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De secuestrado a preso: policía rescató a plagiado y lo metió a la cárcel

Tue, 21 May 2013 20:07:08 GMT

Hombre pasó de secuestrado a preso

Tue, 21 May 2013 19:58:43 GMT

Preocupación en Quindío por incremento de abortos ilegales

Tue, 21 May 2013 17:05:59 GMT

“Ninguno de los 224 abortos que han registrado este año los centros de atención de salud del Quindío corresponden a abortos legales”, dice el secretario de Salud de ese departamento, José Antonio Correa, quien asegura que en comparación con 2012, la cifra aumentó en más de 50 casos.

El secretario aclara que ninguna de estas mujeres presentó una solicitud oficial para practicarse una interrupción voluntaria del embarazo, tal como lo permite la ley colombiana en tres casos (una malformación del feto que haga inviable su vida, el abuso sexual de la madre o embarazo de alto riesgo que ponga en peligro la vida de la madre), así que estas cifras sólo responden a los consolidados oficiales diligenciados por las clínicas y hospitales cada vez que una mujer, o una niña, llegan a un centro de salud para ser atendidas por complicaciones derivadas de abortos clandestinos.

Lo preocupante, según explica Correa, es que el sub registro de casos podría estar escondiendo una alarmante realidad: “creemos que el número real de abortos podría ser el doble, e incluso estar hasta un 80% por encima de este consolidado”, dice el secretario.

“Sólo un 15% de los casos que reportan los centros de salud responden a abortos espontáneos inevitables; pero el resto son mujeres adultas y menores de edad que llegan a las clínicas para ser atendidas luego de tener problemas con los abortos que se practican ellas mismas o en centros clandestinos”, explica Correa, quien en días pasados hizo referencia al último panorama departamental de embarazos interrumpidos: de los 7.001 embarazos reportados ante Instituto Seccional de Salud del Quindío (Issq) en 2011, 750 casos fueron abortados.

Esta cifra de muertes, que representa el 10.71% del total de embarazos, ha sido relacionada por el gobierno departamental con el último consolidado de embarazo adolescente que también es tema de preocupación. Según el Issq en 2011, el 24% de las mujeres que quedaron embarazadas en el Quindío, unas 1.660, tenían menos de 18 años y solo 833 de ellas dieron a luz a sus bebés, (alrededor del 50%).

La gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, señaló ante medios locales que la situación frente a este incremento en el número de abortos merece atención del Gobierno Nacional. “Por ahora vamos a actuar con programas de prevención sexual que concienticen a nuestros menores de edad frente al cuidado del cuerpo y las implicaciones que tiene un embarazo, las cifras son alarmantes, necesitamos ayuda de los ministerios competentes”.

Aunque la Procuraduría General le ha pedido en distintas oportunidades a los entes territoriales, el Ministerio de Salud y al Dane tener un consolidado en conjunto frente al número de abortos ilegales que se estarían practicando en el país, el panorama nacional más reciente fue presentado por la Comisión Reguladora de Salud en 2011, cuando declaró que en Colombia durante 2006 y 2010 se practicaron 34.000 abortos por fuera de la ley.

Secuestros bajaron un 40% en 2013

Tue, 21 May 2013 16:17:28 GMT

Este lunes País Libre publicó en su portal web su último balance en materia de libertad y seguridad en Colombia. El estudio reveló que en el primer trimestre de 2013 fueron secuestradas 58 personas, una reducción del 40 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado,donde se registraron 97 casos.

El seguimiento hecho por la fundación no gubernamental muestra que de los 58 casos de este año, el 53% corresponden a secuestros de carácter extorsivo, mientras que el 47% fueron de tipo simple. Los responsables fueron delincuentes comunes en un 69 % de los secuestros, seguidos por las Farc, que concentraron un 19 %; del Eln, con el 10 %; y las bandas paramilitares y narcotraficantes, con el 2 %.

De las 58 víctimas, 25 fueron liberadas por los captores, 17 fueron rescatadas por la fuerza pública, siete siguen en cautiverio, seis fueron entregados por presión oficial, tres se fugaron y ninguno murió privado de libertad.

Según estos datos, el mayor aumento en comparación con 2012 lo presentaron las Farc, al pasar de 2 a 11 cautivos en un año, mientras que la delincuencia redujo los secuestros de 87 a 40.

El departamento que más secuestros ha sufrido en estos tres primeros meses fue el Cauca, en el suroeste, donde el año pasado no se denunció ningún caso y en 2013 se han registrado siete. Esta región es una de las más afectados por el conflicto interno, dado que hay presencia de casi todos los actores armados ilegales.

País Libre estudió otros indicadores del conflicto en Colombia en este trimestre y concluyó que los combates entre la fuerza pública y grupos ilegales aumentaron en un 55 por ciento con respecto al año anterior en el mismo periodo, mientras que los ataques de las guerrillas disminuyeron en un 26 %.

Los homicidios aumentaron en un 4 por ciento; hubo 24 ataques a infraestructuras petroleras, uno más que hace un año, y aumentaron los retenes ilegales en un 43 %.

Entre 2003 y 2012 fueron secuestradas en Colombia aproximadamente 6.880 personas, un promedio de 1,8 secuestrados al día. No obstante, entre esos años, la práctica del secuestro se redujo en un 85 % al pasar de 2.122 casos en 2003 a 305 en 2012.

Asesinan al comandante de la estación de policía de Bugalagrande

Tue, 21 May 2013 11:36:43 GMT

El comandante de la estación de policía de Bugalagrande fue asesinado por desconocidos en una calle de Cali, capital departamento del Valle del Cauca, informó la Institución.

El Comandante Operativo y de Seguridad Ciudadana de Calio, coronel Nelson Rincón, dijo a periodistas que el intendente Juan Mena Rodríguez, fue atacado a tiros por desconocidos.

El fallecido, de 39 años, llevaba 19 años en la policía y era comandante de la estación de Bugalagrade.

La Policía ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que lleve a la detención de los responsables del asesinato.

A partir de este martes, Cali acogerá la VII Cumbre de las Alianza del Pacífico, conformada Chile, México, Perú y Colombia.

La Policía señaló que para prestar seguridad a la Cumbre destinó a unos 3.000 agentes de Policía y aviones no tripulados.

