que la compra de repos desnudó lo que venía pasando en Interbolsa. Lo demás, es decir, el Fondo Premium Capital, las acciones de la Bolsa Mercantil o la misma actuación de Interbolsa como sociedad administradora de inversiones, constituyen temas cuya incidencia es un enigma que la Fiscalía también empieza a meterle los dientes.

Por coincidencia o no, tanto en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá como en el caso Interbolsa, hay un denominador común: deslumbrados por su poder, hubo un momento en que el sector privado y el sector público estaban encantados por este ascenso. En su momento, los primos Guido, Manuel y Miguel Nule llegaron a ser los nuevos cacaos y a ellos acudían decenas de empresarios de todo el país. Otro tanto ocurrió con Interbolsa, que a finales de 2011 representaba la firma comisionista de bolsa con más participación en el mercado de valores. En ese tiempo llegó a tener el 32% de los activos totales de las 29 comisionistas de bolsa que aún operan en el país.

Sin embargo, tanto en un caso como en el otro, lo que se ha venido demostrando es que, como reza el refrán, la avaricia rompe el saco. Hoy los Nule están presos y Bogotá vive una verdadera crisis causada por las revelaciones de cómo hizo la corrupción para convertirse en un asunto cotidiano en la administración pública. Algo parecido a lo que se está desnudando alrededor del caso Interbolsa: de qué manera el mercado bursátil, a partir de escenarios como Interbolsa o Proyectar Valores, fueron escenarios de un enriquecimiento progresivo que la justicia está en la obligación de determinar si se hizo con métodos legales o defraudando la confianza de los inversionistas.

Hora cero para la imputación en Fiscalía

El próximo 26 de junio la Fiscalía imputará cargos contra las primeras 15 personas implicadas en el escándalo de Interbolsa. Se trata de directivos y personas asociadas con las empresas del italiano Alessandro Corridori. En consideración del ente acusador, estas personas, entre ellas cuatro directivos de la firma comisionista, deben responder por los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, abuso de confianza y concierto para delinquir.

Se ha conocido que los imputados serían Rodrigo Jaramillo, presidente del Grupo; Álvaro Tirado Quintero, presidente de la firma comisionista, y los señores Javier Villadiego y Juan Camilo Arango, integrantes del comité de riesgos de la misma. También serán llamados a audiencia de imputación el inversionista italiano Alessandro Corridori, su esposa Claudia Jaramillo, su cuñada, la inversionista María Eugenia Jaramillo, y Carlos Neira, representante de P&P Investment S. A. S., sociedad ligada al italiano.

El informe inédito del regulador

Dentro de la investigación de la Procuraduría se encontró un informe del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) sobre el caso de Fabricato. Mostró que existió posible afectación del precio de la acción por operaciones celebradas por accionistas de la compañía. También evidenció 22 operaciones al parecer acordadas previamente y sin surtir el trámite correspondiente. Se encontraron ocho accionistas que negociaron el 50% del volumen transado y sobre los cuales hay vínculos probados. Según el informe del AMV, cinco compañías tienen como domicilio la misma dirección de Interbolsa S. A. Concluye además la auditoría, incrementos de la acción del 55,76%, mientras que el mercado decrecía en un 5,84%.

Reprueban empresas que vigilan los colegios

Sun, 02 Jun 2013 02:00:00 GMT

El martes de la próxima semana, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) adjudicará una millonaria licitación. Se trata del contrato del servicio de vigilancia para garantizar la seguridad de más de un millón de estudiantes de la capital, en su mayoría menores de edad. Sin embargo, una revisión a varias compañías que aspiran a renovar el servicio y a los antecedentes de los vigilantes, da cuenta de que al menos 300 de cerca de 2.200 de éstos tienen algún tipo de requerimiento judicial.

Los hallazgos iniciales hacen parte de un proceso de depuración que ordenó el secretario de Educación, Óscar Sánchez Jaramillo, a finales del año pasado. Se busca que las empresas y consorcios que aspiran a quedarse con un negocio de $66.351 millones para el suministro del servicio de vigilancia y seguridad privada, cumplan estrictamente con los requisitos de la licitación. Un asunto que debe cubrir 359 colegios y sedes administrativas en 17 localidades, a través de 1.487 puestos de vigilancia, durante los próximos nueve meses.

El negocio de la seguridad privada en Colombia no es de poca monta. En 2011 sus ingresos operacionales fueron de $4,8 billones. En sus diversas modalidades están registrados oficialmente 4.450 servicios de vigilancia remunerados, entre empresas, departamentos, escuelas, consultores, asesores e investigadores. Según un estudio de mercado elaborado en febrero pasado por la contratista Ana María Almeida, las empresas del sector han venido adecuando sus procesos y capacitando a su recurso humano a fin de contrarrestar los diferentes tipos de riesgo físico, electrónico y virtual.

En contraste, para verificar el adecuado funcionamiento de las empresas de seguridad en los colegios, más de 3.000 visitas técnicas y operativas efectuadas en marzo, abril y mayo por la Secretaría de Educación se convirtieron en el primer eslabón de una cadena de novedades. En cuanto a los vigilantes, en la revisión detallada de los antecedentes judiciales de 2.251 de ellos se encontró que 315 tienen algún requerimiento de la justicia y otros 82 registran números de cédula erradas o que no corresponde al celador reportado por la compañía a la Secretaría de Educación.

Otras conductas presuntamente delictuales y de alto impacto de algunos de los guardias, quienes cuidan a los menores de edad en los colegios del Distrito registran preocupantes antecedentes. En esta línea, nueve guardianes se han visto implicados en casos de abuso sexual contra menores de 14 años. Menos inquietante no es el hecho de encontrar dos casos de homicidio, al igual que otros dos por extorsión y secuestro, además de al menos 18 casos de hurto.

Varios informes muestran además que 68 guardias de los colegios tienen procesos por inasistencia alimentaria, 51 por violencia intrafamiliar, 47 fueron condenados por algún delito y 32 por lesiones. En una sola empresa de vigilancia contratada para vigilar colegios del Distrito se detectó que 75 celadores, es decir, el 23,8% del personal, estaban indiciados por algún delito (ver gráfico).

Con miras a la adjudicación de la millonaria licitación el martes, el panorama no es del todo claro. El informe de la Subsecretaría de Gestión Institucional da cuenta que hay desconocimiento y falta de implementación de un plan de vigilancia de los colegios. Muestra que cuatro empresas de seguridad tienen problemas con la renovación de su licencia. Destaca que los estudios de confiabilidad no cumplen con los estándares internacionales y como si fuera poco se detectaron varios casos de hurto a los bienes de las instituciones.

Paradójicamente, una encuesta realizada a los rectores de los colegios reflejó un nivel de satisfacción alto, de 4,0 sobre 5,0, con respecto a los servicios que prestan las compañías de seguridad y su personal en los centros educativos. Dotación, orden, cumplimiento de misiones, funcionamiento de alarmas, trato de los guardias hacía docentes y alumnos, fueron evaluados favorablemente.

El martes es la cita para definir a los ganadores de la cuantiosa licitación. Se recibieron 61 propuestas de empresas de vigilancia. La Secretaría de Educación dice que tomó medidas para garantizar transparencia. Entre tanto, muchos guardias con antecedentes penales cuidan de los niños en los colegios públicos de Bogotá.

Aborto legal en EPS, en mira de la Procuraduría

Thu, 30 May 2013 11:09:17 GMT

Justo cuando la Superintendencia de Salud de nuevo da un paso para que las EPS eliminen los obstáculos a las Interrupciones Legales y Voluntarias del Embarazo y presten de forma oportuna el servicio a las mujeres que buscan ejercer su derecho a abortar legalmente (en las tres causales que despenalizó la Corte Constitucional a través de la sentencia C-355 de 2006), una vez más la Procuraduría General de la Nación se presenta como el principal detractor. (Vea también: EPS: a cumplir con el aborto legal)

Tras conocerse la circular que expidió la Supersalud el pasado 26 de abril, en la que daba instrucciones a los prestadores del servicio de salud para que asuman las ILVE y lo incluyan como un servicio más del Plan Obligatorio de Salud, el Ministerio Público dejó ver una vez más su interés de cuestionar todas las normas alrededor del aborto legal en el país. A través de un cuestionario de siete páginas que la Procuraduría le envió al Superintendente de Salud, Gustavo Enrique Morales Cobo, el Ministerio Público deja entrever las dudas que tiene alrededor de las consideraciones que tuvo la superintendencia a la hora de expedir la circular.

Quien firma el documento es Ilva Myriam Hoyos, Procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, quien es reconocida en el país por ser una de las principales escuderas del Procurador General, Alejandro Ordóñez, en su cruzada contra el matrimonio homosexual y el aborto legal en el país. La funcionaria, a través de un oficio de siete páginas, hace una serie de preguntas con las que, de cierta forma, pone en tela de juicio la legitimidad de la Supersalud a la hora de regular la prestación de las ILVE.

Al menos, esa es la impresión que deja una de las preguntas que la funcionaria le hace al superintendente: “el señor superintendente entiende que el aborto, en los casos que despenaliza la sentencia 355 de 2006, constituye un “derecho fundamental”. Por favor sírvase en precisar por qué considera que la Supersalud puede, en ejercicio de su función de inspección, vigilancia y control, dictar las 15 instrucciones contenidas en esta Circular (…), al igual que restricciones y sanciones por su incumplimiento”.

De igual forma, en el documento la funcionaria le solicita al Supersalud que le exponga cuál fue la interpretación que hizo de las diferentes sentencias que tuvo en cuenta a la hora de elaborar la circular, lo cuestiona por tener en cuenta tutelas falladas con base a un decreto que declararon nulo y le indicó que la sentencia C-355 de 2006 “no tuvo por objeto consagrar el derecho al aborto, sino despenalizar tres eventos en los cuales su práctica no es constitutiva de delito”.

Esta no es la primera vez que Hoyos se dirige a la Superintendencia de Salud con el fin de intervenir en las instrucciones que dictan a los prestadores del servicio. En 2010 expidió una carta, al entonces superintendente Conrado Adolfo Gómez Vélez, en la que le solicitaba corregir una circular que este envió a todas las clínicas y EPS del país sobre el tema del aborto, donde atendía las órdenes dadas por la Corte y la cual era similar a la expedida en abril de este año, ya que solicitaba a las entidades de salud no poner obstáculos a las mujeres con derecho a abortar de forma legal.

Ante este cuestionamiento el Superintendente de Salud, Gustavo Enrique Morales Cobo, le respondió a la Procuraduría que, pese a que en la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en tres casos no se dictaron órdenes “específicas” a la entidad, la circular responde a una necesidad que se genera tras la decisión del máximo tribunal constitucional. De igual forma, el supersalud le aclaró a la procuradora Ilva Miryam Hoyos que no es su entidad la que elevó el aborto legal a la categoría de “derecho fundamental”, sino que fue la propia Corte Constitucional. Frente al hecho de haber justificado la circular en un decreto que es nulo, Morales Cobo dijo que esto era algo “irrelevante para efectos de dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional.”

Aunque hasta el momento no se tiene claro cuál será el siguiente paso de la Procuraduría en su tarea de eliminar las medidas que facilitan el acceso al derecho que existe en el país de interrumpir legal y voluntariamente el embarazo en casos muy específicos, lo que sí se tiene claro es que esta es una acción más del Ministerio Publico con miras a seguir en su trabajo de impedir que el aborto legal en Colombia sea un derecho de fácil acceso para las mujeres.

e-mail: dacortes@elespetador.com

Apretón en precios de los medicamentos

Sun, 26 May 2013 02:00:00 GMT

Uno de los grandes dolores de cabeza de los usuarios del sistema de salud y del Estado es el alto precio de los medicamentos. Por eso, a mediados de esta semana, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos estableció un nuevo sistema para optimizar el costo. Una decisión del organismo oficial que prendió las alarmas en la industria farmacéutica que considera que se van a reducir significativamente sus ingresos y que el nuevo sistema podría no garantizar la reducción de los precios en pequeñas farmacias.

En 28 artículos, la circular estableció un nuevo esquema de intervención de precios. Desde el pasado 21 de mayo y en 30 días se fijarán los precios máximos que se aplicarán con base en la comparación de precios de una lista de 17 países. En otras palabras, si el medicamento tiene un precio promedio de referencia superior al internacional, de inmediato la Comisión fijará un precio tope de venta. Según el Ministerio de Salud, se hará énfasis en los medicamentos de mayor impacto sobre el sistema hasta llevarlos a precios razonables. El Gobierno espera con la medida una reducción de gasto anual del 37%.

Sin embargo, no es la primera vez que el Estado intenta controlar los precios. En los años 70, con el desaparecido Instituto de Seguros Sociales, se adoptó un listado de medicamentos y un modelo de compras centralizadas que no funcionó. Una década después, en los 80, se buscó la reducción de precios a través del fomento de los denominados genéricos. Ya en los 90, con la Ley 100, aparecieron los medicamentos esenciales en el Plan Obligatorio de Salud.

En 2003 se creó la Política Farmacéutica Nacional y más recientemente, en 2011, se reformó la Ley 100 buscando optimizar la utilización, garantizar su calidad y evitar las inequidades en el acceso. Al igual, el vigente Plan Nacional de Desarrollo definió la necesidad de regular el uso de los medicamentos. Fueron más de cuatro décadas con un resultado similar: precios de medicamentos altos, ausencia de sistemas de información confiables y un mercado que facturó el año pasado cerca de $8 billones.

Paradójicamente, según cifras a marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por solicitud de la Comisión Nacional de Medicamentos, ha iniciado 5.832 procesos de investigación contra actores del sistema (laboratorios, clínicas y hospitales) por presunto incumplimiento del envío de los reportes de información sobre compras y ventas de medicinas en los años 2010 y 2011, y a la fecha ha impuesto 2.727 sanciones.

Pero fue la Corte Constitucional, en la Sentencia T -760 de 2008 y en el Auto 263 de octubre de 2012, la que ordenó al Ministerio de Salud expedir la regulación requerida para conjurar la crítica situación de sobrecostos de precios de medicamentos POS y No POS del sistema de salud. A partir de la advertencia de la Corte, el Ministerio agilizó el nuevo esquema de intervención de precios.

Y fue justamente desde febrero que la Comisión Nacional de Precios, integrada por Catalina Crane, delegada del presidente de la República; Alejandro Gaviria, ministro de Salud, y Sergio Díaz-Granados, ministro de Comercio, a través de su grupo técnico asesor, puso a consideración de los actores de la industria farmacéutica el borrador de la circular. Fue el 19 de marzo Afidro, tres días después la Andi, lo propio hicieron Asinfar, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y, hace pocas semanas, el grupo Socofar-Cruz Verde, que hicieron numerosas observaciones a la iniciativa.

Su sorpresa fue mayor esta semana cuando comprobaron que entre el borrador que fue puesto a disposición de la industria y la circular definitiva expedida no hay diferencias de fondo. De allí que los laboratorios prendieron las alarmas al considerar que ninguna de las observaciones en los canales institucional y comercial fueron tenidas en cuenta.

En el caso de algunos laboratorios multinacionales agremiados en Afidro, al igual que los hospitales y clínicas, no fueron aceptadas ninguna de sus diez observaciones. Frente a los nacionales agrupados en Asinfar la falta de diferenciación frente a los extranjeros no se modificó. En cuanto a la Andi no hubo aceptación de una matriz para trabajar la metodología de precios. Frente a los distribuidores, dicen que no se consideraron todos los costos de operación del negocio. Y en las farmacias, las que recibirán medicamentos a menor costo, hay indicios de que no se puede controlar fácilmente que los vendan al precio justo.

Al respecto, Nancy Huertas, directora de medicamentos del Ministerio de Salud respondió: “La medida la hemos construido durante varios meses. Y, por supuesto, la industria participó en esa discusión pública. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto”. El nuevo esquema de intervención de precios de medicamentos ya está en marcha, una medida de choque que busca reducir gastos, pero que tiene con fuerte jaqueca a la industria farmacéutica.

Los Moreno y las gasolineras

Mon, 20 May 2013 02:00:00 GMT

El pasado 24 de abril la Fiscalía le imputó cargos a Lucy Elvira Luna, esposa del exsenador Iván Moreno Rojas. Ese día el ente acusador le imputó el presunto delito de concusión. En consideración del organismo investigador la cónyuge y el exsenador habrían pedido dos estaciones de gasolina a los primos Nule a cambio de entregarles contratos en Bogotá. A instancias de varios procesos que adelantan las autoridades, El Espectador revisó las declaraciones que sobre el tema de las gasolineras entregaron a la justicia varios testigos.

Se trata de los testimonios de al menos diez personas, entre directivos del negocio, asesores, servidores públicos, políticos y condenados, quienes detallaron a la justicia qué pasó en 2008 cuando se despertó por parte de Iván Moreno y su esposa interés por las estaciones de servicio cuando se construía la vía Bogotá-Girardot.

En la audiencia de imputación Lucy Luna no aceptó cargos y el proceso avanza. Su abogado Iván Cancino ha defendido la inocencia de su cliente y ha argumentado que los señalamientos de la Fiscalía no fueron claros, por lo cual será muy difícil demostrar la culpabilidad de Luna.

Carlos Collins, Miembro de la junta directiva de la sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot

“En una reunión de la junta de Bogotá-Girardot se presentó Miguel Nule, que usualmente no iba a esas juntas, a pedir que se aprobara la cesión de parte de las bombas de gasolina al señor Iván Moreno. En términos generales no recuerdo que haya mencionado a la señora, sino al señor Iván Moreno como deseoso de que se le dieran las zonas exclusivas de la concesión.

Gustavo Petro, Alcalde de Bogotá

“Se ha constatado que entre los integrantes del Grupo Nule y el senador Iván Moreno o su esposa existieron conversaciones sobre la estación de gasolina, con dos versiones diferentes, la de Miguel Nule, quien afirma que a través de Álvaro Dávila y la firma de unos pagarés se le presionó para entregar esa concesión, y la del senador Iván Moreno, quien afirma que fue un ofrecimiento de los Nule a su familia”.

Francisco José Gnecco, Gerente general sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot 2007-2009

Expresó a la justicia que hubo una reunión con unos posibles interesados en ser proveedores del servicio de combustible. “Nos reunimos con el senador Iván Moreno y su señora Lucy Luna. En esa reunión se me pidió que explicara en qué consistía el proyecto, su ubicación y condiciones muy generales del proyecto. Con posterioridad a esa reunión me reuní en dos ocasiones con la señora Lucy Luna y una asesora que la acompañaba”.

Luz Stella Alzate, Asesora de Lucy Luna

Explicó que en 2008 vio un lote interesante en la vía Bogotá-Girardot, se contactó con Ómar Mogollón, empleado de los Nule, y se reunieron con él en sus oficinas de la calle 94, en el norte de Bogotá. “Le dije que tenía una persona que estaba interesada en el tema y como tres días después llevé a la señora Lucy Luna a reunirse con él. Más o menos un mes después nos reunimos con el señor Gnecco, quien era el gerente de la concesión, y ya conocimos más sobre el proyecto”.

Alejandro Botero, Piloto

“Nunca he tenido, nunca he aportado ninguna prueba en contra del senador Iván Moreno. Mis denuncias y mis pruebas que yo aporté a la Fiscalía y Procuraduría han sido en relación con Julio Gómez, Emilio Tapia, Javier Hadad y el entronque que tenían con la gente del IDU.