A la cita han confirmado su asistencia un total de nueve Jefes de Estado del mundo, de los países miembros y de los observadores, con decenas de representantes de sus Gobiernos.

Manuel Saturio Valencia ¿Mártir o mesías de la lucha racial en Colombia?

Tue, 21 May 2013 03:30:40 GMT

El 7 de mayo se cumplieron 106 años del fusilamiento del “poeta”, Manuel Saturio Valencia, la importancia de este pintoresco personaje, radica en el hecho que por ser el último colombiano condenado a la pena de muerte lo ha convertido en icono y mártir de la lucha racial en contra de la opresión “blanca” en Colombia.Su fusilamiento fue un acontecimiento político en el cual el acusado acepto su culpabilidad. Sin embargo, por conveniencias políticas e ideológicas se le ha dado una connotación racialista hasta convertirlo en un mártir de la lucha racial en Colombia.

De hecho, Saturio es uno de los personajes de la etnia negra que ha alcanzado una singular figuración en la historia política colombiana y, es un asunto que obedece en gran medida a una serie de mitos políticos y raciales que se han estructurado de manera superficial alrededor de su personalidad. Una simbología edificada a partir de especulaciones históricas y literarias que en estudios rigurosos sobre la verdadera dimensión política e intelectual de Valencia.

A raíz de esta efeméride y de la celebración del día de la afrocolombianidad es importante revaluar algunos conceptos y exponer otros enfoques sobre su vida y su obra. Manuel Saturio es uno de esos personajes que en la historia de la humanidad por provecho político se han creado fábulas que lo han elevado a la categoría de ser sobrenatural. De manera que, si se profundiza en un estudio serio y, desde luego, sin sesgos racialistas sobre su vida y su obra se develan muchas facetas pocos convincentes que sus biógrafos han inventado para glorificarlos.

En estos 106 años se han escrito cuatro novelas y centenares de ensayos que exaltan su vida: La Palizada, Miguel A. Caicedo (1952), Memorias del Odio, Rogerio Velásquez (1953). Mi Cristo Negro, María Teresa Martínez (1983) y El fusilamiento del diablo, Manuel Zapata Olivella (1986). Ensayos entre los cuales sobresalen: “Manuel Saturio Valencia: El hombre”, Miguel A. Caicedo (1992), Héroes y políticos: Quibdó desde 1900”, Peter Wade (1997) y “Violencia y Resistencia: una perspectiva de la literaturaafrocolombiana” de Marvín A. Lewis (1987), un estudio sobre Memorias del Odio y El fusilamiento del diablo , Valencia, A cien años del fusilamiento de Manuel Saturio César E. Rivas Lara (2007) y La reconstrucción histórica y jurídica del proceso seguido a Manuel Saturio Valencia, Gustavo Arley Córdoba82008), entre otros.

Cada autor ha idealizado a Saturio y ha hecho de él una interpretación de acuerdo con sus propias convicciones políticas e ideológicas, por lo tanto, es utilizado como pretexto para criticar los vejámenes de las clases dominantes contra la población negra, en relación con la esclavitud, la discriminación racial, las desigualdades políticas, económicas; y la injusticia social, igualmente, para exteriorizar y exaltar la lucha y la resistencia del hombre negro contra la opresión “blanca y mestiza” en América.

Las dos primeras obras son las versiones más “realistas” y terrenales de la vida de Valencia, las otras dos lo sitúan como un héroe mitológico. En opinión del escritor Alfonso Carvajal, en las cuatro existe “más ficción que realidad y más pasión que acervo documental”. Sin embargo, de todas sobresale El Fusilamiento del diablo por su extraordinario valor narrativo.En todas se evidencia una visión exagerada de la discriminación racial en la sociedad chocoana, en virtud de que, se saca de contexto que Valencia se educó y emergió como figura pública bajo la tutela de los Capuchinos, de algunos dirigentes políticos conservadores “blancos y mulatos”, de empresarios sirio libaneses como los hermanos Meluk y, sobre todo, las relaciones políticas que mantuvo con determinados sectores de la élite “blanca y mulata” de la ciudad.

Por la carencia de rigor en las investigaciones sobre la vida de Manuel Saturio y por una serie de sesgo ideológicos con tintes racialistas es lo que ha permitido idealizar toda una falacia para erigirlo como un mártir de la lucha racial y de las reivindicaciones de las minorías étnicas en Colombia.

Indudablemente que en aquella época había una pavorosa discriminación racial en una sociedad dominada por la división de clases sociales pero ha habido exageración, y por esa misma razón en la mayoría de los textos escritos sobre Valencia se evidencia un profundo desconocimiento de sus autores sobre diversos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales que fueron determinantes en la evolución de la sociedad chocoana en el período que nació y murió Valencia.

Por razones ideológicas se oculta que para la época ya había en la ciudad y, por ende, en la región una elite negra que había acumulado fortuna con la esclavización de sus semejantes y la minería, como lo explica Pete Wade en su obra “Gente negra, nación mestiza” cuando afirma que en la época existió una elite negra “la cual había adoptado un estilo de vida similar a la elite blanca que tanto se critica”. Es decir, “ni todos los blancos eranricos ni todos los negros eran pobres”.

Raymond L. Williams, en su trabajo sobre “La novela y elpoder en Colombia”, cuando habla de la novela moderna y postmoderna, dice que El Fusilamiento del diablo de Zapata Olivella es una reelaboración de la obra originalmente de Velásquez. En cambio, el ensayista, Martín Lewis, cuando se refiere a la violencia y la resistencia en la literatura afrocolombiana se pregunta si Memorias del Odio “es historia o una biografía novelada o simplemente un impresionante ejerció en el arte de mentir”.

Ahora en cuanto a Mi Cristo Negro sucede exactamente lo mismo, realmente no se sabe si es una biografía o una novela y para sintetizar la confusión, la autora dice: “Yo he sido la exclusiva médium del espíritu delmártir Manuel Saturio Valencia”, afirmación que pone en tela de juicio la veracidad de los hechos que narra en la obra. Caicedo en Saturio, el hombre revalida en parte la visión queescribió en La Palizada con un análisis más realista, y coincide con el escritor César Rivas Lara que “no lo mataron por negro ni por inteligente”, según su tesis “no lo mató la aristocracia sino quienes quisieron ampararse en la explotación del temor que el pueblo vivía frente a los poderosos”.

Sin embargo, cae en el facilismo atribuirle la autoría de una poesía que hace ilusión a la raza negra que jamás escribió, con el argumento: “Todo hace suponer que su autor fue Manuel Saturio Valencia…en aquel tiempo pocos sabían leer” e incurre en otras afirmaciones poco creíbles.

Rivas Lara, en su libro, tampoco aporta nada nuevo, pues en él no hace otra cosa que repetir la misma historias sin ningún rigor investigativos en fuentes primarias y lo más polémico es que vuelve a reafirmar la controvertible afirmación que “La bibliografía sobre Valencia, aunque escasa, es suficiente para conocer su trayectoria” y subraya que “ganó acenso en el campo de las arte y las letras”. Asegura que Saturio creó un grupo cívico del cual hizo parte, Adán Arriaga, un personaje que, aún no había nacido en aquel momento.

Asunto que me pidió que aclarar en mi libro Huellas Historia, pero que continuo citando dado a que en mis averiguaciones no he encontrado otro personajes destacado en la historia del Chocó en aquel período histórico que vivió Valencia se llame Adán Arriaga Andrade.

Finalmente el texto del abogado Gustavo Arley Córdoba, cuyo contenido cabalga por los mismos senderos de la superficialidad y el racialismo. Es un texto profundamente carente de críticas de fuentes, donde su autor plasmas más pasión por lo negro que análisis históricos profundo y contextualizado sobre las causas políticas del fusilamiento de Valencia, dentro del contexto de las rivalidades políticas entre liberales y conservadores, y desde luego, entre la división política y las luchas internas por el poder que habían dentro del propio partido conservador que pertenecía Valencia. Un aspecto supremamente clave para abordar con más ecuanimidad histórica la vida y muerte deValencia.

Estas invenciones y muchas otras carentes de fuentes documentales lo han mitificado como un defensor de las demandas sociales de los negros, cuando en el fondo ese no fue su ideario político, contrario a ello, durante su vida se destacó como un defensor de los principios políticos del partido conservador y como bien lo afirmó el investigador Luis Fernando González Escobar, Saturio más que un destacado poeta fue: “un coplero, bebedor y mujeriego”.

El novelista Arnoldo Palacio Mosquera, fue más allá en el prologo del libro de Rivas al decir que la biografía “es difusa y que Saturio “no se destaco como un autentico caudillo, sino como un representante de las fuerzas oscurantistas en una vasta región ganada por las ideales liberales, que había producido notables paladines y humanistas como César Conto , cuyas obras engrosan el tesoro de las letras colombianas” y remató afirmando que “desgraciadamente no se inspiro en las corrientes científicas”.

De suerte que hace falta un examen más sensato sobre sus ejecuciones y una valoración de su obra poética que aún nadie conoce porque no se han encontrado registros documentales para situarlo en la justa medida de sus méritos. Un hombre que como militante del Partido Conservador participó activamente en los conflictos políticos y militares, en una región que estuvo gran parte bajo el dominio político de los liberales radicales caucanos. En nombre de ese partido y en gobierno regidos por ese partido, ocupó los cargos de Juez de Rentas y Ejecuciones Fiscales, Juez Penal del Circuito, Personero Municipal y participó en la Guerra de los Mil Días.

Entonces, para comprender los antecedentes y las causas de su fusilamiento hay que profundizar en su actividad política, de conformidad con las luchas partidistas que había por el control del poder en la región. Más aún, dentro del contexto de las secuelas que dejó la guerra porque el fin de la misma no significó el cese de los odios y las intrigas entre los miembros de los partidos. Además, de su papel como secretario del Teniente político de su partido y las providencias que se habían expedido contra la embriaguez habitual.

Elementos fundamentales para discernir sobre las razones de su ejecución y no seguir acomodando los hechos para hacer ver este suceso como una conspiración racial de una minoría "blanca" que ostentaba el poder económico y político contra la población negra oprimida. Fue precisamente, por ese enrarecido panorama político y por su adicción a las bebidas alcohólicas que en una embriaguez intento sofocar un incendio, hecho que sus contradictores políticos aprovecharon para acusarlo de incendiario y llevarlo al patíbulo.

El fusilamiento de Valencia más que un hecho con connotaciones raciales fue esencialmente un crimen político, cuyo trasfondo fue la lucha política entre sectores liberales y conservadores por el control del poder en el Chocó. Una evidencia que no fue por razones raciales estádemostrada en las actuaciones de un grupo de damas de la élite “blanca y mulata” que solicitaron la intervención del Clero para que evitara la ejecución. En conclusión, se necesita más realismo que ficción en la historia de la vida y obra de Valencia.

Afrocolombianidad, paz y posconflicto

Tue, 21 May 2013 03:18:18 GMT

Consciente o no, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente y del vicepresidente de la República, dará hoy un carácter político a una celebración que desde la ley que la instituyó, la 725 de 2001, es fundamentalmente cultural: el Día de la Afrocolombianidad.

El foro, organizado por Óscar Gamboa, director del programa presidencial para el desarrollo integral de la población afro, promete ser un encuentro por la paz con alto valor simbólico. Vale decir, conspicuos adalides del proceso con las Farc ante un auditorio de afrocolombianos que no fueron traídos en buses por Marcha Patriótica. Así, el foro sirve al Gobierno, ¿pero también a la población que permite el simbolismo? Pudiera ser que sí, con ciertas precauciones.

Al apelar a la afrocolombianidad en relación con la terminación del conflicto armado y el posconflicto se le da un inusitado alcance político a lo que es una identidad cultural y/o racial. Hasta ahora no ha habido una tendencia significativa dentro de la población negra que conecte el objetivo de controlar la discriminación racial con las negociaciones en La Habana.

Algunos dicen que si hay desigualdad, pobreza y discriminación no puede haber paz, pero ni esos pocos se atreverían a sostener en público que las guerrillas sigan en armas si el Estado y la sociedad no se comprometen con una política pública seria contra el racismo. El Gobierno, con buen criterio, expuso sólo unos cuantos temas a las negociaciones de paz, y ese no fue uno.