Germán Olano, Excongresista, condenado

Señaló a la justicia que escuchó a Miguel Nule que decía: “Estoy cansado, estoy harto de que Iván Moreno me solicite dos estaciones de gasolina”. Y aseveró posteriormente: “Germán, yo no puedo entregar dos estaciones, yo voy a entregar una sola, porque la otra no es de nosotros, eso es de Collins”.

Miguel Nule, Socio del Grupo Nule

Afirmó a la justicia que recibió presiones del senador Iván Moreno porque una estación de gasolina dentro de la concesión Bogotá-Girardot en el tramo Bogotá-Fusa que les correspondía a los Nule estaba siendo pedida por Moreno para que quedara a nombre de su esposa.

Ómar Mogollón Briñez, Asesor comercial de la Unión Temporal Transvial

“Con la doctora Lucy la segunda reunión se dio con el doctor Miguel Nule y mi persona. Única y exclusivamente se trató el tema de las estaciones de servicio comercialmente, diciendo la señora Lucy de Moreno que si era posible adquirir arrendar uno de estos sitios para la empresa que ella representaba, que era comercializadora de hidrocarburos”.

Carlos Vicente de Roux, Concejal de Bogotá

Reseñó declaraciones en medios de Miguel Nule sobre presiones de Iván Moreno para la entrega de la estación de gasolina y habló de una reunión en la que habría participado el abogado Álvaro Dávila y en la que les habrían exigido a los Nule una comisión para Iván Moreno.

Inocencio Meléndez, Exsubdirector jurídico del IDU, condenado

“El conocimiento que yo tengo de las bombas de gasolina fue porque me lo dijo el señor Carlos Arturo Gómez, que esas bombas eran para el senador Iván Moreno, pero bogotá-Girardot con ocasión de lo que para ese momento se estaba negociando, que era la adición de la ALO”.

La declaración de Francisco José Gnecco

Uno de los testimonios a la justicia, que muestra con mayores detalles cómo era la iniciativa de construir estaciones de gasolina en la vía Bogotá-Girardot, es el de Francisco José Gnecco, quien durante dos años fue gerente general de la concesión.

Al respecto Gnecco explicó a las autoridades en varias declaraciones que luego de diversas reuniones: “Le pregunté a la señora (Lucy Luna) cuál era su propuesta con el fin de ser llevada a junta directiva y analizada, y en que consistía el negocio, cómo visualizaba ella ese negocio, si era una operación conjunta o un arriendo, y, en general, cuál era la oferta económica que hacía. Ella manifestó que ese tema no lo discutiría conmigo sino directamente con los señores Nule, razón por la cual no volví a reunirme con ella, pues no tenía mucho objeto”. Afirma Gnecco que posteriormente Miguel Nule planteó a los miembros de la junta directiva en varias ocasiones su interés de cederle el negocio a Lucy Luna, pero nunca fue claro y por eso se desestimó.

La paz y la caída del gasto militar

Sat, 18 May 2013 18:55:22 GMT

El objetivo que se trazó el presidente Juan Manuel Santos desde su llegada, de alcanzar la paz en Colombia, hoy parece tener efectos sobre el presupuesto de las Fuerzas Militares para la compra de armas y municiones. Si bien los diálogos de La Habana (Cuba) se adelantan en medio del conflicto y el presidente ha insistido en que, de fracasar, todo seguiría igual a como venía, lo cierto es que el actual gobierno ha reducido la compra de productos militares en el mercado local. Lo paradójico es que mientras se registra esta reducción, la que repunta es la venta de armas a civiles y a empresas de seguridad.

Los datos están consignados en el último informe de gestión de la Industria Militar Colombiana (Indumil), empresa estatal que tiene el monopolio de venta de armas en el país. En el documento, conocido por El Espectador, se observa cómo cayeron sus ventas durante 2012, que se explica así: “La línea de productos militares ha decrecido debido a las nuevas políticas gubernamentales basadas en la búsqueda de la paz. Esto se ve reflejado en el recorte al presupuesto de las FF.MM., cliente principal del sector”. Esto indica que los acercamientos con las Farc han sido el motivo principal del recorte del gasto militar.

De acuerdo con el balance de la compañía, consignado en un informe de 215 páginas, se encuentra que mientras que en 2008 (gobierno Uribe) vendieron productos militares por valor de $191.000 millones, en los últimos años este rubro de venta ha disminuido de forma paulatina y el año pasado cayó a $55.000 millones. En cifras concretas, durante el gobierno Santos la compra a Indumil de armamento, munición, bombas, granadas y demás elementos para la FF.MM. ha caído 72%.

Aunque Indumil no sólo fabrica armas, munición y explosivos para las Fuerzas Militares, entre 2003 y 2009 este cliente representó entre el 40 y el 70% de sus ventas. Por ejemplo, en 2009 los ingresos operacionales de la empresa fueron de $475.844 millones, de los cuales $180.000 millones fueron negocios con la Fuerza Pública. Sin embargo, desde entonces esta línea de negocio viene en picada, al punto de que el año pasado representó apenas el 12,5% de sus ingresos. Es decir, $55.000 millones de los $400.000 millones que reportaron el año pasado.

La principal caída fue en la venta de fusiles, munición y granadas. La de explosivos y bombas se mantuvo estable. En cuanto a fusiles, Indumil comentó que mientras en 2011 vendieron $44.000 millones, el año pasado fueron $18.000 millones, lo que representó una reducción del 58%. En cuanto a granadas, las ventas cayeron de $9.400 millones en 2011 a $1.700 en 2012, lo que representó una caída del 81%. En este punto, la compañía explicó que “el Ejército Nacional...posee inventario de granadas para cinco años, debido a la disminución de las operaciones militares”.

En el caso de la venta de municiones hay algo particular. Mientras en 2011 las FF.MM. le compraron a Indumil balas de todos los calibres, por casi $42.000 millones, en 2012 gastaron $5.600 millones, lo que representa una reducción del 86%. Algo llama la atención: a pesar de que la Industria Militar del Estado fabrica la mayoría de proyectiles que requieren las FF.MM., Indumil atribuyó la caída de ventas a que “no hubo pedidos por las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional, porque le compraron a proveedores extranjeros”. Los directivos de Indumil calificaron esto como un contrasentido.

Frente a este panorama el analista Alfredo Rangel opinó que es claro que las operaciones militares ofensivas han tenido sustanciales reducciones con relación a años anteriores. “Este factor ha sido aprovechado por la guerrilla para aumentar sus acciones terroristas en el país, en especial en departamentos como Cauca, Santander, Arauca, Antioquia y Caquetá”. Y agregó: “Nuestros análisis han señalado que esa merma de operaciones militares se debe a la incertidumbre jurídica. Pero si es cierto que esta reducción se debe a la disminución de compras a Indumil, con el argumento de la política de paz, deben dar una explicación. También lo tiene que hacer el ministro de Defensa, los comandantes y toda la cúpula militar”.

Por su parte, Armando Borrero, analista y profesional de la Escuela Superior de Guerra, señaló: “Es difícil determinar a qué pueda obedecer esta baja. Pudo haber un equipamiento episódico que hoy no se está dando. En lo del gasto de munición, puede ser que ahora casi no hay combates y la mayoría de bajas de la Fuerza Pública se da por la minas antipersona. Pero son especulaciones. Ahora, también puede ser que haya un recorte en las FF.MM. y no han podido comprar, pero no creo que se pueda decir que es por la paz, pues es algo que no se ha concretado”.

Aunque la reducción de gasto militar es una medida que celebran los amigos de la paz y que critican los defensores de la carrera armamentista en procura de la seguridad, hay un ingrediente adicional que preocupa y que también se descubre tras analizar el balance de Indumil: la venta de armas a civiles y a empresas de seguridad privada recupera terreno. Es decir, los colombianos se están volviendo a armar.

En los últimos años las cifras de venta de armas a particulares habían caído drásticamente por las políticas de restricción a su porte, al pasar de $30.000 millones en 2008 a $15.581 millones en 2011. Sin embargo, según Indumil, el año pasado el negocio repuntó al registrar un incremento de 40%, ya que en 2012 se reportaron ventas cercanas a los $21.500 millones. Los principales compradores fueron las empresas de seguridad privada (45%), seguidas de los civiles (31%) y las entidades del Estado (13%).

Tomando como referencia que un revólver de fabricación nacional se puede conseguir legalmente (con permiso) en casi $2 millones, los datos de ventas reportados por la Industria Militar indican que el año pasado llegaron a las calles del país casi 11 mil revólveres nuevos, de los cuales 4.840 están en manos de las empresas de seguridad privada; 3.340 en manos de civiles; 1.430, en entidades del Estado, y 770, en militares activos y retirados.

Un dato adicional, que sirve para dimensionar la situación: el año pasado la Industria Militar reportó ventas de munición por $7.203 millones. Los que más compraron fueron los civiles (38%), que duplicaron lo que facturó el Ejército Nacional (18%) y cuadruplicó la cantidad de las compañías de vigilancia (9%), la Armada Nacional (9%) y las empresas (10%). Aunque esto concuerda con el incremento de venta de armas a civiles, para Indumil la razón de estas cifras tiene que ver con la venta de cartuchos deportivos para torneos de tiro.

A pesar de que el recorte en gasto militar por la política de paz es un argumento que está en la página 10 del informe oficial de gestión de Indumil, que se elaboró en enero pasado, hoy el Ministerio de Defensa e Indumil lo quieren desmentir. Según ellos, esa afirmación es un “error garrafal” y la razón para la reducción en la compra de productos militares para la Fuerza Pública tiene otra explicación.

De acuerdo con Yaneth Giha Tovar, viceministra de Defensa para el grupo social y empresarial, esa es una relación que no comparte. Pese a que reconoció que se han dado recortes en el gasto militar, aclaró que nada tiene que ver con los diálogos de La Habana, sino con la falta de recursos que representó la eliminación del impuesto al patrimonio.

“Entre 2007 y 2010 tuvimos este impuesto y en esos años el Gobierno hizo grandes esfuerzos para equipar a las fuerzas. El presupuesto para gasto militar pasó de $200.000 millones a $400.000 millones en esa oportunidad. Sin embargo, con la eliminación del impuesto, el gasto también tuvo que disminuir. Afortunadamente en esos años quedamos al día en cuanto a necesidades de armamento y a partir de 2011 ya no hay tanta necesidad de comprar”, aseguró la funcionaria.

No se investigó a peces grandes de Interbolsa

Fri, 26 Apr 2013 04:30:55 GMT

¿Dónde estaba la Superintendencia Financiera mientras Interbolsa realizaba las operaciones ilegales y riesgosas que la llevaron a la quiebra? Es la pregunta que se hacen los miles de clientes de la comisionista que hoy contabilizan las pérdidas que sufrieron. De lo que encontró El Espectador, se diría que la respuesta parcial es que la entidad estaba investigando falsas pirámides.

Es lo que afirman los socios de una compañía de Bucaramanga dedicada a fomentar empresas de ciencia y tecnología. Su historia es el epílogo de la eficiencia de la Superfinanciera para indagar donde no debía y, en contraste, revela la lentitud para intervenir esa bola de nieve en que se fue convirtiendo Interbolsa.

Hace dos años la Superintendencia comisionó a Marco Fidel Martínez y a José Édgar Tobón para investigar en Bucaramanga, por captación ilegal, a una sociedad que funciona en una sede de la Universidad Industrial de Santander (UIS). La firma se llama Promotora de Empresas de Tecnología, Innovación y Ciencia (Pretic).

Ésta no capta dinero del público, como sí sucedía con Interbolsa, pero Martínez y Tobón aterrizaron prontamente en Bucaramanga para indagar acerca de la compañía. Curiosamente, para ordenar la investigación la Superfinanciera sólo se demoró dos meses desde el momento en que se formuló una queja de cuatro líneas en el portal de internet de la entidad.

“Nos traen al revisor fiscal o lo traemos con la policía”, exigieron de entrada Martínez y Tobón, según recuerda el representante legal de Pretic, Humberto Pradilla Ardila (autor de un libro sobre capital de riesgo y profesor titular de la UIS durante 30 años). Martínez y Tobón estuvieron una semana en Bucaramanga en las oficinas de Pretic. “Llegaron muy orondos comiendo helados a la sede Bucarica de la UIS en pleno centro de la ciudad”, añadió Pradilla.

La investigación empezó en marzo de 2011 y duró nueve meses más. “Cada 15 días nos mandaban un requerimiento”, sostuvo Pradilla. En diciembre de ese año la Superintendencia concluyó que Pretic no había violado la ley y archivó la investigación.

Los efectos de la visita, sin embargo, fueron devastadores para Pretic. De acuerdo con Pradilla, “el daño económico fue de $800 millones mínimo, y dejamos un año de hacer negocios. La investigación fue una calumnia. Se perdió toda la fe, todo el impulso. Se supo que estábamos investigados y perdimos credibilidad. Fue una picardía”.

Los socios de Pretic no entendieron en su momento por qué los estaban investigando, pues Pretic no recibe plata del público sino que funciona como incubadora de empresas. Por ejemplo, apoyó la creación de Ergostrikes, empresa santandereana única en Colombia que produce vehículos recumbentes, como bicicletas modificadas que mejoran la posición del cuerpo con un mínimo de esfuerzo. También impulsó la firma Vectorsonic, dedicada a eliminar los vectores de transmisión del dengue.

Humberto Pradilla consideró que la Superfinanciera fue irresponsable al investigar a una entidad que opera dentro de una universidad pública. “¿A quién se le ocurre que una universidad oficial va a permitir captación ilegal?”, dijo. Por su parte, Luz Ángela Barahona, la superintendente delegada que ordenó la visita, no devolvió una llamada ni contestó preguntas enviadas por El Espectador.

Alegando reserva, la Superfinanciera le negó a Pretic copia de la investigación. Pero gracias a un recurso de insistencia, el magistrado Óscar Armando Dimaté, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó que se le mostrara a Pretic el expediente. Fue así como un año después los socios de Pretic descubrieron con asombro el origen de la investigación. La queja de cuatro líneas aparecía presentada por John Herreño desde el correo electrónico john_herreño@hotmail.

“Hola, quisiera saber qué tan legal es esta compañía, y si tienen autorización para ejercer dicha actividad, parece una pirámide, porque he investigado y nada de lo que dicen es cierto, no existe ninguna de estas empresas exitosas que afirman tener. El directo responsable es un señor llamado Humberto Pradilla”. Ese era todo el sustento de la queja. Pero la Superfinanciera corrió.

Lo más anómalo de este episodio seguiría después. Humberto Pradilla reconoció el nombre de Herreño al leer la queja pues éste había trabajado en Pretic y desde 2008 ofició como socio. Lo recomendó un político local que dijo que Herreño tenía experiencia en la bolsa en Londres.

Como un cruce de casualidades, John Jairo Herreño Marín fue años después vicepresidente financiero de Invertácticas, la sociedad de Alessandro Corridori que se apoderó de Fabricato con préstamos que le facilitó Interbolsa, desviando el dinero de clientes que pensaban que su plata estaba en títulos seguros de renta fija.

Los visitadores supieron al llegar a Bucaramanga que el nombre que aparecía en la queja coincidía con el de un socio de la entidad investigada, pues recibieron copias de las escrituras. La Superintendencia sabía que la queja podía estar motivada por diferencias entre exsocios.

Según Pradilla, Herreño se fue disgustado porque le pidieron que devolviera las acciones que tenía por incumplir el compromiso de conseguir inversionistas para la incubadora de empresas. “Se fue arrechísimo”, anotó.

Pretic le pidió a Herreño $2 millones por el arriendo de la oficina que había ocupado en la sede Bucarica. Herreño no pagó. Se fue de Bucaramanga acosado por las deudas en otros negocios, dijo Pradilla. Cuando conocieron los antecedentes de la visita de la Superintendencia, los socios de Pretic sintieron que la entidad se había prestado para una venganza caprichosa de Herreño. Por eso presentaron una denuncia penal contra Herreño por injuria y calumnia.

La queja ante la Superfinanciera fue “una artimaña fraguada” para desacreditar a Pretic, según Alfonso Rivera Pérez, el abogado contratado por Pretic para adelantar la denuncia. En el mismo documento se lee que también se acusó por los mismos delitos a Cristian Alberto Arenas Díaz, quien utilizó el portal de la Superfinanciera con el mismo fin.

John Herreño fue hasta marzo miembro suplente de la junta directiva de Fabricato, la compañía que controlaba su jefe, Alessandro Corridori. Además, en 2012 fue durante varios meses asistente del presidente de la textilera, Juan Carlos Cadavid. Fabricato le pagaba a Herreño el arriendo de un apartamento en El Poblado, según reveló El Colombiano.

Herreño, de 33 años, es ingeniero financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y además perteneció a la junta directiva de Millonarios. Consultado por El Espectador, dijo que él no presentó la queja y que ese correo de Hotmail no es suyo. Señaló que cualquiera puede crear una cuenta con su nombre y agregó que no tuvo ningún contacto con la Superintendencia ni antes ni después de la investigación a Pretic. “Qué malo que la Superintendencia hubiera aceptado esa denuncia”, afirmó. Además negó que Pretic fuera una pirámide o que hubiera tenido diferencias con Pradilla.

En contraste, Humberto Pradilla dijo que para poner una queja en el portal de la Superintendencia hay que inscribirse con nombre, cédula y dirección. Insistió en que Herreño fue el autor de la queja. “Si le preguntan a los de las Farc en Cuba si hicieron algo malo, dicen que no”.

Mientras se aclara el enredo, lo cierto es que Marco Fidel Martínez y José Édgar Tobón, los visitadores que estuvieron en Bucaramanga en 2011, fueron comisionados a comienzos de este mes junto con otro funcionario para realizar una visita por captación ilegal en dos sociedades que operan en el edificio de Interbolsa en Bogotá, Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil y Financiero.

La inspección se ordenó cinco meses después de la quiebra de la comisionista y años después de que esas sociedades captaran más de US$90 millones de clientes del Fondo Prémium que ofrecía Interbolsa. Los préstamos irregulares que hicieron esas sociedades son hoy de difícil o imposible recuperación para miles de clientes que creían que su dinero estaba seguro. Para los damnificados de Interbolsa, la visita llega muy tarde.

Revolcón en cerros orientales

Sun, 21 Apr 2013 04:00:00 GMT

Hace ocho años, con el objetivo de legalizar asentamientos, explotaciones mineras, tala de árboles o licencias de construcción en los cerros tutelares de Bogotá, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que excluyó una vasta zona de esa reserva forestal. La decisión dio pie a una acción popular que en 2006 amparó algunas áreas de importancia ecológica y el acceso a servicios públicos. El caso llega ahora al Consejo de Estado, que se apresta a sentar cátedra sobre cómo se deben proteger los cerros orientales de la ciudad.

Durante casi 40 años, en virtud de la Ley 133 de 1976, las 14.116 hectáreas del bosque que atraviesa la ciudad de sur a norte en los cerros orientales fueron consideradas reserva forestal. Por su variedad de flora y fauna, sus múltiples fuentes hídricas y otros aspectos conexos que definen condiciones climáticas de Bogotá, la zona que atraviesa por las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén fue también protegida por el Ministerio de Agricultura, a través de una resolución de 1977, respaldada por leyes posteriores.

Sin embargo, con disímiles argumentos, desde el cambio de los usos del suelo en algunos sectores o la necesidad de adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en abril de 2005 el Ministerio de Ambiente introdujo una sensible variación. A través de la Resolución 463 de 2005 excluyó 973 hectáreas de la reserva forestal. Lo hizo además con el propósito de legalizar situaciones ya de por sí irregulares. Una semana después de expedida la norma, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se interpuso una acción popular.

El litigio fue entablado por la ciudadana Sonia Andrea Ramírez, quien consideró que los cambios y las omisiones han deteriorado gravemente el bosque de los cerros orientales, y que de no tomarse medidas inmediatas, el descalabro ecológico puede ser mayor. En particular, la demandante detalló los riesgos que se corren en los asentamientos irregulares cuando llega el invierno, las enfermedades causadas por la explotación ilegal de minería, la falta de control a la tala de árboles y la explotación de la riqueza de flora y fauna.

En su momento, la acción popular orientada a reclamar protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso a infraestructura de servicios, entre otras pretensiones, suscitó un intenso debate. Como era de esperarse, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente del Distrito, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Ministerio de Ambiente se opusieron a la demanda. No obstante, la Procuraduría admitió el caos existente.

En contravía con los diagnósticos del Dama, la CAR o el Minambiente, el Ministerio Público admitió que al menos en la resolución que excluyó 973 hectáreas de la reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá se desconocieron conceptos técnicos y jurídicos. Además, recalcó que la CAR ha incumplido con sus obligaciones legales de proteger la reserva y el Departamento de Planeación Distrital la ha perjudicado al expedir varios conceptos que han posibilitado el desarrollo de varios proyectos urbanísticos en la zona.

A pesar de que como medida cautelar, en junio de 2005, fueron suspendidos los efectos de la resolución en entredicho, a la hora de la decisión de fondo, en septiembre de 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se limitó a amparar el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y la protección de algunas áreas de especial importancia ecológica. La sentencia definió las responsabilidades de los organismos nacionales y distritales e impartió órdenes precisas para proteger la reserva forestal del bosque oriental de Bogotá.

Con el argumento de que el Tribunal de Cundinamarca debió también haber amparado aspectos relativos a la moral administrativa, la defensa del patrimonio público y cultural, y la seguridad, la demandante Sonia Andrea Ramírez apeló la decisión. Por motivos más bien relacionados con la premisa de que el fallo les había impuesto obligaciones que excedían sus competencias, el Ministerio de Ambiente, la CAR y otros organismos hicieron lo propio. El caso pasó al Consejo de Estado y siete años después el debate de nuevo está al rojo vivo.

Aunque el caso fue inicialmente un asunto de conocimiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado, hoy es una prioridad de su Sala Plena. Están en juego muchos intereses y una realidad social de enormes proporciones. Son seis localidades comprometidas con urbanizaciones de todos los estratos. Entre las localidades de Usaquén, Chapinero y Santa Fe son cinco barrios y ocho veredas. Entre Usme, Chapinero y San Cristóbal, en la llamada Franja de Adecuación, hay 60 barrios, 34 de ellos legalizados y 26 en trámite de serlo.

En cuanto a las 973 hectáreas que fueron excluidas de la reserva forestal en abril de 2005, la misma Franja de Adecuación, de acuerdo con información del propio Ministerio de Ambiente, se trata de una zona con 470 hectáreas de vivienda, infraestructura y servicios; 42 hectáreas más dedicadas a la actividad de las canteras; 92 hectáreas de vegetación natural, 53 de pastos y 33 dedicadas a la agricultura. El área restante, es decir, 283 hectáreas, corresponden a plantaciones de bosque. Más de 100.000 personas viven en la zona.

El Espectador conoció el proyecto de fallo que hoy estudian los magistrados del Consejo de Estado. En principio, se trata de una ponencia que, de ser aprobada, no va a dejar títere con cabeza. La argumentación para el debate parte de reconocer que la expedición de la resolución de 2005 generó una situación caótica en la Franja de Adecuación y en la zona de recuperación ambiental. Además, admite que los asentamientos irregulares en el área de reserva pueden ocasionar peligrosos deslizamientos y desastres en la época invernal.

El proyecto de fallo plantea conceder la acción popular, no sólo reconociendo las pretensiones de la demandante, sino otorgándoles prevalencia a las necesidades de los habitantes de la zona. En esencia, protegiendo a la población de las acciones y omisiones del Ministerio de Ambiente, la CAR y el Distrito Capital. Por eso parte de resaltar que, en adelante, debe quedar prohibido expedir licencias de construcción y urbanización dentro de la reserva forestal. De manera adicional, propone órdenes concretas para los organismos oficiales.

Por ejemplo, exige que con sus propios presupuestos, Ministerio, CAR y Distrito costeen un plan de manejo del área de vivienda en un plazo de 10 meses para recuperar el valor ambiental de la zona. De igual modo, que se elabore un estudio denominado “Informe de minas y canteras”, para que en seis meses se describa cuál es la situación real en este aspecto. En conjunto, se busca ejecutar actividades de gran impacto ambiental y constituir un límite o una barrera que impida nuevos desarrollos urbanísticos ilegales en la zona de impacto.

La propuesta del Consejo de Estado apunta también a que en adelante los curadores urbanos de Bogotá se abstengan de conceder nuevas licencias de construcción o expedir cualquier tipo de permiso semejante. En particular, al Distrito Capital lo conmina a que elabore un informe de reubicación de asentamientos humanos para que sea ejecutado dentro de los 18 meses siguientes a su elaboración. De paso, plantea que el Ministerio de Ambiente expida un decreto que restablezca la reserva en sus auténticas proporciones.

De prosperar la ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, la Procuraduría tendría que hacerles estricto seguimiento a todas las órdenes impartidas en el fallo; la Superintendencia de Notariado y Registro tendría que cancelar las anotaciones de afectación de la reserva en aspectos de vivienda; la Policía tendría que prestar apoyo especial en la reserva forestal para cumplir con las disposiciones ambientales, y se constituiría un comité de verificación de la sentencia, encabezado por el alcalde, el ministro de Ambiente y la demandante.

En los apartes finales del proyecto de fallo se propone compulsar copias del expediente a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría para investigar la actuación de las personas que actuaron como curadores urbanos 2, 3, 4 y 5 de Bogotá, al momento en que se expidieron licencias irregulares de urbanismo y construcción. Por considerar que la acción popular no es la vía para hacerlo, la ponencia se niega a emitir juicios de responsabilidad contra los directores de la CAR que se desempeñaron durante el tiempo en que se deterioro la reserva.

La ponencia ya circula entre todos los miembros del Consejo de Estado y en breve comenzará el debate. Desde Usme hasta Usaquén, en una vasta extensión que abarca también varios terrenos hacia la vía a La Calera, tanto sus habitantes como los líderes comunales están a la expectativa de la decisión judicial. En el interior de la corporación judicial ya se advierte un consenso, que se trata de un fallo histórico, quizá de los más trascendentales de los últimos tiempos. Más que las 14.116 hectáreas de los cerros orientales, está en juego la protección ambiental de Bogotá.

La extraña paciente de las prótesis PIP

Sun, 14 Apr 2013 02:00:00 GMT

En noviembre de 2003 la joven profesional Graciela Caterine Toro Valbuena tomó la determinación de consultar a un cirujano plástico. No se sentía cómoda con su figura y consideró que aumentando su busto podría armonizar su silueta. Por eso acudió a uno de los mejores especialistas del país, el médico Freddy Sanabria. Al mes la mamoplastia con prótesis PIP era un hecho. Tiempo después la operación le trajo severas secuelas físicas y hoy casi una década luego de su intervención no supera los efectos nocivos. Toro Valbuena pretende además que el médico que la operó acepte su responsabilidad y la indemnice con $1.100 millones por una supuesta mala práctica asistencial.

Un caso que se conoce en momentos en que cinco directivos de la empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP), productora de los implantes mamarios de silicona, deberán declarar el próximo miércoles ante un tribunal en Marsella (Francia) dentro del juicio que se adelanta por los delitos de engaño agravado y estafa. Un escándalo que estalló en marzo de 2010, cuando se comprobó que la empresa PIP utilizó un gel de silicona industrial para elaborar los implantes, material que no se usa en procedimientos médicos. Se estima que la firma francesa fabricó al menos 500 mil de esos implantes.

Y fue justamente ese tipo de implantes el que según relató Catherine Toro, le recomendó el cirujano Sanabria. “El 4 de diciembre de 2003, previo a la entrada al quirófano, reiteraba la excelente calidad y daba las instrucciones de cómo usar las prótesis PIP, siendo él un especialista en el tema, se acató su dictamen y se procedió a practicar la mamoplastia de aumento con las prótesis PIP suministradas por él”.

Durante siete años Catherine no tuvo inconvenientes mayores con su cirugía. El 6 de abril de 2010 el Invima emitió una alerta en el país informando la suspensión, comercialización y uso de las PIP, acorde con la alerta mundial que expidieron las autoridades sanitarias. Para ese momento cerca del 80% de las exportaciones de implantes eran enviadas a Europa occidental y América. Se estima que en Colombia cerca de 15 mil mujeres adquirieron el producto.

Ya era diciembre de 2010 y empezaron las molestias mayores para la paciente Toro. Su abogado Andrés Montalvo detalló que su cliente empezó a notar inflamación de la axila izquierda durante dos meses. Con los nuevos exámenes médicos se evidenció que las prótesis estaban deterioradas y se advirtió que era fundamental consultar de nuevo con el médico Sanabria, toda vez que ya se sabía que existía en el mercado problemas con algunas prótesis. Buscando una segunda opinión médica, Toro consultó al cirujano Hugo Cortés, quien expresó su preocupación porque los implantes fueran PIP, ya que por su material de silicona industrial se estaban rompiendo con frecuencia.

Ante los resultados médicos, Catherine Toro Valbuena decidió volver al consultorio de Sanabria. Para esa época, el 22 de febrero de 2011, ya era evidente que el negocio de las prótesis había crecido como espuma en el país. Paciente y médico se reunieron y allí relató este último que le parecía muy extraño, debido a que llevaba sólo 7 años de operada y consideraba que las PIP eran las más seguras. A cambio el médico ofreció las prótesis Johnson & Johnson, y sus honorarios a menor precio.

No obstante los argumentos del médico Sanabria, éstos no convencieron a Toro y por eso acudió adonde el médico Hugo Cortés. El 2 de marzo de 2011 se fijó la operación, que consistía en el retiro de las PIP y cambiarlas por un nuevo implante. Y allí vendría la sorpresa: “Se pudo comprobar que las dos prótesis estaban rotas y destruidas, llevándose a patología los residuos extraídos. La situación encontrada en el interior del cuerpo de la señora Toro fue la peor, se encontró además un líquido viscoso en el pecho”.

Vinieron nuevos exámenes con otros especialistas. Se ordenó una biopsia. Los ganglios no desaparecieron y, por el contrario, el cuadro clínico se agravó. Se ordenó por parte de los facultativos entonces una cirugía de retiro de ganglio. Fue solicitada a través de una póliza de medicina prepagada y, según el abogado de Toro: “El procedimiento fue negado bajo el argumento de que no podía autorizarse la realización de ningún examen o cirugía, debido a que la sintomatología era generada como consecuencia de una cirugía estética”.

Nuevamente la paciente acudió a Sanabria para mostrarle lo que según ella, los exámenes y su abogado tenían claro: que el producto de los dos implantes PIP en su cuerpo tenía importantes residuos de silicona. Un asunto que certificaron otros dos especialistas. Por ejemplo, en 2012 el médico José Fernando Robledo manifestó que: “Este residuo de silicona que aún continua dentro del organismo está generando afectación en otros ganglios y en otras partes del cuerpo, razón por la cual no recomienda el retiro del ganglio de mayor volumen debido a la sintomatología que se genera y porque el problema no se soluciona con extracción”. Y concluye el mastólogo-oncólogo Robledo que el problema sigue debido a la presencia de silicona en otras partes del cuerpo, por lo tanto sugiere hacer controles semestralmente para ver el comportamiento del organismo.

El pasado 3 de abril el asunto llegó a un centro de conciliación con diversas pretensiones. La paciente le pide al médico Sanabria que acepte su responsabilidad médica al realizarle el implante PIP. Que le pague un daño emergente equivalente a $1.100 millones. El médico Sanabria, por su parte, señaló que actuó con profesionalismo y que todo lo hizo dentro de la ética, por lo tanto no hubo conciliación. Ahora la justicia tendrá la última palabra.

Reciente víctima de cirugía plástica

La Fiscalía adelantará una investigación para determinar las causas de la muerte de la actriz vallecaucana Sandra Viviana Brand, quien falleció el viernes, horas después de practicarse una cirugía.Los familiares han manifestado que desconocen el lugar adonde asistió y en el cual le inyectaron una sustancia, ni mucho menos saben la persona que realizó la operación.Se ha podido establecer que la joven se realizó la cirugía estética el pasado 8 de abril; sin embargo, poco tiempo después presentó una serie de complicaciones respiratorias, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Simón Bolívar, donde falleció en la madrugada del viernes.“Se aplicaron todos los medicamentos y tratamientos, pero falleció por tromboembolismo pulmonar”, precisó el subdirector científico del hospital, Gerardo Cano

Las colombianas afectadas por las PIP

Cerca de 1.500 mujeres colombianas demandaron en el proceso penal que se desarrolla en Marsella contra los antiguos ejecutivos de PIP.Las víctimas se quejan de la rotura de las prótesis, de inflamaciones, infecciones y dolores. El próximo 17 de octubre la justicia en Francia dará su fallo. El 22 de marzo pasado se llevó a cabo la audiencia de alegatos de cierre.“Precisamente dentro de ese juicio en Francia se pretende demostrar que los médicos también fueron víctimas y que han sido engañados como las pacientes por la empresa PIP”, ha señalado a los medios Juan Carlos Vélez, cirujano plástico de la clínica especializada Intermédica, en Medellín, ciudad en donde hubo el mayor número de mujeres con implantes PIP.

El último negocio de Carranza

Sun, 07 Apr 2013 02:00:00 GMT

El 28 de diciembre de 2012, en calidad de representante legal de la Compañía Colombiana de Explotaciones Mineras (Coexminas), Edwin Bayardo Molina Castañeda notificó a la Agencia Nacional Minera la decisión de ceder a la sociedad Puerto Arturo S. A. S. un título minero para la explotación de esmeraldas en la región de Muzo y Quípama (Boyacá). Esta solicitud, pendiente de aprobación en la Agencia Nacional Minera, fue quizás el último movimiento económico de Víctor Carranza, su familia y sus principales socios en el negocio esmeraldífero.

Según conoció El Espectador, el título minero perteneciente a Coexminas desde mediados de los años 80, cuando Víctor Carranza aún aparecía en los registros mercantiles, sigue siendo la joya de la corona en el negocio de la explotación de esmeraldas. Estadísticas recientes muestran que en los últimos ocho años, para efectos de pago de regalías, declaró la extracción de 152.693 quilates. Sin embargo, en los últimos tiempos, una empresa norteamericana se mostró interesada en comprarla y a Carranza nunca le molestó esta idea.

Según fuentes consultadas por este diario, en parte porque presentía la proximidad de su muerte y también porque creía oportuno hacerlo para preservar el patrimonio de su familia, Carranza apoyó la cesión del título minero. Aunque el zar de las esmeraldas dejó de figurar en los papeles mercantiles desde 1990, otros de sus socios no compartían mucho el proyecto de la cesión. No obstante, 24 horas antes de la solicitud se creó la empresa Puerto Arturo S. A. S., justamente para concretar ese traspaso del título minero de Muzo y Quípama.

Lo paradójico es que una sociedad como Coexminas Ltda., que hasta 2002 integraba los intereses de las familias del propio Carranza, de los sucesores de su compañero de andanzas en el occidente de Boyacá, Gilberto Molina, y de su primer socio Juan Beetar, de ser aprobada la cesión por la Agencia Nacional Minera, seguirá en las mismas manos, pero con flexibilidad para su eventual venta. La nueva firma Puerto Arturo tiene el mismo representante legal de Coexminas, Edwin Bayardo Molina, nieto de Gilberto Molina, asesinado en 1989.

La historia de este contrato se entrelaza con la cronología del auge económico del fallecido Víctor Carranza. Según los reportes de la desaparecida Empresa Colombiana de Minas (Ecominas) —hoy Agencia Nacional Minera—, el negocio se selló el 21 de marzo de 1977 y les permitió a sus dueños la exploración y explotación de esmeraldas en un área de 639 hectáreas localizada en la Reserva Nacional de Muzo. Aunque Carranza ya tenía licencias desde los años 60, en un momento crucial del negocio, este fue el contrato determinante.

Antes de 1984 el contrato tuvo dos modificaciones, porque además de las prórrogas, se amplió el número de sus hectáreas y se le cedió el 50% de los derechos a la Sociedad Minera de Muzo Ltda. Sin embargo, a partir del 2 de agosto de ese año, todos los derechos y las obligaciones pasaron a Coexminas y en diciembre se dividió el área del contrato en tres zonas con una nueva prórroga de diez años. En esa época Víctor Carranza figuraba en los registros junto a sus socios Gilberto Molina, Juan Beetar, Julio Roberto Silva, entre otros.

En 1991 se volvió a alinderar el área del contrato y tres años después, cuando se vencía su vigencia, se prorrogó por un año más. No obstante, en junio de 1995, vino el momento cumbre para el negocio. Luego de una renovación del contrato, se fijó en 25 años su término de duración, de tal manera que su vencimiento se proyectó hasta noviembre de 2020. Ya inmerso en antecedentes judiciales, pero absuelto dos veces, Víctor Carranza dejó de aparecer en los papeles de la empresa. Sus familiares y socios quedaron al frente.

A pesar de que en marzo de 2003 se redujo el área de explotación a 55,6 hectáreas, el 8 de marzo de 2011, a través de un otrosí, en el contrato se decidió incluir una cláusula de prórroga. En el documento inscrito en el Registro Nacional Minero se dispuso que el contrato podrá prorrogarse por 20 años más, pero debe solicitarse dos años antes de su vencimiento. Desde ese momento el Grupo de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional Minera está pendiente de evaluar técnicamente la viabilidad de la solicitud de Coexminas.

Sólo que la respuesta comenzó a demorarse, vino la propuesta de compra desde el exterior y la salud de Víctor Carranza se agravó. Estas circunstancias cambiaron la perspectiva del contrato. En medio de las diferencias internas sobre las perspectivas del negocio, porque Carranza estaba seguro de vender a un buen postor, pero sus socios no tanto, se fue aplazando el asunto. De todos modos, el pasado diciembre se formalizó la solicitud de cesión del contrato a la sociedad Puerto Arturo, hecho que de alguna manera la dejaría en manos de una empresa sin antecedentes.

Si bien la decisión le corresponde a la Agencia Nacional Minera, así como al Servicio Geológico Colombiano evaluar un concepto técnico sobre la integración de contratos con prórroga incluida, la muerte de Carranza podría plantear cambios. Sin que se sepa a ciencia cierta cuál de sus cinco hijos va a ser la voz dominante entre sus herederos ni tampoco cuál será el derrotero adoptado por sus socios, lo cierto es que así como nadie puede predecir si se reeditará la guerra verde, tampoco hay certeza sobre el último negocio de Víctor Carranza.