La gente negra, por sentido común o madurez política, entiende que su problema de discriminación específico, derivado de su diferencia “racial” y agravado o atenuado por la condición socioeconómica, no se soluciona “llevándolo” a La Habana. ¿Cuál es, entonces, el fin de apelar a la afrocolombianidad frente a la paz?

Sin duda que por parte del Gobierno no puede ser convertir una identidad étnico-racial en una identidad política, porque dentro de la población afro hay pluralismo de opiniones sobre el proceso con las Farc. La precaución es importante para el proceso mismo, pues al abordar el punto del derecho de las víctimas sería problemático darle connotación étnico-racial a la masacre de Bojayá, Chocó, o al asesinato sistemático de trabajadores bananeros en el Urabá antioqueño a comienzos de los años 90, por ejemplo.

La afrocolombianidad tampoco ayuda mucho para encarar el punto de las drogas y los cultivos ilícitos en el Pacífico sur (Tumaco, Barbacoas), en Buenaventura y en el Chocó. Las Farc no están allí, o en el norte del Cauca, por perjudicar a la población negra, sino por razones geoestratégicas, como seguro se dirá en el primero de los dos paneles del foro, “Impacto del conflicto armado en la población afrocolombiana”, con Marino Córdoba, líder de desplazados, y Rosa Amelia Hernández, defensora de víctimas.

Nelly Mina ganó el 'Desafío' afrocolombiano

Tue, 21 May 2013 03:18:16 GMT

—¡Mami! Córteme la cabeza y me pone una blanca.

Fue lo que le dijo su hija cuando tenía unos cinco años, después de sentarse a llorar por ser víctima de varios ataques de racismo. Entonces la madre la abrazó fuerte y sus palabras se convirtieron en un bálsamo para sus pueriles oídos que, poco a poco, comprendieron qué significaba ser negra, mujer y pobre en una sociedad como la colombiana.

Nelly Mina aprendió a ser negra en Bogotá. Porque, según dice, en su tierra, Puerto Tejada, Cauca, de donde se vino hace 29 años, igual era ser amarillo, negro o blanco. “Cuando uno llega aquí, lo hacen sentir diferente, pero gracias a esa diferencia soy quien soy: una mujer que se quiere como negra y que lucha por la identidad de sus hijos”.

En Colombia es difícil saber con exactitud cuánta población se reconoce como afrocolombiana. En el último censo del DANE de 2005, se registraron 4’316.592 personas. “La razón principal tiene que ver con la negación, efecto del racismo inventado por el europeo como reflejo de una supuesta inferioridad de los africanos e indígenas y la superioridad de la población proveniente de España”, dice Juan de Dios Mosquera, director del Movimiento Nacional Cimarrón.

Nelly no pertenece a la población afrocolombiana que —según datos registrados por la Asociación de Afrodescendientes Desplazados (Afrodes)— llegó a la capital a comienzos de 1997 de manera masiva, proveniente de Riosucio, Chocó, por los enfrentamientos entre los actores armados. “Yo soy desplazada por la economía, la falta de oportunidades y la calidad de vida”.

Cada miércoles se reunían Miguelina y Nelly Mina, Celmira Palacios y Luz Edila Cuéllar, con el ánimo de fundar la que sería “la primera guardería de niños negros ubicada en el barrio Britalia, de la localidad de Kennedy, en Bogotá”.

Se turnaban el cuidado de los niños y, para no perder las tradiciones ancestrales, gastronómicas y culturales, los alimentaban con pescado, plátano, yuca, papa china y rascadera —“otra especie de papa que no se ve en Bogotá”—. “En celebraciones importantes hacíamos champús con unas 14 libras de maíz y lo servíamos en plato, porque así es que nos enseñaron a comer en nuestra tierra”.

Como los mapas que tejían las esclavas en sus cabezas con trenzas para indicar el camino, Nelly trazó su ruta de vida: una que reivindicara sus derechos y el de sus hijos a ser reconocidos dignamente en la sociedad colombiana, y para ello decidió rescatar sus raíces palenqueras.

Fundó el grupo musical Palenque y Palenquito, en el que participa su nieta de seis años que ya canta y hasta toca el guasá, un instrumento característico del contexto musical de la costa Pacífica, utilizado en los conjuntos de marimba y en las ceremonias sacras denominadas arrullos.

Desde 2000 se vinculó a la Red Nacional de mujeres Afrocolombianas Kambirí, asociación que nació con 14 coordinadoras y hoy, en cabeza de la señora Aura Dalia Valencia, le apuesta a “visibilizar los aportes que a través de la historia ha hecho la población afro en este territorio y en las Américas, y el empoderamiento de la participación política de la mujer”.

Kambirí es un término africano que significa “permítame entrar a esta familia”. Tal vez eso era lo que esperaba escuchar Nelly Mina cuando, recién llegada a Bogotá, empezó a sentir el rechazo y la discriminación, esa misma que no existe en el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, y que dice que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Nelly Mina no será popular, que mueva masas, que sea identificada en las pantallas o editoriales, como los grandes personajes de la humanidad que cambiaron la historia de una nación: Malcolm X, Nelson Mandela, Maurice Bishop y, si se quiere, el presidente de EE.UU., Barack Obama, pero sí es una mujer que ha hecho su propia lucha y con eso basta.

Sin ser necesario inventar un “desafío” o irse hasta la mismísima África a buscar “el origen”, Nelly Mina ya es ganadora del desafío afrocolombiano. Porque aunque no es una famosa cantante como Miriam Makeba, Nelly canta mientras cocina —“ingrediente principal para la buena culinaria”— y rescata su tradición gastronómica y la multiplica. Ganó escribiendo los poemas que permitieron emanciparla y ganó sabiendo que hay un reto con la afrocolombianidad, que es vigente y que es el motor para continuar su lucha.

La embarrada tras las amenazas a León Valencia

Mon, 20 May 2013 21:58:20 GMT

Familia santandereana recupera tierras despojadas por las criminales bacrim

Mon, 20 May 2013 20:39:12 GMT

El programa de restitución de tierras avanza a pesar de las dificultades y, después de las tierras arrebatadas a las Farc, ahora la recuperación se hace a las criminales Bacrim.