Las otras actividades económicas del zar

Además del negocio de exploración y explotación de esmeraldas, en el que llegó a ser el mayor innovador, debido a que estuvo a punto de crear la primera bolsa mundial de las gemas, la otra actividad a la cual le dedicó buena parte de sus días Víctor Carranza fue a la ganadería, en especial con su empresa Nare.La compra y venta de tierras, el negocio de la hotelería y, por supuesto, el comercio fueron otros de los frentes que le permitieron convertirse en un verdadero potentado. De hecho, estuvo reseñado en publicaciones mundiales como uno de los grandes exportadores de esmeraldas de Colombia.

Hoy, algunos de esos predios utilizados para la ganadería o las actividades agrícolas son objeto de debate en Incoder. Aunque uno de sus últimos abogados aseguró que su cliente nunca presionó a nadie para comprar tierras y que por el contrario tuvo que abandonar algunas fincas por la violencia, los procesos apenas comienzan.

El retorno de Ascencio Reyes

Sat, 23 Mar 2013 19:50:28 GMT

A mediados de 2007, cuando la pugna entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema de Justicia subía de temperatura y la parapolítica protagonizaba en los círculos judiciales, surgió la historia de un peculiar empresario huilense que mantenía estrechas relaciones con altos dignatarios del Poder Judicial y oficiales de la Fuerza Pública. Se trataba de Ascencio Reyes Serrano, y su nombre salió a relucir por haber sido el financista de un homenaje al entonces magistrado Yesid Ramírez, quien también dio de qué hablar en el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS. Seis años después, Reyes Serrano vuelve a los estrados judiciales, pero esta vez como investigado.

El pasado viernes 22 de marzo, ante un fiscal especializado de la Unidad de Lavado de Activos, Ascencio Reyes acudió en diligencia de interrogatorio para explicarle al ente investigador los hallazgos que en su momento hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre sus cuantiosos bienes y sociedades comerciales, en especial por algunos negocios realizados con personajes que después terminaron involucrados en líos judiciales. Aunque en su momento esta información quedó a la deriva o se desvaneció en medio de la pelea entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema, ahora la Fiscalía busca aclarar esos extraños negocios.

El Espectador pudo establecer que el origen de la diligencia judicial del pasado 22 de marzo fue un informe ejecutivo del fiscal cuarto especializado de la Unidad de Lavado de Activos, en el cual se referencia que desde septiembre de 2008 existía un expediente abierto por el caso Ascencio Reyes. Dicho reporte referenció que las primeras averiguaciones se adelantaron con fundamento en el polémico informe de la UIAF titulado “Viaje”, a través del cual se documentó en 47 folios, no sólo los pormenores de su empresa Viajes y Turismo Basan y compañía, que en su momento financió el homenaje al magistrado Ramírez, sino su círculo empresarial.

Como se recordará, ese episodio se convirtió en uno de los detonantes de la confrontación entre el gobierno Uribe y la Corte. El viaje tuvo lugar entre el 9 y el 11 de junio de 2006, y fue un desplazamiento de la mayoría de los magistrados del alto tribunal a Neiva para homenajear a Yesid Ramírez, a raíz de su designación como presidente de la corporación. Ese agasajo fue motivo de sospechas en el desaparecido DAS, que incluso filtró la información a varios medios de comunicación para sembrar dudas sobre el personaje que lo había financiado. De esa pesquisa se derivó después el rastreo que realizó la UIAF de sus cuentas y haberes económicos.

Sin embargo, las nuevas averiguaciones de la Fiscalía, respecto a Ascencio Reyes Serrano, ya no están centradas en ese paseo con los magistrados, o incluso en los detalles de la creación de Viajes y Turismo Basan, propiedad de su familia desde 2003, sino en los otros descubrimientos de la UIAF, que en su momento fueron insuficientemente investigados. Por ejemplo, que su capital hacia junio de 2008 sumaba $1.414 millones y que desde el año 2000 era un activo comprador de propiedades rurales y urbanas en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Córdoba y Huila. Entre tales bienes apareció uno cuyo origen ahora debe explicar.

El predio Guichiral, situado en la vereda Serranía de Chapurray, del municipio de Puerto Lleras (Meta). Este bien, con extensión de 3.972 hectáreas, fue negociado en diciembre de 2001, según quedó constancia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta). El problema se deriva de que además de Reyes Serrano, aparecieron como propietarios del bien, que en la referida fecha se vendió a la firma Palmas del Ariari, los particulares Consuelo Collazos Ceballos y José María Ortiz Pinilla. Años después, el último de los citados fue capturado por narcotráfico y lavado de activos, y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Ese nexo de Ascencio Reyes con Ortiz Pinilla es uno de los temas que la Fiscalía quiere ahora esclarecer. Éste, conocido con los alias de Chucho, Chepe o El Viejo, antes de caer en desgracia fue un individuo conocido en el gremio de los esmeralderos y fue capturado en diciembre de 2006. Extraditado a Estados Unidos en enero de 2008, formó parte de un grupo de 10 personas más involucradas en lavado de activos que corrieron la misma suerte. Entre los acusados apareció Gilberto Garavito Ayala, quien resultó con activas relaciones comerciales con Consuelo Collazos Ceballos, la otra socia de Ascencio Reyes en el predio Guichiral.

En su momento, cuando se supo del negocio de Ascencio Reyes con José María Ortiz, el controvertido empresario sostuvo que lo había conocido en el año 2000 por negocios de finca raíz y que el exdirector de la DEA en Colombia, Leo Arreguin, le había manifestado que Ortiz no tenía antecedentes judiciales en Estados Unidos. Reyes no agregó comentario alguno sobre Consuelo Collazos. El interés de la Fiscalía es ahora despejar todas las dudas que quedaron acerca del negocio con la sociedad Palmas del Ariari, con algunos detalles que en su momento no trascendieron demasiado, pero hoy interesan a la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía.

Por ejemplo, que la señalada Consuelo Collazos Ceballos, dueña de múltiples propiedades en el departamento del Meta, figuró como tercer renglón en la junta directiva de la sociedad Palmas del Ariari, en la que Reyes Serrano aparecía como primer renglón. El segundo era Óscar Parada, apoderado de José María Ortiz Pinilla. Unos vínculos empresariales que entre 2007 y 2008, cuando el nombre de Ascencio Reyes salió a la palestra pública por su condición de amigo de magistrados y oficiales de la Fuerza Pública, no fueron suficientemente aclarados. Ahora la Fiscalía quiere despejar todas las dudas posibles antes de tomar una decisión de fondo.

Pero no sólo se trata de aclarar el caso Ortiz Pinilla y demás. También de los tiempos de la disputa entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema quedaron unos datos sueltos rastreados por al UIAF, que a la Fiscalía le interesa corroborar. Por ejemplo, algunas transacciones de Ascencio Reyes con dignatarios del Poder Judicial. Un cheque girado en su favor por el entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo; otro negocio con el exconsejero de Estado, Rafael Ostau de Lafont, y el negocio de una finca situada en San Antero (Córdoba) con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Carlos Isaac Náder.

Según el informe conocido por El Espectador, en enero de 2009 se expidió una orden a la Policía Judicial para ahondar en información sobre los bienes y negocios de Ascencio Reyes. Tres meses después, con el apoyo de fiscales delegados ante la Corte Suprema, se adelantó una inspección judicial al caso y se remitieron informaciones a otros despachos judiciales interesados en la investigación. Luego vino un largo espacio sin avances, hasta que el entonces fiscal cuarto especializado, José Luis Lugo, solicitó la preclusión del caso. No obstante, también quedó evidencia de que nunca se determinó si esta solicitud debía quedar como última diligencia.

Entre 2010 y 2013 del expediente no quedó más que algunos oficios preguntando sobre el estado del mismo. El último de tales documentos tiene fecha del 27 de febrero de 2013. A raíz de estos interrogantes, el pasado 6 de marzo, el propio Ascencio Reyes envió una solicitud a la Fiscalía para que se le escuchara en declaración juramentada. La Fiscalía decidió tomar cartas en el asunto de manera definitiva y lo citó a interrogatorio en calidad de indiciado, advirtiéndole que debía comparecer con defensor. Reyes lo hizo y ahora el ente investigador deberá aclarar, de una vez por todas, si le imputa cargos o archiva el expediente que en su momento fue el florero de Llorente de un escándalo.

Los apuntes de un relacionista público

Desde joven Ascencio Reyes Serrano empezó a tener contacto con círculos de poder. En 1976 ingresó a la Asociación Nacional de Egresados del Batallón de Infantería Miguel Antonio Caro. Allí permaneció hasta 1982 y conoció al general de la Policía Miguel Antonio Gómez Padilla. Este le pidió que empezara a hacer contactos con diversas entidades, entre ellas con magistrados y otros altos funcionarios de las cortes. Ya, en 1983, empezaron las reuniones con oficiales y magistrados de diferentes cortes.

Según expresó Reyes en abril de 2011 a la periodista Cecilia Orozco, la misma UIAF investigó todos sus movimientos bancarios y, al no encontrar nada, denunció que funcionarios de esa unidad trataron de adulterar documentación.

Reyes explicó que fue espiado por su amistad con el entonces magistrado Yesid Ramírez, por sus apreciaciones sobre parapolítica, así como por su supuesta influencia en la elección del entonces fiscal Mario Iguarán.

Negocios diversos

Las actividades comerciales del empresario Ascencio Reyes son diversas y rentables. Además de negocios inmobiliarios, también maneja otras inversiones como una empresa dedicada a actividades de turismo.

En materia de compra y venta de terrenos y fincas y en otras sociedades apareció como socio o gerente. También incursionó en el negocio del cambio de dólares, por eso al norte de la ciudad posee al parecer dos establecimientos dedicados a esta actividad.

El viacrucis electoral de Rodrigo Lara

Sat, 16 Mar 2013 23:56:00 GMT

Con los recesos legales, en 15 meses concluirán su labor los congresistas que fueron elegidos para el cuatrienio 2010-2014. Ya muchos anunciaron que no volverán y otros empiezan a buscar espacio entre los partidos para repetir curul o estrenarse como legisladores. Pero mientras el debate parlamentario cobra forma, el excongresista Rodrigo Lara Restrepo sigue aferrado a una convicción: que el Consejo de Estado le reconozca un escaño en el Senado que perdió por 13 votos, según él por excesos del Consejo Nacional Electoral.

Esta peculiar historia arrancó el domingo 14 de marzo de 2010, en las elecciones al Congreso. Ese día Rodrigo Lara se acostó con la convicción de que iba a conservar la curul que había heredado del hoy ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. Al día siguiente, sobre el 93,82% de las mesas escrutadas, la Registraduría reportó que con 39.381 votos Lara era el séptimo elegido al Senado por Cambio Radical. Su confianza fue mayor cuando constató que le llevaba más de 400 votos a sus inmediatos seguidores en el partido.

Con la certeza de la curul en el bolsillo, Rodrigo Lara viajó al exterior y, a su regreso, se encontró con la sorpresa de que, luego de una revisión de los escrutinios, el Consejo Nacional Electoral había cambiado las posiciones. José Herrera obtuvo un súbito incremento del 17% en su votación y Carlos Fernando Motoa también logró repuntar. Al final, Motoa se quedó con el último escaño de Cambio Radical, y con 13 votos de diferencia, Rodrigo Lara se quedó por fuera del Congreso. A partir de ese momento empezó una pelea que aún no termina.

Aunque hoy considera que el Consejo Nacional Electoral, sin tener potestades para hacerlo, expidió un protocolo de revisiones, lo cierto es que Lara, sin otra opción a la vista, formuló su propia solicitud para que el organismo revisara los resultados de su votación en los departamentos del Valle, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Huila, Risaralda y Sucre. Su argumento estaba basado en supuestas discordancias entre los formularios electorales, por cuanto no coincidía el número de los votos en su favor con la realidad electoral.

Sin embargo, para sorpresa de Lara, con el argumento de que se trataba de reclamaciones caducas, el Consejo Nacional Electoral rechazó su solicitud de revisión. En concreto, el organismo precisó que las peticiones de revisión debieron hacerse antes del 3 de mayo de 2010 y sólo se formalizaron hasta el 16 de junio. Por el contrario, a su rival por la curul, Carlos Fernando Motoa, sí le aceptaron la revisión en varios departamentos. Así las cosas, oficialmente Rodrigo Lara Restrepo se quedó por fuera del Senado de la República.

Por supuestas violaciones al debido proceso, falsa motivación, denegación de justicia y abuso de poder, Rodrigo Lara optó por llevar su caso a la Sala Electoral del Consejo de Estado. En un extenso documento planteó desde una elección viciada, porque hubo suplantación de electores, sufragios de personas fallecidas y tráfico de formularios, hasta falta de competencia del Consejo Nacional Electoral, según él por asumir competencias del Poder Judicial. En particular, en su demanda insistió en que había perdido por escasos 13 votos.

Lara explicó que esa pírrica diferencia se concretó en la mesa 7 del puesto 1 de la zona 2, del municipio de Carmen de Bolívar. Esa fue la única mesa de votación del municipio donde le aparecieron 13 votos a su rival Carlos Fernando Motoa. En busca de una revisión del caso para establecer la verdad electoral, Rodrigo Lara expuso que si Motoa nunca visitó ese municipio, no era claro de dónde había sacado esos votos. Carlos Fernando Motoa respondió que su jefe de prensa era de la región y que él le había conseguido esos sufragios.

Sin embargo, su nueva pelea, esta vez en la vía judicial, se fue prolongando en el tiempo. Después de que el caso tuvo un primer ponente, en el segundo semestre de 2011, sin mayores avances, cambió de magistrado. La reclamación de Lara se sumó a otras contra la elección del Congreso 2010- 2014, y así fue como fueron acumuladas. En el camino sucedió una novedad: otra sala del Consejo de Estado anuló el reglamento del Consejo Nacional Electoral que le permitía revisar las mesas de votación. Lara confió en que eso lo favoreciera.

No obstante, el tiempo siguió pasando. En marzo de 2012 hubo proyecto de fallo. Con la caída del reglamento del Consejo Electoral quedaba para Lara abierta la expectativa de que se revisen los escrutinios de su votación. Pero la decisión siguió dilatándose, ahora porque algunos de los magistrados de la Sala consideran que primero debe establecerse si Lara solicitó la inconstitucionalidad del reglamento declarado nulo. En medio del debate ha surgido la posibilidad de que la sala se reintegre con conjueces, lo cual obligaría a cuatro o cinco meses más para dar un fallo de fondo.

En esas condiciones, Rodrigo Lara ya no sabe qué hacer. Consultado por El Espectador, declaró: “Confío en la justicia colombiana. Espero un fallo en derecho. La justicia debe restablecer el voto de 44 mil colombianos, vulnerado por la torticera decisión de algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral”. Lo cierto es que ya quedan escasos meses para que concluya la legislatura 2010-2014 y Lara no se da por vencido. Ahora espera que los 13 votos que lo sacaron del Congreso regresen en 2013 y con ellos una curul para 13 meses.

La historia de una víctima del narcotráfico

Rodrigo Lara Restrepo es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur, asesinado por un sicario al servicio del extinto narcotraficante Pablo Escobar en la noche del 30 de abril de 1984 en el norte de Bogotá.

Tras el asesinato de Lara, su esposa y sus hijos viajaron a Francia. A su retorno, Rodrigo Jr. se graduó como abogado en la Universidad Externado de Colombia. Ha desempeñado cargos en los sectores público y privado en Colombia como asesor del Ministerio del Interior, asesor del alto consejero presidencial para la Acción Social, y director del Programa de Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Colombia. Posteriormente hizo periodismo en radio.

Aspiró al Senado en 2006. No fue elegido, pero asumió durante dos años la curul de Germán Vargas, quien renunció. En 2010 se lanzó al Senado, sin éxito. En la actualidad se desempeña como presidente de Asomóvil, gremio de compañías de telefonía celular.

Licencias de corto vuelo

Sun, 10 Mar 2013 02:00:00 GMT

A mediados de 2012 un piloto que tramitaba su licencia de vuelo le pidió a la Aeronáutica Civil que le aclarara qué dinero debía pagar para legalizar su documentación. Este requerimiento dio lugar a una investigación por presuntas irregularidades en la convalidación de licencias de pilotos comerciales obtenidas en el exterior. Una pesquisa que ya formalizó la suspensión de 117 permisos y dio lugar a una indagación en la Fiscalía, en la que los afectados insisten en que, antes que involucrarse en pagos indebidos, fueron víctimas de un doloso negocio.

Se trata de un elevado número de jóvenes pilotos, en su mayoría hijos de empresarios o de profesionales del sector aeronáutico, que cursaron estudios en el exterior en reconocidas escuelas de formación de Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Panamá o Bolivia, y ahora están literalmente parados porque les suspendieron sus licencias para volar en Colombia. A través de tutelas y otros recursos legales han intentado defender sus derechos, pero en un extenuante proceso en el cual además se han dado amenazas, la Aerocivil aguarda que la Fiscalía decida.

Uno de los pilotos sin licencia, cuyo nombre se reserva a petición de la fuente, reveló a este diario que después de estudiar su bachillerato, en el colegio Andino de Bogotá, viajó a Estados Unidos y se preparó como piloto en Florida Institute of Technology, pero al volver a Colombia en 2011 se vio envuelto en un dilema para ejercer su profesión que todavía no entiende. Cuando optó por adelantar el trámite de convalidación de su licencia, le pidieron una serie de documentos y $5 millones, los cuales entregó sin pensar que ahora son objeto de una investigación judicial.

El joven piloto sostiene que a la hora de entregar la documentación preguntó si no debía presentar un examen teórico-práctico ante un inspector de la Aeronáutica, y le respondieron que no era necesario por el número de horas de vuelo acreditadas en el extranjero. Lo extraño del asunto es que ese documento apareció sin su firma y luego se convirtió en pieza clave. Ahora sostiene que nunca apeló a tramitadores y que pagó $5 millones porque así lo solicitó un funcionario de la Aerocivil. Hoy cree que fue víctima del delito de concusión.

El abogado Mauricio Pava, quien además de este caso representa a 12 jóvenes más en la misma situación, sostiene que sus clientes aprobaron sus estudios en prestantes escuelas internacionales y que fueron timados por servidores públicos encargados de la homologación de las licencias locales. Pava rechazó que se especule alrededor de la conducta de sus clientes y denunció que, además de las prácticas corruptas que se deben aclarar, se han presentado amenazas y pocos avances judiciales para aclarar los hechos.

Otro de los pilotos resumió así su experiencia: “Estudié aviación por hobby y lo hice en Estados Unidos hasta 2011. Cuando volví a Colombia averigüé en la Aerocivil los requisitos para convalidar la licencia y los aporté todos. Al momento de presentar la documentación, el jefe de licencias, capitán Alfonso Cervera, me dijo que no necesitaba examen teórico ni práctico y que debía consignar $7 millones en una cuenta. Tuvo que solicitar un préstamo para pagar el dinero. Empecé a trabajar en una aerolínea, pero a las dos semanas me suspendieron la licencia. Ahora se investiga si hubo concusión y cohecho.

Otro piloto apeló a la tutela y relató que después de estudiar aviación en Boca Ratón (Estados Unidos), volvió al país en septiembre de 2011 y empezó el tramite para convalidar sus estudios. Luego se repitió la misma historia. Le dieron la licencia, pero meses después se la suspendieron. Un juez se negó a proteger sus derechos al trabajo y el buen nombre porque consideró que la Aerocivil obró correctamente al deducir que existen dudas sobre su idoneidad como piloto. Sin embargo, ordenó a la Aerocivil resolver de fondo esta controversia.

La Fiscalía ya ha realizado varias entrevistas sobre el caso. En una de ellas, conocida por El Espectador, el piloto manifestó que él trabajaba en una empresa de aviación mexicana, pero que como sus padres son colombianos, viajó al país con la idea de trabajar en aviación, para lo cual tramitó su licencia. De nuevo, en su relato, salió a relucir el nombre del capitán Alfonso Cervera y una vez más surgió el pago de dinero, esta vez de $8 millones. El testigo insistió en que nunca él ofreció dinero, sino que pagó el que le pidieron al momento de emprender los trámites legales.

En otras palabras, la Fiscalía tiene claro que a 117 pilotos que estudiaron en el exterior, entre 2010 y 2011, les suspendieron sus licencias entre noviembre de 2012 y febrero de 2013 por supuestas falsedades en los documentos presentados. Y que a todos ellos se les exigieron entre $4 y $8 millones. Hoy el tema es de tal complejidad, que la Procuraduría solicitó que el caso se trate como una prioridad de la Fiscalía, pues está en peligro la seguridad aérea tanto nacional como internacional, además se trata de un gran volumen de personas involucradas en el caso.

Consultado el director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, observó que en la entidad dependen de lo que haga la Fiscalía y hasta que las investigaciones aporten conclusiones, ningún funcionario puede ser retirado de la entidad. Castro aclaró que no se trata de pilotos falsos, sino de pilotos entrenados en otros países que o fueron engañados o quisieron ahorrarse un trámite y, con la posible complicidad de escuelas y algunos funcionarios de la Aerocivil, pudieron incurrir en irregularidades. Sin embargo, insistió en que no hay riesgos para la seguridad aérea.

El secretario de seguridad de la Aerocivil, coronel Germán García, agregó por su parte que además de las denuncias ante la Fiscalía, se adelanta una investigación interna para establecer quiénes pidieron dinero para evitar un examen y quiénes lo pagaron. García admitió que la investigación contempla algunas escuelas en Colombia, que ya hay 20 licencias más que se están estudiando para posible suspensión y que el asunto terminará en que o algunos pilotos pagaron mal orientados por algún funcionario o lo hicieron para saltarse algún paso y obtener sus licencias.

El asunto es de alto vuelo en la Aeronáutica Civil. Además, están encendidas las alarmas en varias escuelas de aviación, al parecer vinculadas a los irregulares procedimientos para la concesión de las licencias. La idea ahora es que se realice una búsqueda selectiva en bases de datos, respetando el debido proceso de quienes argumentan que sencillamente fueron engañados. Ya hay ampliaciones de denuncia y cartas rogatorias para certificar autenticidad de diplomas. Por lo pronto existen 117 jóvenes pilotos que pelean por recobrar sus licencias de corto vuelo.

Una escuela de aviación en el ojo del huracán

Desde que a mediados del año pasado se empezó a rumorar en el ámbito de la aviación que existía una posible conexión entre funcionarios de la Aerocivil y una escuela de Barranquilla, a fin de suministrar documentos para convalidar licencias de manera indebida, varios pilotos mencionaron documentación de la firma Protécnica. Según registros, ésta es considerada uno de los centros de formación técnica de mayor reconocimiento. Al respecto, sus directivos señalaron públicamente que ellos fueron los primeros en advertir sobre la expedición de licencias obtenidas con certificaciones falsas que utilizaban su nombre.

Ante los hechos, la Aerocivil inspeccionó a Protécnica. Allí encontró que 23 personas convalidadas entre julio de 2011 y julio de 2012 obtuvieron licencias de pilotos comerciales usando papelería falsa de la empresa. La Aerocivil descartó la participación de la firma y la consideró víctima. La palabra ahora es de la Fiscalía.

Pilotos buscan ser reconocidos como víctimas

Según la normatividad vigente son veinte los trámites que se pueden realizar ante la Aeronáutica Civil, entre tipos de licencias, expedición de duplicados, registros, chequeo y certificaciones de horas de vuelo y licencias. En su página web oficial la entidad avisa que: “todo pago por derechos de trámites de licencias debe ser realizado única y exclusivamente en las cajas de la Aeronáutica Civil en el país; la caja de recaudo en Bogotá está ubicada en el aeropuerto Eldorado, entrada 8. Se recuerda que los trámites ante la entidad no exigen pagos directos a ningún funcionario. Estos podrán ser considerados como un delito: cohecho”.Sin embargo, para sus abogados, los pilotos que perdieron sus licencias son ante todo víctimas en el caso. Por eso, en audiencia celebrada el jueves en Bogotá, solicitaron a la justicia que sean reconocidas como tales. Para tal fin se acordó un plazo máximo de tres meses.

La ronda de testigos en caso Vargas Lleras

Sun, 03 Mar 2013 05:03:46 GMT

Hace ocho meses, cuando apenas tomaba las riendas del Ministerio de Vivienda y le daba las primeras puntadas al proyecto de 100.000 viviendas gratuitas, al ministro Germán Vargas Lleras se le atravesó en el camino el anuncio de la Procuraduría de una investigación en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Días después la Corte Suprema de Justicia se sumó y abrió indagación preliminar. Hoy, las pesquisas de la justicia siguen apuntando a un extraño entramado de instigadores y testigos falsos con un candente trasfondo político de disputa por el poder.

Al activarse las averiguaciones judiciales, el testimonio más comprometedor para Vargas Lleras era la declaración del ganadero y caballista del Casanare Carlos Gabriel López, quien aseguró a la Corte que entre 2001 y 2002, en una manga de coleo situada al oriente de Yopal, vio al entonces senador departiendo con Néstor Ramón Caro, un teniente (r) del Ejército involucrado en el narcotráfico y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2011. Este sinuoso personaje ya lo desmintió y dejó entrever por qué quieren relacionarlo.

Hasta una cárcel de Atlanta (Estados Unidos), donde permanece purgando una condena de 40 meses de prisión por narcotráfico, se desplazaron investigadores de la Corte y oyeron de viva voz a Néstor Caro. Al ser interrogado por sus relaciones con Vargas Lleras, literalmente contestó: “Nunca estuve en un acto público del doctor Vargas Lleras en Casanare ni en Bogotá ni en ningún lugar de Colombia”. Y después agregó: “Nunca le he dado la mano (...) no tengo que tener tres dedos de frente para creer que están tratando de ensuciarlo”.

Néstor Ramón Caro, un ganadero del Casanare que decidió dedicarse al narcotráfico, estuvo a punto de colarse en el proceso de paz del gobierno Uribe con las autodefensas. El supuesto beneficiario del extinto DAS, que llegó a borrar sus antecedentes ilegales, accedió a contestar sobre el caso Vargas. Según él, no lo hizo presionado, sino a solicitud del gobierno americano y porque, cuando concluya su condena, quiere volver a Colombia. Su declaración contextualiza qué pasó en la región antes y después del escándalo de la parapolítica.

El testigo confirmó que el detenido jefe paramilitar Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, sí ejercía actividades en favor de determinados candidatos, al tiempo que cobraba a los productores de la región por cada hectárea sembrada o por cabezas de ganado. Unos y otros tenían que entrevistarse con él. “Allá iba uno voluntariamente obligado (...), había que ir a las buenas o a las malas (...), en temas de votación era lo que él ordenara”. Después los candidatos salían a pregonar que ya tenían autorización para trabajar en sus respectivas campañas.

En ese panorama, Néstor Caro explicó que lo mejor era tratar de ir a donde Martín Llanos a las buenas. Y luego indicó que, por ejemplo, su padre, Néstor Caro Martínez, un excorresponsal de El Espectador en los años 70 y líder de la región, se negó a pagar unas extorsiones y lo asesinaron en 2003 en el municipio de Villanueva. Primero le quemaron una finca y de eso quedó una denuncia. Como se negó a pagar, después lo asesinaron en un establecimiento comercial. “Los capturados por el asesinato pertenecían a las filas de Martín Llanos y ellos lo reconocieron”.

Interrogado por nombres de políticos, el testigo aclaró en plural que apoyaron a Miguel Ángel Pérez a la Gobernación y a los candidatos de siempre de la región entre 1995 y 2003, es decir, Óscar Wilches, Efrén Hernández y Javier Vargas. “Siempre eran los candidatos a la Cámara, pero solamente se podía sacar uno, entonces era una rivalidad entre ellos. Después de la contienda, el uno abrazaba al otro y así (...) Todos eramos amigos de infancia, amigos del colegio (...) teníamos nexos con políticos porque somos criados en la región”.

Ante la insistencia de por qué el testigo Carlos López lo relacionó entonces con Vargas Lleras, contestó: “Estoy casi seguro de que es por la guerra que lidera Álvaro Uribe con el movimiento Cambio Radical que se originan estas cosas”. En cuanto al comentario de López de que le alquiló a Caro 20 caballos para hacer un recibimiento a Vargas en Villanueva, el testigo expresó que su papá sí hacía cabalgatas en el pueblo por cualquier cosa, pero que con Vargas jamás, pues él se ufanaba de cada político que conocía y de éste nunca le comentó.

Finalmente, el extraditado narcotraficante Néstor Ramón Caro, quien en el curso de la diligencia judicial recalcó su disposición a colaborar con la justicia porque está a punto de terminar su condena en una cárcel de Atlanta (Estados Unidos), expresó que con la convicción de que sus palabras se hicieron bajo la gravedad del juramento y pueden repercutir en su contra, está dispuesto a testificar frente al mismo Carlos Gabriel López Chaparro para desmentirlo y desvincularse, él y otros afectados, del que llamó “un escándalo mediático”.

Un escándalo que, sumado a los coletazos de la parapolítica, desde 2007 tiene en ascuas a la clase política del Casanare y tras las rejas al menos a diez dirigentes del departamento. Entre ellos a Milton Álvarez Alfonso, exdiputado del Casanare y exalcalde de Tauramena entre 1998 y 2001. Su hermano Javier, también exalcalde del mismo municipio entre 2007 y 2011, aunque está libre, afronta un proceso penal por idéntico tema: presuntos nexos con el paramilitarismo. En ambos casos, el denominador común es el mismo acusador: Carlos López.

En la edición del domingo 16 de septiembre de 2012, El Espectador dio cuenta de la andanada judicial de López contra los hermanos Álvarez a partir de 2007, luego de que el candidato de sus preferencias y financiamiento, Gabriel Leonardo Mendoza, perdiera las elecciones en Tauramena. Un alud de denuncias ante el DAS, la Fiscalía, la Procuraduría y la Presidencia, acompañado de numerosos testigos, algunos de los cuales poco a poco se fueron retractando y señalando a López de haberles ofrecido dádivas para enlodar a los Álvarez.

En el mismo texto quedó reseñado cómo el ganadero Carlos Gabriel López le pidió a su amigo Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, que le hiciera llegar al entonces primer mandatario copias de sus acusaciones contra los Álvarez. Paradójicamente, días antes, cuando se iniciaron las pesquisas en su contra, el ministro Germán Vargas Lleras acusó a Santiago Uribe de estar detrás de un complot para desprestigiarlo e incluso dejó entrever que había existido una colecta para comprar falsos testigos.

Aunque Vargas Lleras concretó sus señalamientos a través de una denuncia formal ante la Fiscalía cuyos avances se desconocen, y Santiago Uribe Vélez públicamente negó las imputaciones en su contra, lo que sí se ha movido intensamente es el proceso contra el exalcalde de Tauramena Milton Álvarez. En la actualidad se adelanta el juicio en Yopal (Casanare) y la demostración de que los casos están de alguna manera conectados es que los nombres de Germán Vargas Lleras y Carlos Gabriel López han salido a relucir con frecuencia.

Es el caso del testigo John Alexánder Camacho, alias Barbas —un exparamilitar de las huestes de Martín Llanos— quien compareció el pasado 14 de enero ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Yopal y aseguró que estando en la cárcel de Acacías (Meta) y luego en La Picota de Bogotá, le llegó una razón directa de su superior en las autodefensas, José Darío Orjuela, alias Solín, para que declarara contra Milton Álvarez. El mensaje llevaba un atractivo implícito: por acusarlo hasta de homicidios iba a recibir dinero de Carlos López.

Camacho aseguró que, contrario a lo que declaró antes por dinero, no le constan reuniones o vínculos de Milton Álvarez con las autodefensas. Y luego agregó que alias Solín, junto a otros exparamilitares, estaba “armando un complot para dañar carreras políticas de personas que fueron diputados, alcaldes o gobernadores”. La primera versión, aclaró Camacho, se la pasaron unos policías de la Dijín para que la firmara y en adelante todas las versiones en contra de los hermanos Álvarez las hizo obligado por Solín y por Carlos López.

En medio de su declaración, el juez aprovechó para preguntarle si en los últimos meses había sido contactado por miembros de las autodefensas para declarar contra un político de nombre Germán Vargas Lleras. El testigo John Alexánder Camacho, quien durante sus años en la guerra obró a órdenes del comandante HK, contestó: “La verdad, sí, doctor, fui contactado por Solín, quien me dijo que si yo le colaboraba a embalar a Germán Vargas Lleras, dejábamos el problema de Milton Álvarez a un lado y no iban a atentar contra mi vida”.

Camacho agregó que él no sabía nada de ese señor Vargas Lleras y que Solín respondió: “Usted no se preocupe, Barbas, que yo le cuadro eso, le digo qué tiene que decir y tranquilo que lo van a remunerar muy bien con un buen dinero. Me dijo que la cosa era seria, ya que era con ese señor Carlos López , la misma persona del problema con el señor Milton Álvarez”. El juez le preguntó si sabía de otras personas contactadas con el mismo fin, y el testigo aclaró: “Sé que hay otros que van a declarar en contra de este señor Germán Vargas, exmiembros de las Acc del Casanare”.

Al terminar su declaración, Camacho pidió que no lo fueran a sacar de La Picota en Bogotá, porque lo iban a asesinar. La delegada de la Procuraduría intervino para advertir que ante la gravedad de lo relatado por el testigo era necesario compulsar copias para abrir investigaciones. No obstante, aclaró que el Ministerio Público desistía de la comparecencia a declarar de Carlos Gabriel López, de un tal Jorge Barrera y del mismísimo Martín Llanos, porque a pesar de la insistencia de la Procuraduría, los tres habían sido renuentes a declarar.

Sin embargo, Barbas no ha sido el único testigo contra Carlos López. Otro exparamilitar, Carlos Guzmán Daza, alias Salomón, compareció en el mismo juicio y reveló que cuando él denunció a varios políticos de la región, a través de la Dijín lo visitó en su casa, donde estaba protegido, el ganadero Carlos López. El propósito: proponerle que lo hiciera también contra Javier Álvarez. Y le explicó que su propósito era tumbarlo porque tenía un proyecto con Santiago Uribe para darle manejo a la elección posterior de alcaldes.

El testigo agregó que varias veces lo visitó con la misma propuesta, haciendo alarde de su supuesta amistad con Santiago Uribe, al punto de que en muchas ocasiones sacaba el teléfono y decía que hablaba con personalidades de la Casa de Nariño. Guzmán agregó que pudo observar cómo López ejercía “una especie de control o hegemonía sobre los policías que andaban con él y que realizaban las entrevistas. Un comentario parecido al de por lo menos nueve testigos más que ratificaron el complot de López con dos policías de la Dijín.

Uno de los testigos fue el mayor (r) del Ejército Álvaro John Malaver, quien hacia 2009 ayudó a López a constituir la empresa de vigilancia Proyectar Seguridad Ltda., para operar en dos minas de su propiedad. Malaver, en declaración extrajuicio, ya había dicho que López se reunió con periodistas e investigadores de la Fiscalía para desprestigiar a los Álvarez. Esta vez compareció ante el juzgado de Yopal para referir que allegados de López habían ido a su casa y lo habían golpeado, culpándolo de ser la fuente de El Espectador.

Por estos días, tras la destitución del gobernador del Casanare Nelson Mariño por líos de contratación, a raíz del juicio al exalcalde de Tauramena Milton Álvarez, la política arde en el Casanare. No obstante, en círculos judiciales prevalece el hermetismo. El Espectador constató que hace una semana Carlos López debía comparecer ante la Fiscalía y no lo hizo. Es la cuarta citación que no acata. Lo mismo que ha sucedido con Martín Llanos, quien ha dicho que mientras no esté en Justicia y Paz no va a hablar. En cuanto a Vargas Lleras, sigue esperando justicia.

Dos policías de la Dijín en las vueltas de López

En medio de la controversia por la red de dudosos testigos, al parecer inducidos o pagados por Carlos López, en sus retractaciones se advierte un elemento común: la presencia de dos policías de la Dijín participando en la presunta fabricación de testimonios o entrega de dineros.

Se trata de los investigadores Franklin Márquez y Javier Gaona, referenciados como los personajes que siempre apoyaron a López en su andanada judicial contra Milton y Javier Álvarez. Por ejemplo, el testigo Nelson Gómez los recordó como los que le dijeron que ellos hacían todo, que sólo firmara.

En otro aparte de su declaración, Gómez expresó que los dos funcionarios de Policía Judicial siempre iban con Carlos López. “Eran como hermanos, uña y mugre, se reunían cada rato. Martha García los referenció como los que le entregaron en cuatro oportunidades más de $2 millones.

Otro testigo, Carlos Guzmán, también coincide en que dos policías andaban con López y le obedecían todo lo que ordenaba. “Él ejercía una especie de control o hegemonía sobre ellos”. Realizaban las entrevistas. Además, dijo que uno de ellos lo conocía porque pertenecía a la Fiscalía Anticorrupción.

Argumentos del ganadero Carlos López

En comunicación escrita dirigida a El Espectador, el ganadero Carlos López explicó frente al caso del ministro Germán Vargas Lleras que: “Nunca el suscrito ha sido parte de una organización, grupo o estructura tendiente a armar un complot , maniobra o maquinación que busque el desprestigio de ninguna persona”. Según López, nunca ha sido sindicado de delito alguno y tan sólo ha entablado una denuncia ante la Fiscalía, la cual fue en contra de los hermanos Milton y Javier Álvarez, porque atentaron contra su vida y por eso están respondiendo en juicio en Yopal (Casanare).

Frente al auxilio al candidato a la Alcaldía de Tauramena, Gabriel Mendoza, reconoció que lo apoyó, pero no fue financiador. En cuanto a la aparición del nombre de Santiago Uribe Vélez en el caso, López dijo que nunca aseveró que éste fuera colaborador de la campaña de Mendoza.

Coomeva EPS contempla liquidación

Mon, 25 Feb 2013 15:00:00 GMT

Además de las quejas por el servicio de Coomeva EPS y algunas sanciones de los entes de control, la entidad tiene hoy un lío más complejo: de no ocurrir en las próximas semanas un “milagro” que la saque de la crisis por la deuda de $250.000 millones que tiene con su red de hospitales (IPS), se empezaría a discutir su liquidación. De ser así, casi tres millones de afiliados en 1.000 municipios, que la convierten en la segunda EPS más grande del país, tendrán que buscar quién los atienda.