Dice un informe del ministerio de Agricultura que un juez agrario de Norte de Santander profirió la primera sentencia en la que se ordena la restitución de tierras a una familia campesina de la región de El Zulia (Norte de Santander), víctima de las bandas criminales conocidas como las “Bacrim”.

Con el fallo se ratifica la decisión del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, de aplicar con igual rasero y sin distingos de quién fue el despojador, la Ley 1448 de 2011, remarca el informe.

Ya se recuperaron tierras arrebatadas, en casos emblemáticos, por la “Casa Castaño”, en Córdoba y por las Farc, en el municipio de Ataco (Tolima).

Tras el fallo del juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, la Unidad de Restitución de Tierras entregará a una pareja de propietarios y sus hijos, 11 hectáreas de tierra conformadas por dos predios, que debieron abandonar a raíz de las constantes instigaciones de la banda criminal “Los Urabeños”.

La historia

En Norte de Santander se había producido, hacia finales del año 2004, un proceso de desmovilización en el que más de mil integrantes de las llamadas Autodefensas dejaron las armas. De todas maneras, aún existía en la región alta presencia de estructuras armadas de este tipo y las derivadas Bacrim.

En marzo de 2007, integrantes de ese grupo armado irrumpieron en la parcela hoy cobijada por el fallo de la sentencia y, mediante amenazas de muerte, obligaron a la familia a abandonarla. Además les impusieron vender sus tierras a una persona en específico y a un precio irrisorio. Desde entonces, los propietarios y su familia adquirieron la calidad de desplazados y, radicados en Cúcuta, padecieron dificultades a causa de su condición de víctimas.

Los hoy restituidos no habían ni siquiera podido volver a tener noticias del predio y se mantenían en constante zozobra a causa del generalizado estado de violencia padecido en la zona.

Sin embargo, nunca perdieron la esperanza de retornar algún día a esta tierra de la que, entre otras cosas, recuerdan con gran afecto los pozos destinados a la piscicultura y el cultivo del arroz, producto típico de la zona. Ahora la restitución es una realidad para esta humilde familia de Norte de Santander.

La sentencia que ordena la restitución material del predio también contempla, como medida para garantizar la sostenibilidad del proceso de restitución y en beneficio del núcleo familiar, una serie de mandatos, entre los que se encuentran:

· Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta el registro de la sentencia que reconozca el derecho fundamental a la restitución de tierras a favor de los solicitantes.

· Ordenar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi la individualización e identificación del predio actualizando sus registros cartográficos y alfanuméricos.

· Las autoridades militares y de policía deberán velar por la seguridad de los propietarios y mantener las condiciones de seguridad en inmediaciones al predio a restituir.

· Las autoridades del municipio El Zulia deberán exonerar el pago de la cartera morosa de los restituidos en materia de impuesto predial, tasas o contribuciones.

· Se condonarán las deudas relacionadas con servicios públicos y deudas con el sector financiero que tengan relación con la familia beneficiada.

· Las entidades que participen en la adjudicación de los terrenos no podrán exigir dinero por los trámites que se necesiten para hacer realidad la entrega.

· La urt deberá establecer un programa especial que permita la aplicación de los beneficios de la restitución, tales como: créditos, adjudicación de vivienda rural, educación, capacitación, recreación y planes y programas de reforestación. Además, deberá coordinar con las autoridades departamentales o municipales, a través del Ministerio de Agricultura, la puesta en marcha de proyectos productivos que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los propietarios.

En la sentencia también queda claro que el predio restituido no podrá ser transferido a otra persona durante los próximos dos años, salvo que se trate de un acuerdo entre el propietario y el Estado.

La actual sentencia es la tercera de su tipo proferida por los jueces en Norte de Santander. Hasta el momento se han entregado 24 hectáreas de tierra en este departamento, cifra que se espera aumente considerablemente a medida que crece la recolección de solicitudes y la presentación de demandas a las autoridades correspondientes.

Pilatuna de tres menores terminó en tragedia en el Atlántico

Mon, 20 May 2013 18:38:40 GMT

Pilatuna suscitó tragedia en vía del Atlántico

Mon, 20 May 2013 18:36:10 GMT

Crece preocupación entre autoridades por 'juego' de la ruleta sexual

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La ruleta sexual, un peligroso juego que toma fuerza entre jóvenes

Mon, 20 May 2013 18:25:37 GMT

Escándalo en Barranquilla por presunto intento de violación de médico a paciente

Mon, 20 May 2013 14:03:01 GMT

En Barranquilla denuncian intento de abuso sexual en un hospital

Mon, 20 May 2013 14:02:35 GMT

Investigan masacre de cuatro hombres en Cali

Mon, 20 May 2013 12:41:15 GMT

Investigan masacre de cuatro personas en Cali

Mon, 20 May 2013 12:40:45 GMT

Muere en combate hombre de confianza de 'Timochenko'

Mon, 20 May 2013 11:14:57 GMT

El Ministerio de Defensa confirmó la muerte de Ernesto Hurtado Peñaloza, alias el “Negro Eliecer”, cabecilla de la columna móvil Antonio Santos de las Farc y hombre de confianza de alias Timochenko.

A través de la cuenta de Twitter @mindefensa, se indicó que el "Negro Eliecer" además era socio de alias Megateo en negocios de narcotráfico.

Después de 31 años en las filas de las Farc, el hombre, por quien se ofrecía una recompensa de casi 500 millones de pesos, fue dado de baja en el Catatumbo. Según indicó a Blu Radio el Comandante de la II División del Ejército, General Juan Pablo Amaya, las operaciones adelantadas por la Fuerza de Tarea Vulcano en esa región corresponden a labores de inteligencia desarrolladas desde hace algún tiempo.

“En maniobras terrestres logramos esta acción militar que genera condiciones positivas para el Catatumbo, después de que esta columna atentara contra la población y estructuras de energía, entre otras cosas”, añadió Amaya.

En la operación militar también fue dada de baja alias Tatiana, jefe de finanzas de esa columna guerrillera que hace presencia en los municipios de Sardinata, Hacarí, El Tarra y quien además llevaba cerca de 21 años como militante en el grupo guerrillero.