La EPS espera el “milagro” por dos frentes. Por un lado, que el Gobierno (a través del Fosyga) le pague los recobros en litigio, que según Coomeva EPS ascienden a $350.000 millones. Por el otro, que los hospitales acepten la propuesta de pago que les hizo en enero: cambiar la deuda por acciones (para ser socios de Coomeva EPS) o por fideicomiso del que podrán cobrar cuando el Fosyga desembolse los recobros.

La situación se ventiló en la asamblea de socios de la EPS del pasado 20 de diciembre, en la que se discutió la crisis. Ese día, los accionistas les dieron a los directivos dos meses para estudiar una reorganización, fusión o cambio de nombre (pensando en nuevos accionistas), mientras hacen las últimas gestiones para llegar a un acuerdo de pago con los acreedores o el Gobierno da alguna solución. Sin embargo, el panorama no es alentador, pues el Gobierno no ha fijado plazo ni monto para el pago, y algunos acreedores están reacios a las propuestas.

Si nada funciona, en la asamblea extraordinaria del próximo 26 de febrero se discutirá “la continuidad de Coomeva EPS como empresa”, lo cual daría pie a un cierre gradual. Claro está, la decisión iría acompañada de una demanda contra la Nación, al considerarla responsable de su quiebra, por la deuda del Fosyga con las EPS (ver ‘es una verdad a medias’). “Nos preocupa llegar a una liquidación, porque tenemos un nombre y un recorrido, pero es una de las propuestas que están en la mesa”, dijo Carlos Armando González, gerente de Coomeva EPS.

El punto máximo de la crisis de Coomeva EPS se alcanzó en junio pasado, cuando la Superintendencia de Salud encontró que no cumplía los márgenes de solvencia y la sometió a vigilancia especial. La solvencia de una EPS se calcula comparando su patrimonio con el dinero que recibe por sus afiliados. Las cifras mostraban para ese momento que la entidad tenía ingresos por $500.000 millones y gastos por casi $600.000 millones, razón para estar en la mira.

Durante los meses siguientes, para devolverle liquidez, sus directivos liberaron reservas, mientras que el Grupo Coomeva (máximo accionista de la EPS) le inyectó $85.000 millones de capital y le compró todos los activos por casi $45.000 millones. Con esto cumplieron ligeramente el margen de solvencia para que la Supersalud levantara la medida.

Sin embargo, parece que se trató de paños de “agua tibia”, ya que entre septiembre y diciembre, meses en los que se mantuvo la medida de la Supersalud, la deuda con clínicas y hospitales alcanzó los $250.000 millones, con cartera con 100 días de vencida. Pese a esto, la Superintendencia le levantó la medida el 19 de diciembre, basada en un informe de tres meses atrás. Al día siguiente, Coomeva EPS hizo una asamblea extraordinaria en la que se discutieron las últimas cartas a jugar antes de hablar de liquidación.

Desde diciembre a la fecha, los directivos han enviado misivas al Ministerio de Salud para resolver el lío de los recobros y han hecho reuniones con las IPS, para convencerlas de aceptar las propuestas de pago (con acciones o el fideicomiso), pero hasta ahora no hay nada concreto. Como el “milagro” del Gobierno es el menos probable a corto plazo, han puesto sus esperanzas en la respuesta de las clínicas y hospitales (IPS), principales acreedores, a los que les han vendido el mensaje de que “es lo mejor para todos”.

Para que las IPS se vuelvan socias de Coomeva EPS, cambiando deudas por acciones, se tienen cifras concretas: la EPS prevé emitir $100.000 millones en acciones (a 20 centavos cada una), con lo que cubriría parte de las cuentas por pagar. Menos concreta es la propuesta del fideicomiso, pues depende de lo que el Fosyga finalmente le reconozca a la entidad. Para la EPS, ambas alternativas tienen el mismo efecto: reducir las cuentas por pagar, para recuperar flujo de recursos y seguir operando. “Es una propuesta que nos conviene a todos, porque somos la empresa que más servicios de salud compra en el país”, dijo Carlos Armando González, gerente de la EPS.

A pesar del mensaje, la propuesta no ha tenido buena acogida entre algunas entidades afiliadas a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). Una de las razones es que, al igual que la EPS, los hospitales también tienen deudas millonarias con el personal y los proveedores, y ninguna de las alternativas les genera recursos para ponerse al día. Por eso, Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC, dijo que ambas propuestas son de alto riesgo y criticó que la entidad condicione el pago de la deuda que tiene con los hospitales al pago que espera del Fosyga. “Para seguir en el negocio, pretende trasladarles a las IPS esa incertidumbre que ellos tienen frente a los recursos del Fosyga y el valor real que hoy tiene su compañía”, agregó Giraldo.

A esta crítica se suman los reparos de algunos hospitales por la forma como Coomeva EPS, mientras estuvo bajo vigilancia especial, vendió sus propiedades al mismo Grupo Coomeva, quedando sin con qué respaldar la deuda. También, por el traslado de algunos negocios de la EPS a otras empresas del grupo, como los servicios asistenciales que tenían en las Unidades Básicas de Atención (UBA). “Es como si estuvieran dejando el cascarón de la empresa, para entregársela a los acreedores. Sin sus activos, ¿qué valor tendrían las acciones de esta compañía?”, dijo Giraldo.

Y agregó: “Ahora Coomeva piensa hablar de liquidación. Es gravísimo que la EPS desmonte el aviso y nos deje la deuda, pero más grave es el silencio del Ministro de Protección, que no puede decir que no conocía el problema. Coomeva EPS reconoce que no tiene activos con qué pagar y esto ocurrió mientras estuvo bajo vigilancia de la Supersalud. Es ilógico que le levantaran la vigilancia sin que hubiera resuelto su problema de solvencia”.

Ante estas afirmaciones, Carlos Armando González, gerente de Coomeva, explicó que hoy son ligeramente solventes, que la venta de bienes fue una medida necesaria para darle algo de liquidez a la empresa y que el traslado del esquema asistencial (médicos y unidades de atención básica) fue recomendación de la Supersalud, para mayor claridad en las cuentas. “Entiendo la suspicacia, por la situación actual, pero son procesos diferentes”, aclaró.

Frente a la controversia por el precio de las acciones, González dijo que su valor crecerá dependiendo del futuro de la EPS. “Hemos sido transparentes, reconocemos que estamos retrasados en los pagos, pero damos la cara. El Grupo Coomeva ha hecho lo que ha estado a su alcance para capitalizar la EPS, pero los esfuerzos han sido insuficientes, porque el hueco financiero es inmanejable. Pero si las IPS aceptan la propuesta, la EPS podrá continuar. Necesitamos un poco de oxígeno para seguir a flote mientras el Gobierno toma medidas frente al no POS, lo que debe ser rápido porque, de lo contrario, si todo sigue como está, así las IPS acepten el acuerdo de pago, no es viable nuestro futuro como empresa”, concluyó el gerente.

Aunque la situación de Coomeva EPS no es distinta a la de otras EPS del país, sí es la primera que se ha aventurado a plantear una solución de este tipo. Por eso las otras entidades aseguradoras están a la expectativa de los resultados. Según Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio de las EPS), es genuina la preocupación de Coomeva por pagar su deuda con las IPS y solucionar los problemas de liquidez, que afectan a todo el sector.

En medio del contrapunteo entre la Asociación de Hospitales y Coomeva, el superintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, dijo que esta situación no se le ha escapado del radar y que estudia la propuesta que Coomeva EPS les hizo a los hospitales, para conocer su alcance y fundamento legal, y la respuesta que ha tenido. “Sumado a esto, vamos a analizar sus estados financieros de diciembre, que deben llegar a finales de febrero, y lo que se discuta en la asamblea de la EPS. Luego tomaremos decisiones”, explicó.

Ante la crítica que hizo la ACHC sobre el papel de la Supersalud durante la intervención a Coomeva EPS y la posible liquidación de la compañía, Morales Cobo respondió: “Levantar la medida era obligación, porque cumplieron el margen de solvencia. Sobre la venta de los activos, se debe aclarar que en la vigilancia especial se le ordenó a la EPS capitalizar, y eso sólo se hace vendiendo bienes. Y ante una eventual liquidación, revisaremos todas las alternativas antes de pensar en esa salida. Aunque la principal responsabilidad de apoyar a la EPS sería de la cooperativa Coomeva y sus tres millones de colombianos afiliados”.

Aunque para algunos todo este debate alrededor de Coomeva EPS podría ser una estrategia para presionar una solución del Gobierno, lo cierto es que el riesgo de esta compañía (que se sumaría a la de la intervenida Saludcoop) es un fuerte campanazo sobre la urgente necesidad de un anuncio concreto de la Nación para curar las dolencias del sistema de salud, antes de que llegue el día en el que millones de colombianos amanezcan sin cobertura de seguridad social.

Es una verdad a medias’: minsalud

Ante el señalamiento de Coomeva EPS de que su hueco financiero obedece a la deuda que tiene el Fosyga con la entidad, el ministro de Protección Social, Alejandro Gaviria, indicó que esta es una verdad a medias y que “decir que es culpa del Estado es una simplificación del problema”. Aunque reconoció que la EPS presentó un monto muy elevado de recobros, que superan los $350.000 millones, aclaró que Coomeva EPS “tuvo prácticas contables no muy ortodoxas y parte de los recobros no se pueden pagar por fallas insubsanables”.

“Por ejemplo, no hicieron provisiones sobre los recobros; hay algunos de 2004, que son impagables, y otros que tienen problemas en la facturación. Además, tienen un problema muy grave y es que muchos recobros fueron decomisados por la Fiscalía, a los que no tenemos acceso. Lo que podemos decir es que desde el año pasado hay unas reglas claras y pagaremos rápidamente lo que podamos pagar”.

Frente a lo que el Fosyga estaría en capacidad de pagar, Gaviria puntualizó que podría ser la tercera parte de lo que están recobrando las EPS. “Se debe hacer un llamado de atención a las EPS para que tengan seriedad en la contabilidad y en la forma como hacen los recobros”. Frente a las medidas para redirigir el sistema de salud, el ministro dijo que el anuncio se hará en marzo.

Twitter:@alexmarin55

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Crítica al manejo del dinero de la UPC

Una pregunta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas a las EPS es por qué si reciben el dinero de los afiliados, conocido como UPC, condicionan el pago de la deuda al pago del Fosyga. A esto, el gerente de Coomeva EPS dijo que la crisis de la salud es producto de poca claridad frente a los servicios que no están en el Plan Obligatorio de Salud (no POS), que se deben prestar por orden judicial y luego son difíciles de cobrar al Fosyga. “A una EPS la contratan para prestar servicios del Plan Obligatorio (POS), pero la obligan a prestar algunos (no POS), que debemos pagar y luego cobrar al Fosyga. Sin embargo, esa entidad no ha pagado muchos recobros, porque tiene objeciones”.

“Por ese esquema, es que las EPS han tenido que usar el dinero que reciben de los afiliados y gastarlo en servicios no POS, esperando que ese dinero retorne. Esta situación hizo inviable el sistema. Al principio no se sentía esta situación, pero la liquidez se agotó. Hoy no tenemos cómo cubrir este hueco, porque no tenemos más”.

Los recobros que Coomeva tiene en litigio

La fiducia que propone Coomeva EPS para pagar a las clínicas y hospitales se crearía con los dineros que espera que el Fosyga le reconozca por concepto de recobros. De acuerdo con el gerente de la entidad, Carlos Armando González, esperan casi $350.000 millones, que están congelados por “diferencias técnicas” con el Estado.

Los recobros a los que hace referencia Coomeva se dividen en tres grupos: el primero, por casi $70.000 millones, corresponde a recobros extemporáneos; el segundo, por casi $175.000, corresponde a medicinas suministradas como no POS, y el tercero, de $85.000 millones, por falta de documentos.

“Todos estos recobros están soportados en los servicios efectivamente prestados por los hospitales y pagados por la EPS. El Fosyga no nos ha pagado porque existen diferencias técnicas que tienen una justificación. Por eso pedimos que el Gobierno abra un espacio para discutir estos aspectos y encontrar una pronta solución”.

Despojo ilegal a manos del Estado

Mon, 25 Feb 2013 02:18:17 GMT

El Recuerdo, La Esperanza, El Triunfo y El Purgatorio… fuera de ser 4 de los 12 predios en los que Patricia Reyes encontró dividida su finca, irónicamente también resumen su historia. Esta bogotana recuerda que abandonó una propiedad en los 80 por miedo a las Farc y que el Gobierno la despojó de la propiedad, al adjudicarla en los años 90 a familias campesinas, pensando que era un baldío. Ella regresó al país esperanzada en recuperar su finca y a pesar de que triunfó cuando la Nación reconoció que se había equivocado, hoy es dueña sólo en el papel.

Las 348 hectáreas de la finca San Antonio, ubicada en el municipio de Icononzo (Tolima), siguen ocupadas por 12 familias, entre las que curiosamente no sólo hay campesinos, sino también algunos comerciantes, contratistas del Estado y hasta políticos. Hoy todos se niegan a entregar las tierras, a pesar de que el Incoder revocó la adjudicación que erróneamente hizo. Esta disputa, entre la dueña de la finca y los adjudicatarios, lleva cuatro años y hasta el momento parece no tener una salida concreta.

Por eso, con una maleta llena de documentos y un bastón que le recuerda el día en el que la guerrilla mató a su madre y por poco a ella, Patricia Reyes se mantiene entre las oficinas del Incoder y la Unidad de Restitución de Tierras buscando que alguien le ayude a resolver su dilema. Esta tarea se ha convertido en su única obsesión y, a pesar de que no tiene formación jurídica, le ha tocado enfrentar esta lucha sola, ya que ningún abogado se atreve a asumir su caso, por miedo a las amenazas.

La tragedia de Patricia Reyes Vargas, de 39 años, empezó el domingo 7 de septiembre de 1986. Ese día la guerrilla de las Farc mataron a su madre, a su hermana y a cuatro personas más, en medio de un ataque que estuvo dirigido contra su progenitora, por sus actividades políticas. Patricia, que para entonces tenía 12 años, recibió nueve tiros en la espalda y sufrió lesiones permanentes en su columna vertebral.

Después del crimen las amenazas contra su familia siguieron. Por eso, meses después de la muerte de su madre, abandonó el país. Pasaron 10 años, antes de que decidiera regresar. Fue cuando supo que su finca la habían dividido en 12 predios y estaba habitada desde unos años atrás. Al averiguar, encontró que la distribución de su propiedad la había hecho el propio Gobierno, a través del Incora (hoy Incoder).

Sin embargo, dicha adjudicación estuvo plagada de irregularidades. Según la ley, “para que un bien de dominio privado pase a ser baldío del Estado es necesario que previamente se adelante una extinción del dominio”. En este caso, el Incora hizo la adjudicación sin el debido proceso y sin verificar que éste era propiedad de la familia Reyes desde 1960, tal como lo prueba el certificado de libertad y tradición.

Patricia Reyes, en medio de amenazas de muerte que seguía recibiendo, emprendió la tarea de recuperar sus tierras. De inmediato, destacando las irregularidades que se dieron en la repartición de su finca por parte del Estado, ella le solicitó al Incoder que revocara de forma directa las 12 resoluciones de adjudicación. En 2010, la institución le dio la razón y las revocó.

La entidad reconoció que adjudicó una propiedad privada e inicialmente le devolvió la titularidad de ocho de los 12 predios. De los faltantes, tres están en proceso y a uno no se le dio trámite, porque no se pudo ubicar espacialmente. “Lo más irónico de este último predio es que el antiguo Incora sí pudo ubicarlo para adjudicarlo, pero hoy no lo encuentra para devolverlo”, aseguró Patricia Reyes.

A pesar de la decisión del Incoder, los ocho predios siguen ocupados, ya que las resoluciones de revocatoria directa no han sido suficientes para hacer efectiva la devolución de las tierras y parece no existir quién la haga cumplir. Según Miriam Villegas, gerente del Incoder, esto no es su responsabilidad, ya que la adjudicación no fue la que originó la ocupación y “la revocatoria no puede ordenar la restitución del predio, por cuanto dicha ocupación no se originó con la titulación”.

Algo distinto piensa el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Jesús Ricardo Sabogal Urrego, quien afirma que “el Incoder tiene competencia para resolver internamente todos los temas administrativos que tengan que ver con su misión, incluido el caso en el que tituló primero a una persona y luego a otra. Pero, por medio de restitución de tierras, también se podría materializar la decisión del Incoder, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de la Ley 1448 de 2011”.

Por esta razón, Patricia Reyes ya empezó el trámite en la Unidad de Restitución de Tierras con la intención de que su predio sea desalojado y restituido, pero la zona donde está ubicado el inmueble no está microfocalizada, es decir, en la zona no se ha implementado el registro de tierras. Para que una zona sea microfocalizada, trámite que no tiene límite según la ley, debe cumplir con dos requisitos: alto número de reclamación y condiciones de seguridad. Una vez se cumpla esta tarea en la zona, el proceso de restitución dura de 8 o 10 meses.

Al respecto, la abogada javeriana Catalina Rivera y las investigadoras en derecho María Alejandra Grillo y Carolina Bejarano, en un concepto emitido para El Espectador sobre este caso, aseguran que “la opción de reclamar los predios con el proceso de restitución de tierras para las víctimas del conflicto tiene ventajas relevantes, como son la celeridad del proceso y la inversión de la carga de la prueba”.

Lo cierto es que 27 años después de sobrevivir a nueve disparos, Patricia Reyes, sufre por un error del Estado que “antes de resarcir las heridas de la guerrilla o los paramilitares, debería arreglar lo que él mismo causó, porque en este caso es un victimario más”, afirmó Reyes a El Espectador. Además agrega que no tiene nada en contra de los adjudicatarios y que el problema es con el Estado. “Yo me pongo en los zapatos de ellos y sé que están de forma legal, porque el mismo Estado los colocó ahí”.

Son 12 familias las que hoy se perjudicaron por la equivocación del Estado y, durante casi 15 años, estas familias trabajaron la tierra en Icononzo (Tolima) creyendo ser sus dueños. Cada uno de los adjudicatarios del Incora tenía certificado de tradición y libertad, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que de nada sirvieron para mantener la adjudicación.

Luis Carlos Moreno, esposo de Carmen Rojas Aguas, adjudicataria del predio San Antonio, revocado por el Incoder, asegura que junto a su esposa ha trabajado la tierra para sembrar maíz y mantener el ganado, por lo que no van a desalojar la finca. Al igual que Moreno, Laureano Acosta Bohórquez, adjudicatario del predio El Purgatorio, también revocado por el Incoder, se opuso a la medida señalando que fue comprador de buena fe y se ha dedicado a trabajar la tierra, donde además pastan 50 vacas. Moreno agregó que “el Incoder se está lavando las manos y no quiere asumir la responsabilidad. Nosotros estamos legalmente en el predio, porque antes de adjudicar se avisó por los medios y no apareció ningún propietario”.

A lo que Miriam Villegas, gerente del Incoder, responde que “las adjudicaciones se realizaron, porque fueron los particulares quienes invocaron la titulación y afirmando cumplir con los requisitos exigidos. Por lo tanto, el error en el que se incurre al titular un área que no es baldío, no es exclusivo del Instituto, sino compartido con los solicitantes”.

Las 12 familias que creían ser los poseedores podrían quedar desamparadas jurídicamente ya que, según el concepto jurídico emitido sobre el caso por las investigadoras en derecho, en su calidad de adjudicatarios “no tienen la posibilidad de demandar al Estado, ya que la adjudicación de baldíos no genera derechos adquiridos”. Asimismo, según la ley el Incoder podrá revocar las resoluciones en cualquier tiempo, sin necesidad de contar con el consentimiento del titular.

De acuerdo con el Incoder, los antiguos adjudicatarios no tendrán posibilidad de indemnización. Frente a esta negativa, Julio Fuentes, miembro de la coordinación general de la Mesa Nacional Campesina, afirma que “el Estado es responsable de proteger al campesino, independientemente si estuvieron en tierras privadas. Por lo tanto, el Incoder debe reubicar y resolver el problema de los campesinos. El Instituto no puede desentenderse del tema porque fue el que cometió el error”.

Por lo pronto, en medio de esta batalla jurídica, a los errores del Incoder se suma la adjudicación de predios que no le pertenecen al Estado, una equivocación que tiene a Patricia Reyes en un trámite legal eterno y a 12 familias con la incertidumbre por no tener claro qué será de su futuro, cuando por casi 20 años pensaron que lo tenían resuelto con una tierra que no podrán conservar.

Qué es la revocatoria directa

El trámite de revocatoria consiste en determinar si el acto administrativo examinado cumplió con los requisitos legales. Particularmente el trámite de revocatoria de una titulación de baldíos se encargará de determinar si el predio era o no susceptible de ser adjudicado y si el solicitante efectivamente cumplía o no los requisitos para ser adjudicatario. En este caso, la misma entidad que toma la decisión revoca su propia resolución.

Ministerio le premió la trampa a Interbolsa

Sun, 17 Feb 2013 02:00:00 GMT

La Asociación de Padres de Familia del Gimnasio Moderno tenía $62 millones para invertir. Por carta le dio instrucciones a Interbolsa para comprar bonos de una entidad oficial. La comisionista, sin permiso, tomó el dinero para adquirir acciones de la propia Interbolsa.

Este abuso no sucedió el año pasado, cuando a muchos clientes les desviaron sin autorización miles de millones de pesos hacia repos de Fabricato y otros negocios. Ocurrió en 1999. Interbolsa realizó desde ese año operaciones ilegales destinadas a conquistar una lucrativa licencia del gobierno para entrar a un enorme negocio —sostén de crecimiento de la comisionista— y consolidar el primer lugar entre todas las firmas inscritas en la Bolsa de Valores.

Las operaciones ilícitas fueron detectadas y sancionadas por la Superintendencia de Valores y las conoció personalmente en 2003 el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda nada hizo entonces ni después para excluir a Interbolsa como creador de mercado de los títulos TES de deuda pública, su negocio bandera durante más de diez años gracias a la licencia que desde 2000 le otorgó la Dirección General de Crédito Público de ese ministerio.

Creador de mercado es la entidad financiera con licencia para comprar en subasta bonos del gobierno y luego negociarlos en bolsa. En 2003 Interbolsa tomó sin autorización dinero de sus clientes para cumplir un requisito esencial que se exige a los creadores de mercado, la capitalización mínima.

Las mismas prácticas que llevaron al cierre definitivo de Interbolsa hace tres meses —invertir la plata de los clientes sin permiso y sin contarles en qué, prometerles una cosa y hacer otra, manipular la bolsa—, el gobierno las detectó en la comisionista hace diez años. Las actuaciones prohibidas se descubrieron tras una investigación iniciada en 2001 por funcionarios de la Superintendencia de Valores. La Supervalores se fusionó con la Superintendencia Bancaria para crear en 2005 la Superintendencia Financiera.

En 2003 el ministro Carrasquilla se reunió con el superintendente de Valores, Clemente del Valle, y otros funcionarios para analizar los resultados de las pesquisas en Interbolsa. Había operaciones no registradas en la contabilidad. La Universidad La Gran Colombia figuraba con TES por $14 mil millones, pero el dinero era de Interbolsa. A la universidad le pagaron una comisión de $54 millones por utilizar su nombre. En la jerga bursátil eso se conoce como una “vuelta”. Otra falta fue la manipulación bursátil. Por 20 meses Interbolsa hizo operaciones no representativas del mercado con su propia acción. Es decir, la acción no subió y bajó por la libre oferta y demanda, sino por manejos ilegales, financiados sin permiso con plata de los clientes.

Pero hubo un hecho aún más grave. A Interbolsa le faltaban $1.500 millones para cumplir con el capital mínimo de $5.500 millones que exigía el Ministerio de Hacienda a los creadores de mercado. Entonces la comisionista emitió acciones por ese valor y las pagó tomando el dinero de las cuentas de los clientes, pero sin consultarles.

Una víctima fue la Asociación de Padres de Familia del Gimnasio Moderno. Sin autorización le compraron $62 millones en acciones de Interbolsa, pese a que había dado orden escrita de invertir esa suma en bonos del IFI (el desaparecido Instituto de Fomento Industrial). Para justificar su conducta, Interbolsa manifestó que las acciones mostraban una rentabilidad que respaldaba la inversión realizada.

En la reunión con el ministro Carrasquilla se estudiaron las sanciones que Supervalores pensaba imponer, multas por $160 millones y un castigo nunca antes dispuesto: el cierre de Interbolsa por tres días. “Eso era como cerrar el Banco de Bogotá por tres días”, dijo un funcionario que estuvo en la reunión. Se analizó el efecto que pudiera tener sobre el mercado. “Interbolsa ya tenía una importancia relativamente alta y la sanción de cierre era costosa para la firma en prestigio”, indicó el exfuncionario. Se acordó proceder tal como lo planteaba la Supervalores. “No es usual cerrar una firma, pero los temores fueron vencidos”, dijo la fuente.

De parte de Carrasquilla “hubo respaldo absoluto a la sanción”, indicó el participante. “La sanción era para darle una lección conforme a derecho a Interbolsa”. La resolución se dictó el 22 de octubre de 2003 y quedó en firme el 5 de diciembre. Las multas se rebajaron a $140 millones. Interbolsa tuvo que cerrar sus oficinas el 22, 23 y 24 de diciembre y abstenerse de negociar en bolsa. La resolución “es un hito”, indicó un exfuncionario de Supervalores. El exsuperintendente Clemente del Valle, hoy especialista en mercado de capitales del Banco Mundial, señaló que “la sanción era un precedente que no se había dado”.

El senador Juan Mario Laserna Jaramillo, del Partido Conservador, era director de Crédito Público en 2000 cuando Interbolsa fue reconocida por primera vez como creador de mercado. Dijo que nada sabía de las actuaciones ilegales que permitieron a Interbolsa cumplir los requisitos. Tiene razón. Las operaciones se divulgaron en octubre de 2003. Juan Camilo Restrepo y Juan Manuel Santos (1998 a 2002) fueron ministros antes de comprobarse los actos ilícitos.

El primero en enterarse fue el ministro Carrasquilla. Aunque la sanción se divulgó ampliamente, ni él ni sus sucesores —Óscar Iván Zuluaga y Juan Carlos Echeverry— tomaron medidas contra una firma que accedió con engaño a un programa estrella del Ministerio de Hacienda. Año tras año Interbolsa fue admitida como creador de mercado de los TES. Participó sin interrupción hasta 2012. Hubo años en que figuró en la lista como única comisionista de bolsa, al lado de entidades más grandes, como Bancolombia, Banco de Bogotá y Citibank. El ministro Mauricio Cárdenas canceló la inscripción el 2 de noviembre, día de la intervención, y los TES de Interbolsa pasaron a Bancolombia.

La trampa de Interbolsa se comentó en la revista Semana: “El señalamiento más delicado que hace la Supervalores a Interbolsa es haber usado plata de los clientes para comprar transitoriamente acciones de la propia firma. Interbolsa buscaba convertirse en creador de mercado”. También en El Tiempo: “La firma utilizó recursos de sus clientes... para comprar acciones de la propia comisionista... sin contar con la autorización expresa y escrita de los inversionistas”.

El martes 23 de diciembre de 2003 Interbolsa estaba clausurada. No podía negociar TES ni operar en bolsa. El cierre lo ordenó un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda. Pero en esa misma fecha un funcionario de ese ministerio, Carlos Alberto Rodríguez López, director general de crédito público, firmó la resolución que designó a Interbolsa como creador de mercado para la vigencia siguiente, el año 2004.

Rodríguez López, hoy vicepresidente internacional del Grupo Bancolombia, señaló que estaba enterado de la sanción en 2003, pero que Crédito Público “no es un regulador ni es un supervisor”. Para el programa de creadores de mercado los “criterios son objetivos, no hay elección a dedo, el que cumple los requisitos es aceptado, no hay subjetividad en la designación”, indicó.

Cada mes las comisionistas tenían que reportar su patrimonio previa certificación del revisor fiscal. La certificación de Interbolsa al ingresar al programa se basaba en una capitalización ilegal. Pero el Ministerio no la cuestionó. El certificado mensual lo ordenó César Alberto Mendoza Sáenz, como director encargado de crédito público en 2002. Mendoza Sáenz fue luego suplente de la junta directiva de Interbolsa. Gerencia la Compañía Colombiana de Capitales, a la cual el fondo Premium que ofrecía Interbolsa le dio un crédito por 1’995.000 dólares. Por uso de información privilegiada está inhabilitado por cinco años para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero.

En el mundo financiero era vox pópuli el papel significativo de Interbolsa en el mercado de los TES. En un artículo de 2006 sobre Interbolsa, la revista Semana escribió que los TES “forman parte primordial de su activo”. El mercado de deuda pública es el más líquido del país y el más líquido de cualquier economía, dijo el senador Juan Mario Laserna. “Los volúmenes son gigantescos”. El negocio de los TES en que se movía Interbolsa no solamente es el más grande de la bolsa, sino superior a la deuda externa de Colombia, indicó.

El programa de creadores de mercado surgió en 1997 para financiar el presupuesto nacional con deuda pública y se consolidó en 2000. Los participantes comercializan los TES, son un distribuidor mayorista de la inversión considerada más segura de la bolsa, pues el que responde es la Nación, que en teoría no se puede quebrar. “Los TES son cero riesgo”, expresó el senador Laserna. Entre 2001 y 2005 los promedios diarios de deuda pública negociados en bolsa aumentaron 14 veces, según Planeación Nacional.

Uno de los padres del mercado de TES es Juan Carlos Ortiz Zárate, accionista de Interbolsa y fundador del fondo Premium. En entrevista con Julio Sánchez Cristo dijo: “Es un negocio gigante, es un negocio maravilloso. Durante los 15 años que he estado vinculado con el Grupo Interbolsa hicimos algo que fue desarrollar la deuda pública colombiana, hoy es la deuda interna más líquida, más transparente, más perfecta. Cuando arrancamos en el año 97, cuando yo pertenecía a Interbolsa, hicimos un trámite muy complejo para ser creadores de mercado, sacamos esa licencia con mucho esfuerzo. Ese es el negocio que se llevó Bancolombia ayer”.

Cuando Interbolsa demandó las sanciones ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se puede decir que fue por lana y salió trasquilada. “Hubo un manejo indebido de los dineros de los clientes de la comisionista”, observó el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano en 2008 al refrendar la actuación de Supervalores. Agregó que Interbolsa incurrió en “maniobras que persiguieron únicamente el interés de la comisionista y desconocieron el de los comitentes y el de los demás agentes del mercado”.

Un abogado que trabajó en una entidad de control financiero anotó sobre las sanciones de 2003: “Los de Interbolsa ya jugaban tute desde el útero”. Un investigador que trabajó en Supervalores ese año, comentó: “Las actuaciones fueron impecables. En cambio, en los últimos nueve o diez años ha habido una convivencia feliz de las autoridades con Interbolsa”.

La posición del exministro Echeverry

Sobre su papel en el caso Interbolsa, el exministro Juan Carlos Echeverry le respondió así al diario El Colombiano, el pasado 20 de enero: “Estaba impedido y no fui ministro de Hacienda para Interbolsa desde julio de 2011, cuando el consejo de ministros aceptó mi solicitud de impedimento y designó, por decreto, como ministro ad hoc a Sergio Díaz-Granados, y luego lo sucedió, desde marzo del año pasado, el ministro Mauricio Cárdenas hasta mi retiro, el 13 de septiembre. Me hice el propósito de no tener ningún contacto personal ni telefónico con nadie que tuviera que ver con Interbolsa. Hubo un decreto como consecuencia de la reforma tributaria de 2010, la cual cerró las prácticas de evasión que estaban promoviendo las comisionistas de bolsa y las fiduciarias. Si alguien cerró y cauterizó la vena rota de la evasión por cuatro por mil fue el gobierno Santos con esa reforma que yo promoví. El superintendente dijo en el Congreso que, en dos años que estuvimos trabajando juntos en el Gobierno, nunca hablamos de Interbolsa”.

La posición del exministro Carrasquilla

Alberto Carrasquilla, que fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe entre 2003 y 2007, dijo en una columna que publicó la revista Dinero: “El sector financiero colombiano ni se inmutó en virtud de las dificultades que llevaron, al cabo, a la liquidación de la firma comisionista Interbolsa”. “La gente confía en el sistema privado y en su capacidad de absorber problemas de relativo calado”. “La actividad financiera consiste, precisamente, en tomar riesgos. En hacer apuestas, si se quiere, con dinero ajeno y eso, a veces, sale muy mal”. “En el caso específico de Interbolsa, cabe preguntar exactamente qué hubiera podido hacerse diferente y mi impresión es que no mucho”. “Ni creo que sea buena idea meterles burocracia a los mutuos acuerdos entre profesionales”. “De pronto conviene pensar en esquemas regulatorios que separen de manera más tajante los recursos de aquellos depositantes que quieren que su plata esté representada en TES respecto de aquellos que quieren compartir riesgo con banqueros profesionales en el oficio”.

Ministerio le premió la trampa a Interbolsa

Johann López — Sun, 17 Feb 2013 02:00:00 GMT

El naufragio de Policarpo Garrido

Mon, 11 Feb 2013 02:00:00 GMT

Policarpo Garrido, a sus 80 años, podría estar viviendo como empresario del transporte marítimo de mercancía y, tal vez, recorriendo el Caribe a bordo del Malente, barco de carga panameño que compró en los años 70 para asegurar su futuro en lo que hizo toda su vida: navegar. Sin embargo, sus planes naufragaron y hoy está en la ruina. Por dejar su barco en Cartagena más del tiempo permitido, la Capitanía del Puerto hizo de un caso administrativo, que se resolvía con una multa, un largo proceso penal, del que finalmente fue absuelto.

Por esta situación, su barco estuvo casi cinco años inmovilizado en la Heroica. Al no poder trabajar para pagar sus deudas, perdió el barco y su patrimonio. Desde entonces, Policarpo está sumergido en una lucha jurídica que cumple casi 25 años. Gran parte del tiempo peleando por una indemnización del Estado, ya que atribuye su quiebra a las malas decisiones de entes oficiales. No obstante, su reclamo no llegó a buen puerto en Colombia y por eso lo llevará a la justicia internacional.

La historia es insólita. Comenzó a mediados de los años 80, cuando quebró la empresa de carga panameña para la que trabajaba y en el acuerdo para su liquidación adquirió uno de los barcos, con la idea de transportar cemento desde Venezuela a las islas del Caribe. La embarcación, fabricada en Alemania en 1958 y con capacidad para 500 toneladas, necesitaba reparaciones, así que decidió traerla al astillero Conastil de Cartagena, por ser bueno y el más económico en el continente. Pero su decisión le salió cara.

Cada que un barco extranjero pretende llegar al país, se debe contratar a una agencia marítima nacional para que tramite los permisos. Para el caso del Malente contrataron a la agencia Carlos Ramón Torregrosa, que informó a la Dirección General Marítima y Portuaria de Cartagena que llegaba la embarcación. Con todo en regla, el capitán del Puerto autorizó su arribo en junio de 1987 y dio 15 días para los arreglos.

Todo estaba en orden, pero debido a la inestabilidad política que ese año vivió Panamá, al mando del polémico general Antonio Noriega, en el vecino país congelaron todas las cuentas bancarias. Policarpo, quien tenía allí su dinero, quedó sin recursos y no pagó a tiempo los arreglos a Conastil. Para completar, sufrió un infarto que lo incapacitó varios meses. Por estas razones no pudo retirar su barco a tiempo.

Cuando una embarcación incumple el tiempo de estadía en el país, es obligación del agente marítimo informar los motivos y pedir una prórroga. Pero en este caso la agencia no lo hizo, al considerar que la embarcación estaba inactiva y no transportaba mercancía. Sin embargo, con este descuido violaron las normas portuarias. Según las reglas que rigen en los puertos colombianos, estos casos deben ser investigados por la Capitanía del Puerto para establecer las razones y, de ser necesario, imponer multa.

Pero el capitán del Puerto en Cartagena, Gilberto Rengifo Barón, no abrió investigación alguna y puso la embarcación a disposición del juez de instrucción penal aduanera. A pesar de que él sabía que el Malente había llegado legalmente al astillero para reparación, solicitó que fuero investigado, porque presumía que estaba de contrabando y que no tenía agente marítimo. “Es decir, que no sabía cómo había llegado. Si hubiera sido contrabando, el capitán portuario hubiera sido cómplice, porque firmó el ingreso del barco”, dijo Policarpo Garrido.

La denuncia dio pie al proceso penal y a la inmovilización del barco, que quedó a disposición del Fondo Rotatorio de la Aduana. Tras varios meses de indagación preliminar, la justicia aduanera llevó a Policarpo a juicio por posesión y tenencia extemporánea de mercancías, cargo que Garrido calificó de ilógico, ya que el barco había llegado sin mercancía. “Llegó a reparación y así constaba en los documentos”, agregó.

Las evidencias a favor de Policarpo Garrido fueron tan claras que en agosto de 1991 el juez penal aduanero de Cartagena lo absolvió. En la sentencia señaló que no encontraba en el decreto de funciones del capitán del Puerto que éste pudiera poner a disposición de la justicia penal un barco por no haber prorrogado su permanencia y presumir por eso que estaba de contrabando. “El capitán del Puerto, no sabemos si por desconocimiento o por qué motivo, actuó de forma reprobable al no aplicar el procedimiento normal para una infracción a las normas del tráfico marítimo (…). Es censurable este actuar, que denota irresponsabilidad del oficial”.

Durante el proceso, la nave fue saqueada, se deterioró y se depreció, como lo demostraron los avalúos, que para el momento de su llegada (julio de 1987) indicaban que el barco costaba $820.000 dólares (casi $1.400 millones) y para finales de 1990, apenas $70.000 dólares (casi $120 millones). Policarpo ni siquiera la podía vender para recuperar algo de dinero. El 5 de julio de 1992 el capitán del Puerto dio al barco permiso de zarpar. El Malente, que para entonces ya se llamaba Notre Foix, regresó a Panamá, donde a los pocos años lo dieron de baja por mal estado.