El lío no son los jóvenes

Mon, 20 May 2013 02:00:00 GMT

La crisis en los centros de rehabilitación para menores infractores del país vuelve a ser tema de debate. Se dice que el actual sistema es una “bomba de tiempo” a punto de estallar. Y aunque las autoridades reconocen que tienen graves dificultades de infraestructura y de seguridad en los 22 centros especiales de reclusión que operan en Colombia, para expertos en derechos de infancia y adolescencia, este es sólo uno de los líos y que la raíz es más profunda. Insisten en que, a pesar de que el sistema está bien diseñado, son los responsables de su puesta en marcha los que se están encargando de que el modelo esté fracasando.

Al menos, así lo cree el abogado Manuel Enrique López, asesor de derechos de infancia y adolescencia, quien asegura que los disturbios y las fugas son solo una pequeña parte de algo más grande: una falla estructural del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en el país. Esta falla, que amenaza con llevar al colapso a todo el esquema, tiene tres razones: “la falta de coherencia entre la justicia penal para adultos y la de menores; el uso excesivo de la medida de privación de la libertad por parte de los jueces, y de la existencia de un sistema en el que su éxito es responsabilidad de muchos, pero pocos cumplen”.

Pero de las tres razones, quizás la que más cuestiona López es el abuso de la medida de privación de la libertad. Explica que, a pesar de que la recomendación es que el encierro sea el último recurso y solo para delitos graves, en Colombia ocurre todo lo contrario. La ley contempla la privación de la libertad de menores en caso de homicidio, secuestro, extorsión y delitos sexuales, casi el 80% de los que hoy están detenidos pagan sanciones por hurto y droga, donde el verdadero responsable es un adulto.

A esta situación se le atribuye el que hoy haya hacinamiento en los centros de reclusión para adolescentes. En los últimos cinco años, la cantidad de detenidos pasó de 4.000 en 2007 a casi 30.000 este año. Para completar el panorama, todos los menores retenidos los están mezclando en un mismo espacio, cuando la recomendación es separarlos de acuerdo con sus perfiles, sus sentencias y edades. Esto, debido a que hay jóvenes que después de los 18 años continúan internos hasta que cumplen 21 años, y al mezclarlos con menores de 14 y 15 años, se entorpecen los procesos de socialización.

“La tendencia de los jueces genera un efecto de ‘bomba de tiempo’, ya que al incrementar la población privada de la libertad, se genera que en los centros prime la hostilidad, que sumada a la deficiencias en los procesos de atención, se convierten en la causa de episodios como la fuga que se registró recientemente en Cali”, insiste el experto. López asegura que no es necesaria la privación total de la libertad. En Colombia existen programas de libertad asistida como el proyecto de La Granja, en Pie de Cuesta (Santander), donde hay 40 menores infractores que están terminando una medida privativa de la libertad, pero que “tienen atenciones especiales: van a la universidad, salen todos los días y no hay evasiones. El modelo funciona”.

Frente a este panorama, Miguel Alvarez-Correa, coordinador del observatorio del sistema penal acusatorio y de responsabilidad penal para adolescentes de la Procuraduría, asegura que otra cara del problema es que en el país no existe un sistema de formación integral para prevenir el delito. “¿Qué hacer para que no reincidan los jóvenes? los mecanismos de prevención son insuficientes. Después de la sanción debería existir un acompañamiento. El objetivo no es si el muchacho cumplió o no la pena, lo importante es que no reincida”.

No es solo Colombia

Atilio Álvarez, defensor público de menores en Argentina, explicó que la preocupación y la situación que hoy vive Colombia es algo que se está viviendo en casi toda América Latina. Debido a las nuevas leyes, se ha registrado un incremento de la población privada de la libertad, sobrepasando la capacidad de los centros. Estos solo están preparados para atender a determinado número y cuando esta cifra se sobrepasa, las relaciones internas cambian.

Esta situación empeora cuando se comienza a alojar a jóvenes sin importar la gravedad del delito y la edad. “No hay peor error que mandar a un chico que apenas está dando sus primero pasos en el delito a convivir con otros que ya son jefes del delito. En gran parte de América Latina se comete este error. Al chico hay que alejarlo del delito y no empujarlo a él. Las primeras transgresiones de los chicos no tienen que tener como respuesta la privación de libertad, ni siquiera por un corto lapso de tiempo, ya que con esto lo marcamos para el delito”

De acuerdo con el defensor, los problemas con los menores infractores son un tema muy serio en México y Venezuela, donde los índices de delito son altísimos. De igual forma, estos mismos índices están volviendo a aumentar en Brasil, Argentina y, finalmente, en Chile, que es uno de los países con la tasa de encarcelamiento de menores más alta del mundo, después de EEUU, China y Rusia.

“Por desconocimiento, la población y las entidades encargadas de aplicar los esquemas para resocializar a los menores de edad lo están haciendo mal. La idea es hacerlo de la forma que menos afecte a los jóvenes, para así poder generar una efectiva rehabilitación y reintegración en la sociedad. El problema no está en el joven que comete el delito, sino en el contexto en el que lo desarrolla. De nada sirve encerrarlos si los adultos que los llevan a delinquir siguen libres”, concluyó Atilio Álvarez.

Sistema penal de adolescentes, en crisis

La crisis del Sistema penal de adolescentes en el país se comprueba con las cifras. De acuerdo con Camilo Domínguez, director de Protección del ICBF, la cantidad de jóvenes que ingresan al sistema ha crecido de manera elevada en los últimos cuatro años. Por ejemplo, mientras en 2007 se registraron 4.018 ingresos, para el 2012 esa cifra aumentó a 29.547. Según el funcionario, el principal motivo de ingreso de estos jóvenes al sistema es por delitos como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (31%), seguido por hurto simple (30%) y hurto calificado (12%).

Según un informe del observatorio del sistema penal acusatorio y de responsabilidad penal para adolescentes de la Procuraduría, el 15% de los que delinquien lo hace por supervivencia; el 16%, por dinero; el 15%, para conseguir sustancias psicoactivas; el 9%, por venganza; el 25%, por varios motivos. Además, una alta proporción de los jóvenes que cometen delitos son de estratos bajos.