Con la absolución y ante la responsabilidad de la Capitanía del Puerto, Garrido presentó una demanda de reparación directa contra el Estado. “El daño comenzó cuando la Capitanía omitió cumplir con sus obligaciones de investigar y puso el barco a disposición de la justicia penal”, dice la demanda. El expediente llegó al Tribunal Administrativo de Bolívar, donde los magistrados encontraron que el Estado sí le había causado un daño y en diciembre de 1999 condenaron a la Nación a indemnizarlo.

“El proceso penal que se adelantó contra Garrido fue un tremendo error, que no habría ocurrido si la motonave no hubiese sido puesta a órdenes de los jueces. Esto causó un daño patrimonial por falla en el servicio de la Capitanía del Puerto. Se necesitaron cuatro años para demostrar que no existía delito. La insolvencia de los dueños no era causal para procesarlos penalmente. El astillero tenía medios para exigir el pago”, dice la sentencia.

La decisión fue apelada y llegó a la Sección Tercera del Consejo de Estado. Policarpo estaba confiado en que el fallo le sería favorable. Sin embargo, hubo un episodio que lo intranquilizó. En 2008 lo contactó una señora de Santa Marta que le dijo que alguien lo podía ayudar para que su caso “saliera bien”. Debía revocar el poder a su abogado, firmar un poder en blanco y entregar parte de la indemnización.

Para concretar el asunto, lo citó en un apartamento donde iba a estar el supuesto funcionario del alto tribunal. Garrido no asistió. Curiosamente, por esos días la Fiscalía adelantaba una investigación contra funcionarios del Consejo de Estado que supuestamente integraban una red dedicada a manipular fallos.

En noviembre de 2009, casi 10 años después del fallo de primera instancia, la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció. En una decisión de 16 páginas, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, revocó la decisión del Tribunal de Bolívar. En un fallo que reconoce que entre los deberes de la Capitanía del Puerto estaban los de investigar y sancionar, señala que la decisión de poner el barco a disposición de la justicia penal no configura responsabilidad alguna.

“Si bien es cierto que el proceso penal absolvió al propietario, esto no significa que la actuación de la Capitanía no se enmarcó en la ley (…). Las capitanías son autoridades disciplinarias, que deben sancionar, previa investigación, infracciones o violaciones a las normas. En el caso de permanencia sin permiso de buques extranjeros en puertos colombianos genera multas, que debe imponer la Capitanía de Puerto (…) pero esto no significa que el Capitán no fuera competente para denunciar la embarcación ante la justicia penal, si consideraba que se estaba cometiendo un delito”.

Y agregó que si bien era cierto que el barco sufrió daños mientras estuvo retenido, éstos obedecieron a la investigación penal aduanera y su guarda estaba en cabeza del Fondo Rotatorio de Aduanas, división de Aduanas operativa del Ministerio de Hacienda. Por esta razón, la Capitanía del Puerto no era responsable del deterioro y averías de la embarcación mientras estuvo inmovilizada.

El demandante agotó su último recurso presentando tutelas con las que pidió a la Sala Plena del Consejo de Estado que revocara la sentencia de la Sección Tercera, por violación al debido proceso y a la correcta administración de justicia. El magistrado Enrique Gil Botero se opuso, diciendo que era imposible reabrir el caso porque el proceso había sido devuelto al Tribunal de Bolívar. Finalmente, la Sala Plena rechazó la tutela por ser improcedente ante decisiones de los altos tribunales.

Su esperanza estaba puesta en el Consejo de Estado. Sin embargo, las últimas decisiones significaron el naufragio para Policarpo Garrido, que quedó con las manos vacías y, a pesar de haber sido sometido a un injusto proceso penal que lo dejó en la ruina, no encontró en el país autoridad alguna que amparara sus derechos. Por eso su caso será uno más de los que inevitablemente llegarán a instancias internacionales, porque en Colombia la justicia no lo protegió. “Si hubiera sabido que la justicia opera así, seguro hubiera accedido al soborno, pero confié, y mire las consecuencias... me quedé sin nada. Por eso hay corrupción”, concluyó Garrido.

jamarin@elespectador.com

La importancia de llamarse Milan

Sun, 10 Feb 2013 02:00:00 GMT

A las 21:36 horas del pasado martes 22 de enero, en la clínica Teknón de Barcelona (España), luego de un parto programado por cesárea, nació Milan Piqué Mebarak, hijo del defensa central del equipo azulgrana de la misma ciudad Gerard Piqué y de la cantante barranquillera Shakira Mebarak Ripoll. Desde ese día hasta el pasado martes 5 de febrero, en 28 municipios de Colombia, incluida la capital de la República, han sido registrados 39 recién nacidos que tendrán como nombre de pila, sólo o compuesto, el ya famoso y sonoro Milan.

Según el comunicado que dieron a conocer los felices padres de Milan Piqué Mebarak, el nombre cuya acentuación recae sobre la primera sílaba significa, en eslavo, querido, lleno de gracia y amoroso. En romano antiguo traduce entusiasta y laborioso. En sánscrito equivale a unificación. Sin los mismos simbolismos, los 39 tocayos que tiene el hijo de Gerard Piqué y Shakira no nacieron famosos, pero en sus respectivos hogares las familias empezaron a acostumbrarse a combinar el nombre con los habituales referentes autóctonos.

Del primero que se tuvo noticia fue de Milan Piquet Suárez Arteta, un bebé nacido el 10 de octubre de 2012 en Barranquilla, pero registrado la última semana de enero en la Notaría Primera de Soledad. Hijo de Stefany Arteta y Jaime Antonio Suárez, el pequeño Milan colombiano dará sus primeros pasos en una sencilla vivienda del barrio Villa Mónaco en Soledad (Atlántico), desde donde sus padres esperan que algún día pueda ingresar a las divisiones menores del Barcelona, del cual ya es socio el primer Milan, el de Piqué y Shakira.

Pero el asunto se puso de moda. Con una particularidad, a la usanza colombiana, los niños Milan ya tienen cómo distinguirse. Por ejemplo, en Barranquilla también fueron registrados Milan Leonel, Milan David y Milan José. Los bogotanos son nueve, todos compuestos. El mismo Milan acompañado de Santiago, Esteban, Matías, Mateo, Samuel, Jerónimo y Hernando. En un caso se llama Sergi Milan y en dos registros más difícil y literalmente hallarán tocayo: Milan Jeanpool y Milan Dowminyv.

Sólo en dos de los 39 casos registrados hasta hoy, los niños se llamarán Milan a secas. El primero nacido en Montería (Córdoba) y el segundo en el municipio de Suárez (Cauca). Asimismo, de la totalidad de los registros sólo hay una mujer, nacida en el municipio de Totoró (Cauca). Lleva por nombre Milan Yineth. Los demás tienen combinaciones muy castizas: Sebastián, Alexánder, Damián, Matías, Emmanuel, Alejandro, Andrés y Javier. No podían faltar los extranjerismos: Kaleth, Deled, Sneider, Yair y Piquet.

En sentido contrario, es decir, con el Milan de segundo nombre y el primero colombiano a leguas, aparecen: Deivid, José, Santiago, Álvaro, Janier y Norvey. Además de Barranquilla y Bogotá, los Milan colombianos estarán en todas las regiones. Hay registros en Aguazul y Hato Corozal, en Casanare; Coyaima, Anzoátegui y Líbano, en Tolima; Sutamarchán y Pesca, en Boyacá; Argelia, Suárez, Guachené y Totoró, en Cauca; Villavicencio, en Meta; San Andrés de Sotavento, Córdoba; San Alberto, Cesar; Cartagena, Bolívar, y Villagarzón, Putumayo.

Seguramente la popular cantante Shakira Mebarak, además de exitosa artista, embajadora de buena voluntad de la Unicef y gestora de la Fundación Pies Descalzos —que provee educación a menores desfavorecidos— no tiene ni idea del impacto que ha causado en Colombia la noticia del nacimiento de su hijo Milan Piqué en Barcelona y menos de que por ahora su niño va a tener 39 tocayos. Como literalmente señala uno de sus más resonantes éxitos, “Inevitable”.

San Rafael, herida sin cerrar

Sun, 13 Jan 2013 02:00:00 GMT

La comunidad de San Rafael (Antioquia) cumple 25 años con una herida abierta, por cuenta de la sangrienta matanza que golpeó a la población en 1988 y que sigue impune. Sujetos armados, con supuesta complicidad de la Fuerza Pública, en marzo de ese año desaparecieron a Alejo Arango del Río, líder político de la UP, a quien sacaron de una cárcel estatal. Tres meses después hicieron lo mismo con 15 mineros seguidores de Arango, a los que raptaron de sus casas y de la mina en la vereda El Topacio. Estos hechos siguen vivos para algunos habitantes y más cuando las familias aún esperan recuperar los restos de sus seres queridos.

Junto a Arango del Río, la lista de desaparecidos la integran Abel, Ovidio y Jesús Buriticá; Gustavo, Guillermo y Fredy Giraldo; Alirio y Fabio Cuervo; Diafanor y Óscar Daza; Juan de Jesús Taborda; Juan Evangelista Marín; John Mario Giraldo; Juan Marín Giraldo y Luis Arturo Hincapié. La única evidencia de su muerte son algunas prendas, objetos y restos humanos que encontraron por el río Nare después del crimen, los cuales, de acuerdo con la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín, aún siguen en proceso de identificación. Apenas hace un año exhumaron los restos para someterlos a pruebas de ADN.

Al igual que muchas de las históricas matanzas cometidas por los paramilitares, en la de San Rafael también el Ejército estuvo cerca del lugar de tragedia y poco hizo por proteger a la población. Por esta razón hubo investigaciones contra oficiales y soldados, basadas en evidencias como el hallazgo del registro civil de una de las víctimas en el sitio donde acampó la Fuerza Pública y denuncias de los propios parientes de las víctimas. A pesar de esto, los juzgados los absolvieron por duda, al no hallar, en su concepto, pruebas relevantes.

Hoy, 25 años después, los padres, hijos y hermanos de los mineros de San Rafael siguen esperando justicia y una reparación del gobierno, por la presunta complicidad de agentes estatales en la matanza, al menos por omisión y fallas del servicio. Aunque ya perdieron una batalla ante la justicia administrativa, en esta oportunidad, representados por el abogado Javier Villegas, de Medellín, intentarán una revisión del caso, aportando nuevas evidencias y testimonios.

Son dos nuevas demandas en las que aportarán declaraciones de desmovilizados que han dado nuevas pistas sobre los responsables. Una de las demandas corresponde al caso de Alejo Arango del Río, en la que responsabilizan al Estado de su secuestro, debido a que él estaba bajo custodia de las autoridades penitenciarias. La otra corresponde a la desaparición de los 15 mineros, en la que señalan a oficiales del Ejército de participar en el múltiple crimen, al haber estado muy cerca del lugar de los hechos.

La minería ha sido uno de los motores de San Rafael y para la década de los 80 era artesanal y desorganizada. Alejo Arango del Río, líder político de la UP, gestionó la licencia de explotación de la mina San Lorenzo, en una zona del río Nare, y organizó a los mineros a través de una cooperativa y les asignó espacios de trabajo. Debido a su militancia política y a la persecución de la UP en el país, Arango del Río recibió constantes amenazas y, según su familia, hostigamientos de la Fuerza Pública.

A finales de febrero de 1988 un teniente del Ejército denunció al líder político por extorsión, lo que generó su captura. Inicialmente lo llevaron a Puerto Boyacá (Boyacá), reconocida cuna del paramilitarismo en el país. Ante el riesgo, por lo que ocurría contra miembros de la UP, los dirigentes del partido pidieron su traslado a la cárcel de San Rafael. El 4 de marzo de ese año, cuando gestionaba un nuevo traslado debido a que seguían las amenazas, sujetos armados ingresaron al penal y se lo llevaron.

Los meses siguientes la zozobra invadió el pueblo. Algunos pobladores recuerdan que el Ejército supuestamente tildaba a los mineros de guerrilleros y que para las Autodefensas eran objetivo militar. El 12 de mayo de 1988 muchos tuvieron que huir de la mina ante el rumor de una supuesta “limpieza”. Ese día en el sitio solo quedó un menor (ya fallecido), quien relató al día siguiente que en la madrugada llegaron hombres disparando contra el campamento.

Aunque la tensión se mantuvo, días después todos volvieron a trabajar. En la tarde del 13 de julio, una mujer que cocinaba para los mineros alertó de la presencia cerca del campamento de miembros del Ejército con unos sujetos de civil. Todos siguieron sus labores. Horas más tarde esos hombres reunieron a los mineros y se los llevaron río abajo. Ninguno regresó.

Familiares de los desaparecidos acudieron a las autoridades para denunciar el hecho. El 23 de julio de 1988, una nube de gallinazos sobre un sector del río Nare marcó el sitio de la tragedia. A escasos 100 metros del lugar del secuestro encontraron pedazos de cuerpos. En el acta de levantamiento quedó el inventario: “7 brazos, 2 piernas, 2 troncos y 2 cabezas, irreconocibles por su avanzado estado de descomposición”. En el sitio también encontraron machetes, hachas y un tronco lleno de sangre.

Las autoridades trasladaron hasta el municipio las partes de cuerpos, que sepultaron en una fosa común e hicieron un acta de defunción conjunta, sin hacer reconocimiento. Tras el atroz crimen, muchos mineros se fueron del pueblo. Unos pocos siguieron en la mina hasta que, según sus relatos, personal del Ejército se ubicó cerca de la mina con tres ataúdes gritando que muy pronto serían ocupados con más mineros. La mina quedó abandonada.

La nueva lucha jurídica de las víctimas de San Rafael (Antioquia) remueve sus recuerdos y deja claro que aún no superan el dolor. Sienten que su caso es un ejemplo más de impunidad, pues a pesar de que su historia es similar a la de muchas matanzas en el país que terminaron en condenas contra el Ejército por su complicidad con paramilitares, dicen que sus denuncias no han sido tenidas en cuenta.

Blanca Irene Vásquez de Marín, esposa de Juan Evangelista Marín, dice que a pesar del tiempo no ha superado la desaparición de su marido y las tragedias que llegaron después de su muerte. “Mis hijos murieron, a mi niño se lo llevaron los paramilitares, mi hija se la llevó un desmovilizado y los mataron a los dos. La culpa de esa matanza se la atribuimos al Ejército, que dijo que los mineros eran guerrilleros y eso no era cierto. Han pasado 25 años y seguimos esperando que identifiquen los restos que encontramos”.

Arelis Hincapié, pariente de Julio Hincapié, recuerda que en la época el Ejército tenía una lista con nombres e interrogaban con amenazas a los mineros. “Un día nos dijeron que nos iban a mandar a los paramilitares. Dos semanas después ocurrió la masacre. De mi familiar lo único que encontramos fue su cédula y su ropa”.

María Isabel Daza, familiar de Diáfanor y Óscar Daza, también insiste en que el responsable de la matanza fue el Ejército. “Dicen que el capitán que comandaba las tropas meses después también fue responsable de la matanza en Segovia. Nuestros seres queridos eran personas honradas y trabajadoras. Eso no les importó”. Por su parte, Ana Graciela Gómez, mamá de Óscar Daza, indicó que lo que más le duele es que las autoridades no hicieron nada por identificar los restos. “La cabeza de mi hijo la encontraron unos mineros en el río Nare y lo reconocieron porque tenía un puente de tres dientes”.

Alba Luz Cuervo, pariente de Alirio de Jesús, dice que su tía contó cómo se llevaron a los mineros río abajo. “Cuando encontraron los primeros restos, con atarrayas sacaban pedazos de cuerpos del río. Dicen que están identificando algunos restos, pero nadie nos da razón. ¿Por qué no entregan los que ya reconocieron para devolver la tranquilidad a los familiares?”.

Flor María Gómez, esposa de Ovidio de Jesús Buriticá, señaló a un capitán del Ejército como responsable de sacar a varios mineros de sus casas y del rapto de los que estaban en la mina. “No sabemos por qué hicieron eso con tanta crueldad. Sé que hay un sobreviviente, quien nos contó que los tuvieron tres días amarrados y luego los picaron. Él se voló, pero no sé qué pasó con él”.

Un familiar de Abel Buriticá ratifica esta versión. “Recuerdo que a la casa llegaron unos sujetos por mis parientes como a las 2:00 de la mañana. Meses después me retuvieron los del Ejército y me llevaron a una base militar. Allí vi uniformados a los que se llevaron a mis familiares. Un año después me hicieron un atentado. Era gente del mismo grupo. Hoy trabajo como minero. Aún se encuentran huesos y tengo algunos guardados para entregarlos a Medicina Legal”.

Desde entonces, el drama de estas familias no ha cesado. Aún esperan recuperar los restos de sus seres queridos para acabar con la incertidumbre y, especialmente, cuando se han tenido noticias de que siguen apareciendo huesos a lo largo del río Nare. La Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín está al frente del proceso de identificación, pero los parientes siguen sin saber en qué va el proceso.

Una historia de matanzas

Segovia (Antioquia)

Hombres en camperos Toyota irrumpieron el 11 de noviembre de 1988 en el pueblo. Con ráfagas de ametralladora por doquier, y sin discriminación, masacraron a 43 personas. La Procuraduría afirma que los responsables fueron los paramilitares, con ayuda de la Fuerza Pública y la empresa Frontino Gold Mines. Por su parte, la exalcaldesa de Segovia también señaló al excongresista César Pérez García, quien enfrenta un juicio ante la Corte Suprema.

La Rochela

Doce miembros que una comisión judicial fueron asesinados en La Rochela, el 18 de enero de 1989, por ‘Los Masetos’, un grupo paramilitar. Las víctimas investigaban delitos cometidos en el Magdalena Medio, al parecer en alianza entre narcotraficantes, paramilitares y Fuerza Pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por estos hechos en mayo de 2007. Por este caso sentenciaron al paramilitar conocido con el alias de ‘El Negro Vladimir’ a 30 años de prisión.

El Aro (Antioquia)

En octubre de 1997 las Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu), con la complicidad del Ejército, asesinaron a 15 personas. El terror que padecieron las familias de las 60 viviendas del caserío, en el norte de Antioquia, duró siete días. Carlos Castaño, Francisco Villalba y Salvatore Mancuso fueron condenados por estos hechos. Además, dos militares fueron destituidos y sancionados por la Procuraduría. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado colombiano a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas.

Cimitarra (Santander)

El 26 de febrero de 1990, la periodista Silvia Duzán fue asesinada junto a un grupo de líderes campesinos, en una cafetería en La Tata (Santander). La reunión era parte de una investigación de la periodista sobre la zona. Las indagaciones realizadas por la comisión del crimen arrojaron como responsables a los paramilitares, con colaboración de la Fuerza Pública. Incluso algunos autores materiales fueron identificados, pero luego absueltos sin recibir sanción.

San José de Apartadó

El bloque Héroes de Tolová de las Auc, con protección y acompañamiento del Ejército, masacró el 21 y 22 de febrero de 2005 a ocho personas, entre ellas cuatro niños. Fueron brutalmente torturados, les cortaron los cuellos y los descuartizaron. Por estos hechos han sido condenados 6 militares y 18 paramilitares.

Aspersión de incertidumbres

Johann López — Mon, 03 Dec 2012 00:24:45 GMT