La Arenosa huele a caño

Mon, 20 May 2013 02:00:00 GMT

Casi ocho años han transcurrido desde que la Alcaldía de Barranquilla y la empresa de acueducto Triple A S.A. E.S.P. empezaron a trabajar en un proyecto para descontaminar de aguas residuales los caños de la cuenca oriental de esta ciudad (Ahuyama, del Mercado, de las Compañías, los Tramposos, Arriba y Agromar). El plan de saneamiento, que consta de nueve obras de infraestructura (actuaciones), debió comenzar operaciones en noviembre de 2011. Es decir, presenta un retraso de 18 meses.

Ese año, el entonces gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que casi todo estaba hecho. El retraso de su puesta en marcha les ha costado a los barranquilleros cerca de $6.000 millones, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR). Peor aún: la no eliminación de las descargas a los arroyos y las vías públicas impide mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias y de salud de la población.

El órgano de control señala que en el proyecto 30420 de 2005, “Plan de saneamiento de los caños de la cuenca oriental de Barranquilla”, hubo un reajuste a las cantidades de obras y diseños, y “dichos cambios variaron el valor del contrato. Pasó de $71.554’000.000 a $77.364’697.068”.

De igual forma se explica que los recursos adicionales son aportados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

Según José Pianeta, ingeniero interventor de Triple A, el plan de saneamiento no ha entrado en funcionamiento porque se han presentado innumerables contingencias: “Un proyecto de estos es de muchísima envergadura. El suelo no es el adecuado. Hay épocas de invierno y en algunos casos la compra de los predios retrasó el proyecto”.

Otro informe de auditoría de la CGR, de diciembre de 2010, señala que el proyecto fue contratado en su totalidad por la empresa de acueducto Triple A. Y encontró un detalle que llama la atención: “Además de actuar como contratante a nombre del Distrito de Barranquilla, según el convenio 112 de 2005, esa firma ostenta la calidad de interventor, papel que debe estar en cabeza de una persona independiente de la entidad contratante y del contratista”, como lo exige el artículo 32, numeral 1º, de la Ley 80 de 1993.

“Eso no fue una figura que nos inventamos. El documento Conpes 3351 de 2005, que es la madre del proyecto, consigna esa figura. Estamos acogidos a la Ley 142”, puntualizó Pianeta.

Y aunque revisando el documento mencionado se confirma lo dicho por Pianeta, el abogado Rafael Nieto, catedrático de la Universidad del Atlántico y candidato a magíster en derecho administrativo, sostiene que es ilegal que una misma empresa, que maneja recursos del Estado para ejecutar una obra, sea contratante y a la vez interventor. “La interventoría garantiza que las condiciones técnicas de una obra sean tal cual como dicen los pliegos y obliga al contratista o al ejecutor del proyecto a que inicie un control de calidad en ese proceso de construcción”.

Triple A, según se desprende de una investigación de la CGR, ha incumplido la interventoría. En la vigencia 2009-2011, dice, “no se realizaron informes de evaluación, control y seguimiento al desarrollo del proceso de interventoría ni tampoco se efectuó supervisión sobre el cronograma y avance de las obras”.

Pese al informe oficial, Gonzalo Baute, gerente del Foro Hídrico (supervisor del proyecto), asegura que sí se ha hecho seguimiento a la obra y recordó que el Fondo de Restauración e Inversiones Hídricas está facilitando los procesos.

Si una empresa es al mismo tiempo contratante e interventor de un proyecto, ¿cómo se podrá evitar que en la ejecución de la obra se cometan errores, haya corrupción, se utilicen materiales de muy baja calidad para ahorrar dinero o, simplemente, falte objetividad en los informes de interventoría?

La CGR encontró que se realizaron pagos por $1.254 millones para cancelar impuestos y otros conceptos. “Recursos del anticipo que no corresponden a inversiones establecidas y aprobadas por la interventoría en el plan de inversión del anticipo”, dice el órgano de control.

Aunque en un principio Triple A se comprometió a aportar el documento en el que da respuesta a la CGR sobre los hallazgos antes mencionados, El Espectador nunca pudo conocer tal informe. Sistemáticamente, funcionarios de esa firma se negaron a entregarlo.

Por si hay dudas en cuanto a la responsabilidad de Triple A en el retraso de las obras, quedan disipadas al escuchar al gerente de Edubar (entidad encargada de comprar los terrenos en donde se construyen las nueve actuaciones del sistema), Ramón Vides, quien asegura que aunque no fue fácil adquirir los predios esa no es la principal causa que ha atrasado las obras. “Nosotros en varias oportunidades dejamos listo el espacio para que allí se empezara a construir, pero Triple A —en ocasiones— se demoró en hacerlo y decenas de personas invadían de nuevo el terreno. En una oportunidad se tardaron cerca de dos años en poner la primera piedra”.

El ingeniero Pianeta asegura que las actuaciones 3, 4, 5 y 6 serán entregadas este mes, y el resto, es decir, las que corresponden a los números 1, 2, 7, 8 y 9, a finales de junio o principios de julio. Unión Temporal Cuenca Oriental 2006 es la firma contratista del plan de saneamiento de los caños.

¿Será que por fin arranca el sistema?

Hace más de un año José Pianeta, ingeniero interventor de Triple A, aseguró que sólo faltaba terminar las actuaciones 8 y 9; sin embargo, sólo dentro de un mes podrán ser entregadas éstas y otras tres. Más de 900.000 personas se beneficiarían con este proyecto que es financiado con recursos del Distrito de Barranquilla, la CRA y aportes de la Nación a través del Fondo Nacional de Regalías y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El plan de saneamiento lleva ejecutándose casi ocho años y le ha costado al país y a Barranquilla cerca de $90.000 millones, incluyendo las inversiones que se hicieron en la compra de los predios.

Emergencia ambiental en Putumayo tras atentado contra oleoducto

Sun, 19 May 2013 22:07:15 GMT

En la mañana de este domingo se registró un nuevo atentado en contra del oleoducto San Miguel ubicado en la vereda El Luzón, municipio de Orito, departamento de Putumayo.

Las autoridades adelantan una serie de acciones con el fin de evitar que el crudo se siga expandiendo por la quebrada Luzón, afluente del río Putumayo.

En el atentado, adjudicado a las Farc, resultó un campesino quien resultó afectado con quemaduras tras el incendio, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico cercano.

Esta situación generó además que Ecopetrol suspendiera el bombeo "por esta línea de transporte e informó a la Corporación Autónoma Regional de Putumayo, Corpoamazonia, así como al Comité Local para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Orito para que en un trabajo coordinado puedan restablecer la normalidad en la zona''.

A finales del 2013 las cárceles contarán con 26.000 nuevos cupos

Sat, 18 May 2013 20:54:15 GMT

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa aseguró que a finales de este año todas las cárceles del país contarán con 26 nuevos cupos con el fin de solucionar el hacinamiento carcelario que se registra en estos centros de reclusión.

La jefe de la cartera de Justicia manifestó que para esto se invertirán 248 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura carcelaria.

“Todo ese dinero será invertido este año en la construcción de nuevos cupos y en mantenimiento de los centros de reclusión”, precisó Correa al indicar que esto hace parte del proyecto de los 12 pasos que busca un sistema penitenciario y carcelario más racional y humanizado.

“No podemos cerrar los ojos a la existencia de una sobre población. Por eso arrancamos con la ampliación de las colonias penitenciarias en el que el papel de la resocialización puede ser cumplido adecuadamente y donde podremos llevar población de mediana y mínima seguridad”, aseguró.

En este sentido indicó que con estas obras se busca la ampliación de las colonias carcelarias en los próximos meses con la ayuda del Ministerio de Defensa a través de sus ingenieros militares nos están ayudando en la construcción de estos espacios”.

Se espera que a mediados de junio se entreguen los primeros 2.000 nuevos cupos en la cárcel de Guaduas, después de que se tuvieran que hacer modificaciones y correcciones a la obra que presentaba “falencias particularmente en el suelo”.

Igualmente indicó que se adelanta el proceso para la construcción por readecuación de 7.000 nuevos cupos carcelarios en los establecimientos aptos para estas obras, “y de 11.000 cupos más en obras que requieren tumbar la infraestructura actual por su estado de obsolescencia y la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en el mismo sitio”.

Preocupante situación para líderes de tierras

Sat, 18 May 2013 17:27:44 GMT

Cinco miembros de una familia serían los responsables del asesinato del líder de restitución de tierras Jairo Mejía Martínez el 16 de junio de 2012. Al parecer, el clan familiar habría contratado a un grupo de sicarios para que fueran hasta la finca que Mejía administraba en el corregimiento de Guateque, Montería (Córdoba), lugar en el que fue acribillado.

Miembros de la Dijín capturaron este miércoles 15 de mayo a Abel Antonio Cerpas Hernández, Pedro Manuel Cerpas Acuña, Abel Segundo Cerpas Acuña, Never Enrique Cerpas Acuña y Jaison José Cerpas Acuña porque serían los actores intelectuales del crimen. La Fiscalía, por su parte, les imputó cargos por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas por el crimen del líder campesino.

La historia entre el clan familiar y Jairo Mejía inició en 2010, cuando los Cerpas Acuña se apropiaron del terreno de ocho hectáreas de la finca Aguaviva –vereda Tierra Grata, del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar) – que pertenecía al líder. Estas tierras fueron abandonadas por Mejía Martínez y su familia después de que sufriera un atentado y fueran desplazados forzosamente.

Según los registros Incoder seccional Córdoba, estas tierras eran las que Mejía estaba reclamando suyas y que fueron despojadas ilegalmente por la familia Cerpas Acuña. Además, la víctima era un reconocido líder de un grupo de campesinos que adelantaban procesos de restitución de tierras en los Montes de María –departamentos de Sucre y Bolívar– que fueron arrebatadas por grupos paramilitares.

Con base en las declaraciones de uno de los sicarios, Edwin Enrique Fernández León, alias ‘Bola de Cambio’, la Unidad Nacional contra Bandas Emergentes (Bacrim) concluyó que los Cerpas Acuña pagaron $5.000.000 por el asesinato de Mejía para evitar de cualquier forma que les quitara las tierras de la finca Aguaviva. Los cinco miembros de la familia Cerpas fueron enviados a la cárcel del Ternera (Cartagena) como medida de detención preventiva.

La historia de Jairo Mejía y su familia ha estado marcada por la guerra. Según la Fiscalía la víctima había sido desplazada en 1999 a causa de la guerra que libraban paramilitares y guerrilleros en el departamento de Córdoba. Sin embargo, regresaron a su hogar seis meses después, momento en que inició su pelea contra los Cerpas Acuña que querían arrebatarle su finca. En agosto de 2011 Mejía fue objeto de un atentado: la Fiscalía cree que desde entonces los Cerpas estaban buscando hacerse a las tierras de Mejía a través de la violencia.

Continúan las amenazas

Este viernes 17 de mayo, la Defensoría del Pueblo denunció que miembros de la junta directiva de la Asociación de Campesinos de la vereda Mandatú, zona baja del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), fueron amenazados a través de panfletos. El mensaje hace referencia a que los van asesinar porque supuestamente son colaboradores del frente 37 de las Farc.

“Queridos campesinos de Mandatú, no queremos más reuniones porque ustedes lo que están conformando es una revolución. Queremos la renuncia de todos los integrantes de la directiva, en especial la del señor presidente, porque o si no que se atenga a las consecuencias. En dicha asociación sabemos que existen personas que fueron colaboradores de las Farc frente 37”, es lo que se lee en el panfleto.

Estas amenazas se suman a las 22 denuncias que registró el Programa Somos Defensores, formado por organizaciones no gubernamentales. Esta misma organización alertó que en lo que va corrido de 2013 se han presentado 15 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. Asimismo, manifestó que los ataques contra líderes campesinos se han agudizado por la implementación de la ley de víctimas y la ley de restitución de tierras.

Otro de los sectores que se ha visto perseguido por las amenazas de estos grupos es la justicia. El pasado 22 de marzo 54 jueces y magistrados especializados en restitución de tierras le solicitaron al presidente Juan Manuel Santos a través de una carta que el Gobierno les brindara esquemas de protección. Asimismo, el periodismo no ha sido ajeno a las amenazas y ocho periodistas de Valledupar (Cesar) recibieron un panfleto de un grupo que se hacía llamar “Ejército anti-restitución de tierras” en el que les decían que iban atentar contra sus vidas por ser ‘sapos’ y meterse en temas que no les incumbían.

Cali inaugura túnel, Bulevar del Río y plazoleta Jairo Varela

Fri, 17 May 2013 19:55:24 GMT